La Constitución Española

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 15/12/2020

La Constitución es la norma suprema, de aplicación directa por parte de los jueces y tribunales, que velarán, junto con el Tribunal Constitucional, por la adecuación a la misma del resto de las normas que componen el ordenamiento jurídico, tanto respecto de su literalidad, como respecto de los principios que la informan. Esta teoría se recoge en La LOPJ, de manera concreta, en su artículo 5 apartado 1.

A mayor abundamiento, la sujeción a la Constitución por parte de los ciudadanos y poderes públicos se determinada de manera expresa en su artículo 9, apartado 1, que fija: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

La Constitución española en el ordenamiento jurídico

La importancia de la Constitución emana de su posición de superioridad en la escala jerárquica del ordenamiento jurídico. Por ese motivo, vincula y somete a su estricto cumplimiento tanto a poderes públicos como a ciudadanos, conforme a su artículo 9.

Es la norma suprema, tal y como se desprende, de algún modo, del referido artículo 9, apartado 1, de la CE: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Más explícito es el artículo 5, apartado 1, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que establece: «La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».

En base a lo anterior, la Constitución, como fuente del derecho, se caracteriza por:

  • Su supremacía normativa. Esta, a su vez, se integra de:
    • Superlegalidad formal: la Constitución se aprobó como cuerpo legal inquebrantable y con intenciones de que fuese vigente a lo largo del tiempo. Para ello, su reforma se enmascara bajo un sistema reforzado, para la cual hace una distinción especial según la parte que se pretendiese reformar. Así, podemos hablar de reforma esencial cuando se trate de una reforma total de la Constitución o una parcial que afecte al título preliminar o al título I o II reguladores de los derechos fundamentales y libertades públicas y la institución de la Corona. Por tanto, será reforma no esencial la que atañe a cualquier otro título o parte que no sean las mencionadas.
    • Superlegalidad material: la supremacía de la Constitución se garantiza a través del recurso de Inconstitucionalidad que será resuelto por el Tribunal Constitucional. 
  • Su eficacia directa a todos los poderes públicos y ciudadanos. En concreto:
    • La aplicación directa (y posibilidad de invocación por parte de los ciudadanos) de los derechos fundamentales, en base a lo dispuesto en el artículo 53 los apartados 1 y 2  de la Constitución española que establece: «Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (...)».
    • La aplicación directa de su parte orgánica.
    • La aplicación directa de su disposición derogatoria en cuanto establece que «quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido» en ella.

A TENER EN CUENTA. Tendrá legitimación para formular recurso de amparo, el perjudicado, o sus herederos, cuando fuere el caso. Entre otras, sentencia del Tribunal Constitucional n.º 127/2017, de 13 de noviembre. 

  • Se configura como un elemento básico de interpretación del resto de las normas que forman parte del ordenamiento jurídico. Se entiende la CE como punto de referencia, directriz, en la interpretación del resto de normas. Serán los tribunales los que, tras valorar la norma, consideren si es ajustada a la Constitución o no, es decir, si podría declararse su inconstitucionalidad. Se habla en ocasiones que el Tribunal Constitucional actúa como un legislador negativo, al ser este el único que tiene potestad para declarar la inconstitucionalidad de leyes o preceptos.

Respecto a la interpretación de las leyes y la formalización de la cuestión de inconstitucionalidad, establece la Constitución Española y la Ley Orgánica del Poder Judicial que:

    • En términos generales, el artículo 5, apartado 3 de la LOPJ, dicta: «Procederá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional».
    • Si la norma tiene fuerza de ley, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 163 de la CE: «Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos».
    • En el caso de que la norma carezca de fuerza de ley, será de aplicación el artículo 6 de la LOPJ, que dispone: «Los Jueces y Tribunales no aplicaran los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa».

Respecto del conflicto entre las leyes y los principios informadores de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha fijado, como en sentencia del Tribunal Constitucional n.º 4/1981, de 2 de febrero:

«Pues bien, entendemos que los principios generales del Derecho incluidos en la Constitución tienen carácter informador de todo el Ordenamiento jurídico como afirma el apartado 4 del art. 1 del Título Preliminar del Código Civil que debe así ser interpretado de acuerdo con los mismos. Pero es también claro que allí donde la oposición entre las Leyes anteriores y los principios generales plasmados en la Constitución sea irreductible, tales principios, en cuanto forman parte de la Constitución, participan de la fuerza derogatoria de la misma, como no puede ser de otro modo. El hecho de que nuestra norma fundamental prevea, en su art. 53.2, un sistema especial de tutela de las libertades y derechos reconocidos entre otros en el art. 14 que se refiere al principio de igualdad, no es sino una confirmación de carácter específico del valor aplicativo y no meramente programático de los principios generales plasmados en la Constitución. En conclusión, en los supuestos en que exista una incompatibilidad entre los preceptos impugnados y los principios plasmados en la Constitución, procederá declararlos inconstitucionales y derogados, por ser opuestos a la misma».

 

 

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