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Contratas y subcontratas de obras o servicios

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Supuesto en el que un empresario contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad sujeta a los requisitos de información y responsabilidad solidaria establecidos en el Art. 42 ,ET.

Contratas y subcontratas

Por contrata entendemos la relación contractual (arrendamiento de obra o de servicios por lo general) que se concierta entre una empresa principal  y empresa auxiliar (o contratista) por la que la segunda se compromete a realizar para la primera determinadas obras o servicios aportando para ello sus propios trabajadores. En este concepto hemos de entender incluidas las concesiones administrativas en las que la empresa principal es una Administración Pública (1).

A pesar de la plena licitud de las contratas y subcontratas el ordenamiento juríco español ha previsto una serie de medidas y cautelas para evitar fraudes y garantizar los derechos de los trabajadores y de la Seguridad Social. En concreto, el Art. 42 ,Estatuto de los Trabajadores establece las obligaciones de los empresarios en dos apartados, uno antes de acordar la contrata (apdo. 1, Art. 42 ,ET) y otro después (apdo. 2, Art. 42 ,ET).

Los empresarios (2) antes de contratar o subcontratar con otros la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad (3) y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo (4) están obligados a comprobar que dichos contratistas estuviesen al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Para ello debe solicitar certificación negativa por descubiertos en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de treinta días improrrogables. Transcurrido este plazo, quedará exento de responsabilidad el empresario solicitante.

Terminada la contrata o subcontrata el empresario principal, (salvo transcurso del plazo citado anteriormente) durante el año siguiente a la terminación de la relación laboral, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata. Concretando lo anteriro, los Tribunales han establecido el plazo de un año desde la terminación de la contrata y los salarios devengados durante la vigencia de la misma como límite para la responsabilidad solidaria en materia salarial del contratista principal con el subcontratista. Ver sentencias TSJ Galicia, de 21/07/2004, TSJ Canarias, de 16/02/2000, TS, Sala de lo Social, de 27/06/2008, Rec. 4773/2006 y TSJ Navarra, de 29/04/2002

No habrá responsabilidad subsidiaria por los actos del contratista cuando la actividad contratada se refiera únicamente a la construcción o reparación contratada por un cabeza de familia respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no contrate su ejecución por razón de una actividad empresarial. Ver sentencia TSJ Cataluña, de 14/02/2000

Normativa aplicable.

(1) Sentencia TS, Sala de lo Social, de 03/03/1997, Rec. 1002/1996. Una interpretación del Art. 42 ,ET, conforme a su espíritu y finalidad, permite extender el concepto "contratas o subcontratas" celebrados por el empresario y terceros respecto a la realización de obras y servicios de los primeros, a la noción de "concesión administrativa" ya que, de una parte, la generalidad de los términos "contratas o subcontratas" no permiten su aplicación exclusiva a los negocios jurídicos privados, y, de otra, parece más adecuado a los fines de la Administración que la misma, a través de la figura de la concesión, pueda encomendar a un tercero la gestión directa de servicios propios, sin que ello afecte a las garantías solidarias entre el ente público, dueño de la obra o servicio cedido, y la entidad que organiza su propia actividad y medios personales y materiales para el cumplimiento de la prestación concedida.

(2) El término empresario, incluido el Art. 42 ,ET, debe equipararse al de empleador, y no limitarse, restrictivamente, al titular de una organización económica específica, que proyecte la existencia de una empresa en sentido económico o mercantil, sin que sea obstáculo a esta conclusión que el repetido Art. 42 ,ET, in fine, haga mención a "su realización por razón de una actividad empresarial", en cuanto ha de entenderse que esta actividad busca apoyo en una aportación de trabajo bajo el régimen de laboralidad.

(3) Propia actividad, la doctrina mantiene dos posturas diferenciadas al respecto: La coincidencia con el ciclo productivo.......... Cuando se contratan servicios que son necesarios pero que no coinciden con el ciclo productivo de la empresa en cuestión, estaríamos ante la propia actividad (limpieza o seguridad en una obra). 

(4)Propios centros de trabajo, igualmente nos encontramos con distintas definiciones: Estatuto de los Trabajadores (apdo. 5, Art. 1 ,ET).......... Unidad productiva con organización específica que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad laboral.// Directiva Marco 89/391 de la Comunidad Europea (art. 6.4) Y Convenio 155 de la O.IT. (art. 17)..........Espacio físico que rodea la prestación de trabajo. Ver sentencia TSJ Castilla y Leon, de 02/11/1999

 

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