El contrato de compraventa a plazos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
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Las ventas a plazos han venido beneficiando tanto a compradores, facilitándoles la adquisición  de bienes muebles que de otra forma no podrían adquirir, como a empresas,  que ven incrementados sus clientes y, por lo tanto, su producción. El régimen jurídico de la compraventa a plazos la encontramos en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

El objeto de la mencionada Ley es, en primer lugar, la regulación de los contrato de venta a plazos de bienes muebles corporales no consumibles e identificables, en segundo lugar, también de los contratos de préstamo destinados a facilitar su adquisición y en tercer lugar, de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos.

Para la Ley 28/1998 de 13 de Jul (Venta a Plazos de Bienes Muebles) de venta a plazos de bienes muebles, son bienes identificables todos aquellos en los que conste marca y número de serie o fabricación de forma indeleble o inseparable en una o varias de sus partes fundamentales, o que tengan alguna característica distintiva que excluya razonablemente su confusión con otros bienes.

Los contratos sometidos a la Ley 28/1998 de 13 de Jul (Venta a Plazos de Bienes Muebles)  que también se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2011 de 24 de Jun (Contratos de crédito al consumo), de contratos de crédito al consumo se regirán por ésta última y se aplicará la primera de forma supletoria. La Ley de venta a plazos de bienes muebles, tiene por objeto no solo la regulación de los contratos de ventas a plazos de bienes muebles, sino que también tiene por objeto la venta de lo préstamos destinados a facilitar su adquisición y de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de ellos.

Pero, cuando el comprador tenga la consideración de consumidor habrá de tenerse en cuenta, a los efectos del contrato de préstamo, lo establecido por la Ley 16/2011 de 24 de Jun (Contratos de crédito al consumo) de contratos de créditos al consumo, siendo supletoria la Ley 28/1998, de 13 de Julio,  de aquélla.

La Ley de venta a plazos de bienes muebles tiene carácter, además, imperativo, en cuanto que su Art. 14 , declara que se tendrán por no puestos los pactos, las cláusulas y condiciones de los contratos regulados por ella misma que fuesen contrarios a sus preceptos o se dirijan a eludir su cumplimiento, puesto que serían ineficaces.

Lo que debemos entender por contrato de venta a plazos de bienes muebles viene regulado en el Art. 3 ,de venta a plazos de bienes muebles, la que los define como los contratos mediante los cuales una de las partes entrega a la otra una cosa mueble corporal y ésta se obliga a pagar por ella un precio cierto de forma total o parcialmente aplazada en el tiempo superior a tres meses desde la perfección del contrato.

En todo caso, quedarán excluidas del ámbito de la Ley las compraventas a las que se refiere el Art. 5 :

  • Las compraventas a plazos de bienes muebles que, con o sin ulterior transformación o manipulación, se destinen a la reventa al público y los préstamos cuya finalidad sea financiar tales operaciones.
  • Las ventas y préstamos ocasionales efectuados sin finalidad de lucro.
  • Los préstamos y ventas garantizados con hipoteca o prenda sin desplazamiento sobre los bienes objeto del contrato.
  • Aquellos contratos de venta a plazos o préstamos para su financiación cuya cuantía sea inferior a la que se determine reglamentariamente.
  • Los contratos de arrendamiento financiero.

De la definición legal aportada, debemos sacar los siguientes notas caracterizadoras de la compraventa mercantil a plazos de bienes muebles:

1.- Es un contrato real, ya que es imprescindible la entrega de la cosa vendida.

2.- Para la validez del contrato es necesario que conste por escrito. Asimismo, puede ocurrir que sea necesaria la inscripción en el Registro de Bienes Muebles, con objeto de publicidad registral.

3.- La Ley exige, independientemente de los pactos y cláusulas que las partes puedan estipular a expensas de su voluntad, que el documento contractual contenga unas menciones obligatorias que se detallan en el Art. 7 .

En caso de que no incluirse (o se hiciere de manera inexacta), las consecuencias de ello derivadas serían las contenidas en el Art. 8 .

Las cláusulas obligatorias a las que se refiere el Art. 7 son:

  • Lugar y fecha del contrato.
  • El nombre, apellidos, razón social y domicilio de las partes y, en los contratos de financiación, el nombre o razón social del financiador y su domicilio. Se hará constar también el número o código de identificación fiscal de los intervinientes.
  • La descripción del objeto vendido, con las características necesarias para facilitar su identificación.
  • El precio de venta al contado, el importe del desembolso inicial cuando exista, la parte que se aplaza y, en su caso, la parte financiada por un tercero. En los contratos de financiación constará el capital del préstamo.
  • Cuando se trate de operaciones con interés, fijo o variable, una relación del importe, el número y la periodicidad o las fechas de los pagos que debe realizar el comprador para el reembolso de los plazos o del crédito y el pago de los intereses y los demás gastos, así como el importe total de estos pagos cuando sea posible.
  • El tipo de interés nominal. En el supuesto de operaciones concertadas a interés variable se establecerá la fórmula para la determinación de aquél.
  • La relación de elementos que componen el coste total del crédito, con excepción de los relativos al incumplimiento de las obligaciones contractuales, especificando cuáles se integran en el cálculo de la tasa anual equivalente.
  • Cuando se pacte, la cesión que de sus derechos frente al comprador realice el vendedor, subrogando a un tercer, y el nombre o razón social y domicilio de éste; o la reserva de la facultad de ceder a favor de persona aún no determinada, cuando así se pacte.
  • La cláusula de reserva de dominio, si así se pactara, así como el derecho de cesión de la misma o cualquier otra garantía de las previstas y reguladas en el ordenamiento jurídico.
  • La prohibición de enajenar o de realizar cualquier otro acto de disposición en tanto no se haya pagado la totalidad del precio o reembolsado el préstamo, sin la autorización por escrito del vendedor o, en su caso, del financiador.
  • El lugar establecido por las partes a efectos de notificaciones, requerimientos y emplazamientos. Si no se consignara, las notificaciones, requerimientos y emplazamientos se efectuarán en el domicilio propio de cada obligado. También se hará constar un domicilio donde se verificará el pago.
  • La tasación del bien para que sirva de tipo, en su caso, a la subasta. También podrá fijarse una tabla o índice referencial que permita calcular el valor del bien a efectos de lo señalado en el Art. 7
  • La facultad de desistimiento contenida en el Art. 9

Como se dijo, las consecuencias de no contener estas cláusulas, están recogidas en el Art. 8, que dispone que la omisión de alguna de las circunstancias imperativas señaladas en los número 4 y 5 del Art. 7 que no fuere imputable a la voluntad del comprador o prestatario, reducirá la obligación de éstos a pagar exclusivamente el importe del precio al contado o el nominal del crédito, con derecho a satisfacerlo en los plazos convenidos, exento de todo recargo por cualquier concepto.

En el caso de omisión o inexactitud de los plazos, dicho pago no podrá ser exigido al comprador antes de la finalización del contrato.

La omisión de las circunstancias señaladas en los número 6 y 7 del Art. 7 reducirá la obligación del comprador a abonar el interés legal en los plazos convenidos.

La omisión de la relación a que se refiere el número 8 del citado artículo determinará que no será exigible al comprador el abono de los gastos no citados en el contrato, ni la constitución o renovación de garantía alguna.

En el caso de que los contenidos a que se refieren los dos párrafos anteriores sean inexactos, se modularán, en función del perjuicio que debido a tal inexactitud sufra el comprador, las consecuencias previstas para su omisión.

La omisión o expresión inexacta de las demás circunstancias artículo7, podrá reducir la obligación del comprador a pagar exclusivamente el importe del precio al contado o, en su caso, del nominal del préstamo. Esta reducción deberá ser acordada por el Juez si el comprador justifica que no ha sido perjudicado.

4.- El comprador podrá desistir del contrato dentro de los siete días siguientes a la entrega del bien. En este supuesto deberá comunicarlo de forma fehaciente al vendedor y siempre que se cumplan los requisitos contenidos en el que Art. 9, son:

  • No haber usado del bien vendido más que a efectos de simple examen o prueba.
  • Devolverlo, dentro del plazo señalado anteriormente, en el lugar, forma y estado en que lo recibió y libre de todo gasto para el vendedor. El deterioro de los embalajes, cuando fuese necesario para acceder al bien, no impedirá su devolución.
  • Proceder, cuando así se haya pactado, a indemnizar al vendedor en la forma establecida contractualmente, por la eventual depreciación comercial del bien. Dicha indemnización no podrá ser superior a la quinta parte del precio de venta al contado. A este fin habrá de aplicarse el desembolso inicial si existiera.
  • Reintegrar el préstamo concedido en virtud de alguno de los contratos regulados en el Art. 4 apartado 3 en los términos acordados en los mismos para el caso de desistimiento.

El derecho de desistimiento se considera irrenunciable, no obstante, en algún caso, como en el de adquisición de vehículos de motor susceptibles de matriculación, podrá excluirse en el contrato ( apartados 2 y 4 del Art. 9 ). Asimismo, la Ley establece que en cualquier momento de vigencia del contrato el comprador podrá pagar anticipadamente, de forma total o parcial, el precio pendiente de pago (o reembolsar anticipadamente el préstamo obtenido) sin que en ningún caso puedan exigírsele intereses no devengados ( apartado 3 del Art. 9 ).

5.- En la publicidad de venta de bienes a plazos debe hacerse constar el precio de adquisición al contado y el precio total a plazos, y esto es así por lo dispuesto en el Art. 13

Perfección del contrato

El contrato de compraventa a plazos de bienes muebles es un contrato real en el que se exige para su perfección, la entrega de la cosa vendida, sin ser suficiente el solo acuerdo de voluntades. Será suficiente para la perfección del contrato la entrega de la cosa, como se dijo, además del nacimiento de la obligación de la otra parte a pagar un precio. No ocurre como en la legislación anterior en la que se exigía que el primer pago se realizara, ahora es bastante con la asunción del nacimiento de la obligación.

En ocasiones, la perfección del contrato se somete, por imperativo legal, a condición suspensiva, como ocurre en lo regulado en el Art. 6 apartado 2 que dice que la eficacia de los contratos de venta a plazos en los que se establezca expresamente que la operación incluye la obtención de un crédito de financiación, quedará condicionada a la efectiva obtención de este crédito. Asimismo, la Ley declara la nulidad del pacto por el que se obligue al comprador a un pago al contado o a otras fórmulas de pago para el caso de que no se obtenga el crédito de financiación previsto, y que se tendrán por no puestas las cláusulas en las que el vendedor exija que el crédito para su financiación únicamente pueda ser otorgado por un determinado concedente.

La cláusula de reserva de dominio

El pacto de reserva de dominio de la cosa vendida a favor del vendedor es una cláusula tradicional, que se considera como la garantía más frecuente de la que dispone el vendedor para el pago del precio aplazado.

La Ley 28/1998, de 13 de julio, no considera la cláusula de reserva de dominio como un elemento esencial del contrato, sino que simplemente la toma por una cláusula potestativa, que para que opere ha de establecerse expresamente en el contrato y que solo puede ser opuesta a tercero si se ha inscrito en el Registro de Bienes Muebles.

El Art. 15 dispone que para que sean oponibles frente a terceros las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer que se inserte en los contratos sujetos a esta ley, será necesaria su inscripción en el Registro de Bienes Muebles. Para practicar la inscripción no es necesario que consten en los contratos la note administrativa sobre su situación fiscal, ya que a todos los efectos legales se presumirá que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titula en la forma en que se determine en el asiento respectivo. De igual modo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que los contratos inscritos son válidos.

Demora en el pago de los plazos

La Ley prevé que si el comprador demora el pago de dos plazos (o el último de ellos), el vendedor puede optar por exigir el pago de todos los plazos pendientes de abono o la resolución del contrato; así lo dispone el Art. 10 

En el supuesto de que el vendedor opte por exigir judicialmente el pago de todos los plazos que el deudor tenga pendientes, el Juez podrá, con carácter excepcional y siempre por justas causas apreciadas discrecionalmente tales como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios, podrán señalar nuevos plazos o alterar los convenidos, determinando, en su caso, el recargo en el precio por los nuevos aplazamientos de pago ( Art. 11 )

En el supuesto contrario, es decir, en el que el vendedor optase por la resolución del contrato, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas. El vendedor o prestamista tendrá derecho a:

- Al 10% de los plazos vencidos en concepto de indemnización por la tenencia de las cosas por el comprador.

- A una cantidad igual al desembolso inicial, si existiera, por la depreciación comercial del objeto. Cuando no exista el desembolso inicial, o éste sea superior a la quinta parte del precio de venta al contado, la deducción se reducirá a esta última.

Por el deterioro de la cosa vendida, si lo hubiere, podrá exigir el vendedor, además, la indemnización que en derecho proceda.

La venta a plazos vigente ha previsto, otorgando una mayor tutela a los intereses del vendedor y del financiador de la venta, unas normas procesales en su favor para los supuestos de incumplimiento por parte del deudor ( Art. 16 )

Por lo que respecta a las obligaciones de facturación, estaremos a dispuesto en el Real Decreto 1619/2012 de 30 de Nov (Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación) 

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Variabilidad del interés
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Prohibición de enajenar
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Prestatario
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