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Control de la edificación y uso del suelo

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    PRIMERO.-El apelante EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID representado por el LETRADO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID impugna la sentencia dictada por el Juez de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid en el PO. 63/11 que estimó el recurso interpuesto contra resolución dictada por la Coordinadora Gral. del Área de Urbanismo en fecha 21-Enero-2011 (Expte. NUM000 ) que estimó parcialmente el recurso interpuesto contra resolución de fecha 22-Octubre-2008 que acordó iniciar en ejecución sustitu...

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    PRIMEROEl apelante EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID representado por el Letrado del Ayuntamiento, impugna la sentencia dictada por el Juez de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid en el P.O. 276/13 que estimó el recurso interpuesto contra resolución dictada por el Gerente del Distrito de Fuencarral -El Pardo en fecha 28-Septiembre-2012 que ordenó la legalización de las obras realizadas sin licencia en la finca sita en la C/ DIRECCION000 nº NUM000 . El Juez a quo fundamentó la est...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/03/2017

Bajo el rótulo de "Control de la edificación y uso del suelo" se propone el estudio de los siguientes temas de interés:

Bajo la rúbrica de "Control de la edificación y uso del suelo" se propone el estudio, dentro del más amplio rótulo de "Urbanismo y vivienda", de aquellas figuras que de algún modo u otro tienen lugar, desde el punto de vista lógico, en un momento posterior al del planeamiento urbanístico (sea este general o de desarrollo) y al de su ejecución, en el entendimiento de que una de las vocaciones primordiales de esta disciplina es la de favorecer el fenómeno edificatorio, fenómeno que, en sí mismo, o en relación con los usos a los que dé lugar, debe ser controlado por la Administración pública:

Al efecto se abordarán los siguientes puntos dignos de interés:

El punto de partida en esta materia es lo recogido en los apdos. 3, 4 y 5 del Art. 11 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre:

  • Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.

  • Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:

    • Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.

    • Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta.

    • La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.

    • La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del domino público.

  • Cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación previa o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administración a la que se realice la comunicación deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la comunicación previa o declaración responsable el importe de tales perjuicios.
    Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera adoptar en relación con el acto comunicado, deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria y por esta ley.

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