Cuestión de ilegalidad

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 06/02/2017

Según el apartado 1 del Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición. En este caso, y a salvo las excepciones de los apdos. 2 y 3 del Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, deberá seguirse el procedimiento establecido en el Art. 123 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

El punto de partida para la regulación que, con el rótulo de cuestión de ilegalidad, se presenta en el Art. 123 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (englobado en el Título "Procedimientos especiales"), se encuentra en lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio: "Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición (...)". De este modo, y a salvo las excepciones de los apdos. 2 y 3 del Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, ante esa situación, el Juez o Tribunal la planteará mediante auto "dentro de los cinco días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia" (Nótese la formulación imperativa, en la que insiste, además, la jurisprudencia) La cuestión habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. Contra el auto de planteamiento no se dará recurso alguno (apdo. 2 del Art. 123 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Como dispone el apdo. 2 del Art. 123 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, en ese auto se acordará emplazar a las partes para que, en el plazo de quince días, puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestión. Transcurrido este plazo, no se admitirá la personación.

Planteada la cuestión de legalidad, los trámites del procedimiento son los siguientes:

  • Remisión de autos, expediente administrativo y publicación del auto: El Secretario judicial remitirá urgentemente, junto con la certificación del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo y acordará igualmente la publicación del auto de planteamiento de la cuestión en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición cuestionada (Cfr. Art. 124 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

    Personación de las partes: Con el escrito de personación y alegaciones podrá acompañarse la documentación que se estime oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposición cuestionada (Cfr. apdo. 1 del Art. 125 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • Sentencia (Cfr. apdo. 2 y 3 del Art. 125 ,Ley 29/1998, de 13 de julio y Art. 126 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

    • Terminado el plazo de personación y alegaciones, el Secretario judicial declarará concluso el procedimiento. La sentencia se dictará en los diez días siguientes a dicha declaración. No obstante, podrá el Tribunal rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuestión de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales.

    • El plazo para dictar sentencia quedará interrumpido si, para mejor proveer, el Tribunal acordara reclamar el expediente de elaboración de la disposición cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos el Secretario judicial acordará oír a las partes por plazo común de cinco días sobre el expediente o el resultado de la prueba.

    • La sentencia estimará o desestimará parcial o totalmente la cuestión, salvo que faltare algún requisito procesal insubsanable, caso en que la declarará inadmisible.

    • Se aplicará a la cuestión de ilegalidad lo dispuesto para el recurso directo contra disposiciones generales en el apdo. 3 del Art. 33 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, en los Art. 66,Art. 70 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, en la letra a) del apartado 1 del Art. 71 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, en los apdos. 2 de los Art. 71,Art. 72 ,Ley 29/1998, de 13 de julio y en el Art. 73 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

    • Se publicarán también las sentencias firmes que desestimen la cuestión.

    • Firme la sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad, por el Secretario judicial se comunicará al Juez o Tribunal que la planteó.

    • Cuando la cuestión de ilegalidad sea de especial trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos, será objeto de tramitación y resolución preferente.

    • La sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad no afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que planteó aquélla.

Por último, y a modo de colofón, recordar que las diferencias entre la cuestión de legalidad y la cuestión de inconstitucionalidad, en la que la propia Ley 29/1998, de 13 de julio, dice haberse inspirado, no son pocas, y se encuentran, siguiendo en este punto a Rodríguez-Arana, en lo siguiente:

  • la cuestión de constitucionalidad puede ser operada de oficio o a instancia de parte, mientras que la cuestión de ilegalidad, si se dan los presupuestos de la ley, será de obligatorio planteamiento.
  • la cuestión de constitucionalidad tiene sentido cuando existen dudas razonables sobre la adecuación de una norma con rango de ley a la Constitución, mientras que en la cuestión de ilegalidad se trata de verificar la conformidad de una norma reglamentaria al ordenamiento jurídico. 

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Cuestión de ilegalidad
Sentencia firme
Comparecencia en juicio
Recurso directo contra reglamentos
Cuestión de constitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad