Cuestiones incidentales en la ejecución de sentencias en el orden contencioso

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 01/02/2021

Previstas en el artículo 109 de la LJCA.

Cuestiones incidentales en la ejecución de sentencias contencioso-administrativas

Dispone el artículo 109 de la LJCA que:

«1. La Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución y especialmente las siguientes:

a) Órgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones.

b) Plazo máximo para su cumplimiento, en atención a las circunstancias que concurran.

c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.

2. Del escrito planteando la cuestión incidental el Secretario judicial dará traslado a las partes para que, en plazo común que no excederá de veinte días, aleguen lo que estimen procedente.

3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictará auto, en el plazo de diez días, decidiendo la cuestión planteada».

Para el planteamiento de las cuestiones incidentales que reconoce el citado artículo, hay que acudir a los artículos 137 y siguientes de la LJCA que parten de la premisa de que todas las cuestiones incidentales suscitadas durante el proceso se deben sustanciar en pieza separada y no suspenden el curso de los autos.

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 4915/2008, de 18 de noviembre de 2009, ECLI:ES:TS:2009:7444

Los Tribunales han venido marcando una interpretación acerca de las cuestiones incidentales que se contemplan en el artículo 109 de la LJCA así como la diferenciación que ha de apreciarse respecto a la ejecución en el proceso civil.

«En efecto, a diferencia del proceso civil, en que la ejecución se produce siempre a instancia de parte, mediante demanda, nunca de oficio, siendo, por tanto, voluntaria, en el proceso contencioso-administrativo, la ejecución es siempre necesaria, siendo el propio órgano jurisdiccional el que da inicio a la ejecución, mediante la comunicación de la sentencia firme al órgano administrativo, que tiene que proceder a su estricto cumplimiento en el plazo de dos meses establecido en el art. 104.2 de la Ley Jurisdiccional con carácter general, o de tres meses para las condenas de pago de cantidades líquidas, (art. 106 ), sin perjuicio de que, en el fallo de la sentencia, pueda establecerse un plazo distinto cuando resulte justificado.

Es cierto que transcurrido el plazo de ejecución voluntaria, y mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, cualquiera de las partes y personas afectadas puede promover un incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución, como dispone el art. 109.

Ahora bien, de lo anterior no puede deducirse que la ejecución comienza en ese momento, pues durante el plazo de ejecución voluntaria, el Juzgado o Tribunal no se desvincula totalmente de la ejecución de la sentencia, toda vez que lo que la Ley Jurisdiccional veta es que pueda instarse durante tal periodo temporal la ejecución forzosa».

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 2492/2003, de 7 de junio de 2005, ECLI:ES:TS:2005:3614 y, en el mismo sentido, recogiendo la doctrina de la referida resolución, la sentencia del Tribunal Supremo, rec. 5240/2008, de 15 de febrero de 2011, ECLI:ES:TS:2011:748

A mayor abundamiento, respecto a la legitimación para promover incidente, recae en las personas afectadas, es decir, aquellas que se han visto perjudicadas o dañadas a causa del procedimiento y consecuente fallo.

«Y así es, en efecto, pues lo dice con toda claridad el artículo 104.2 de la LJ, a cuyo tenor, "transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en esta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podrá instar su ejecución forzosa". Lo vuelve a decir, con igual claridad, el artículo 109.1 de la LJ, en el que se dispone que "la Administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución ...". Y lo dice nuestra propia jurisprudencia, que ha precisado que para intervenir en el proceso de ejecución como parte activa no es menester que se haya sido parte en el proceso de conocimiento, sino que basta con que se sea titular de un interés legítimo en la ejecución; 

(...)

DÉCIMO.- En el orden lógico que nos propusimos, procede precisar ahora que ha de entenderse por "personas afectadas". Para ello, debe ser punto de partida la observación de que el legislador, o mejor dicho, las normas que hemos de interpretar, constituidas básicamente por los ya citados artículos 72.2, 104.2 y 109.1 de la LJ, emplean un verbo, afectar, cuyo significado en nuestra lengua no es otro, en la acepción que aquí interesa, que el de menoscabar, perjudicar o dañar. Debe serlo, también, la observación de que ninguna de esas normas añaden a la exigencia de que la persona esté afectada algún otro requisito o presupuesto; en concreto, no añaden el requisito o presupuesto de que la persona afectada no hubiera podido ser parte en el proceso declarativo o de conocimiento; y no lo añaden pese a que los dos últimos artículos se refieren a las "personas afectadas" inmediatamente después de referirse a las "partes", lo que inclina a pensar que un requisito o presupuesto como el que acabamos de indicar sí hubiera sido introducido en ellos si en su espíritu estuviera presente la idea de que las personas afectadas lo fueran no todas, sino solo, excepcionalmente, las que no hubieran podido ser parte procesal; conclusión que vemos reforzada al observar que es el artículo 110 de la LJ, referido a la extensión de los efectos de una sentencia que hubiere reconocido una situación jurídica individualizada (precepto reformado recientemente, a través de la Ley Orgánica 19/2003, para atajar la polémica que su inicial redacción había levantado en el extremo, precisamente, de que tal "extensión de efectos" pudiera favorecer a quien "consintió", por no haberlo impugnado, el acto administrativo), el que ha venido a exigir que no concurra tal conducta de pasividad, sin que dicha reforma haya afectado a la redacción de los artículos 104 y 109. Igualmente, debe observarse que el único limite temporal que imponen los preceptos que estamos analizando para que quepa la actuación procesal de las personas afectadas lo es el que menciona el último de estos artículos, esto es, "mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia"; lo cual conduce a entender —y solo en este sentido analizamos aquí la expresión entrecomillada— que la actuación procesal de las personas afectadas cabe aunque ya antes se hubiera iniciado, sin su presencia, la fase de ejecución de la sentencia. Y debe observarse, finalmente, que el espíritu que animó al legislador de 1998 cuando redactó las normas reguladoras de la ejecución de sentencias en este orden jurisdiccional contencioso-administrativo no fue uno que pida interpretaciones restrictivas de esas normas, sino uno favorable, al menos, a su interpretación declarativa, esto es, a una interpretación que les otorgue un significado no menor que el propio de las palabras con que se expresan; buena prueba de ello es el inicio y final del párrafo primero del punto 3 del apartado VI de la exposición de motivos de la LJ, en donde se lee lo siguiente: "La Ley ha realizado un importante esfuerzo para incrementar las garantías de ejecución de las sentencias ... La negativa, expresa o implícita, a cumplir una resolución judicial constituye un atentado a la Constitución frente al que no caben excusas".

Matizando desde otra perspectiva, cabe añadir que la restricción reconocida en nuestro ordenamiento jurídico para que una "persona afectada" deba ser tenida como tal es la que deriva de las normas contenidas en los números 1 y 2 del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es: de la que exige que en todo tipo de procedimiento se respeten las reglas de la buena fe (número 1); y de la que ordena a los Juzgados y Tribunales que rechacen fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal (número 2)».

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 6980/2010, de 7 de octubre de 2013, ECLI:ES:TS:2013:5351 que se remite a la citada STS, rec. 2492/2003, de 7 de junio de 2005, ECLI:ES:TS:2005:3614

«Los dos tipos de razonamientos que utiliza para llegar a esa conclusión son conformes a Derecho ya que aceptar la personación controvertida, por una parte, no vulnera el artículo 72 de la Ley de la Jurisdicción y, por la otra, se ajusta a la interpretación que el Pleno de la Sala ha hecho de este precepto y de los artículos 104.2 y 109.1. Empezando por esto, hay que recordar que esos dos últimos preceptos reconocen expresamente la legitimación para instar la ejecución de las sentencias, no solo a quienes fueron parte en el proceso en el que se dictaron sino, también, a quienes se vean materialmente afectados por ella. O sea, a sujetos diferentes que no tienen, por tanto, que haber intervenido en el proceso. Estos dos artículos se integran en el Capítulo IV, del Título IV de la Ley reguladora, dedicado a la ejecución de las sentencias, que se aplica a las dictadas en el procedimiento de protección de los derechos fundamentales pues no hay en los artículos 114 y siguientes ninguna norma especial al respecto. De otro lado, la sentencia de 7 de junio de 2005 (casación 2492/2003), al destacar esa distinción legal, entre partes procesales y personas afectadas, confirma que en ejecución pueden comparecer unas y otras y expresamente reconoce el derecho a hacerlo a quienes, aun pudiendo haber recurrido, no lo hicieron y se personaron luego en la fase de ejecución de la sentencia por verse afectados materialmente por ella.

En este punto, la Sala de Madrid se limita a seguir el criterio sentado entonces por el Tribunal Supremo e, incluso, distingue, como hizo el Pleno en el supuesto entonces planteado, un doble pronunciamiento en la sentencia de referencia: el de anulación de la actuación lesiva, aquí de carácter material, y el que impone a la Administración una obligación de hacer dirigida a eliminar la causa de la lesión. Desde ese presupuesto y en virtud de los citados artículos 104.2 y 109.1, reconoce legitimación, además, a quienes fueron parte inicialmente y no acudieron en casación. Entiende que no pueden ser de peor condición que quienes ni siquiera impugnaron la actuación controvertida».

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 2900/2003, de 28 de mayo de 2008, ECLI:ES:TS:2008:3104 que refiere en parte a sentencia del Tribunal Supremo, rec. 808/2005, de 25 de septiembre de 2007, ECLI:ES:TS:2007:6231

El procedimiento contemplado en el artículo 109 respecto a las cuestiones incidentales, se trata de un trámite simple y rápido para una ejecución sin dilaciones y permite la práctica de prueba.

«Pero es que, además, el motivo olvida que en esta materia de ejecución de sentencia la Ley de Enjuiciamiento Civil no es supletoria de la Ley de la Jurisdicción, de modo que la Ley 13/1998 contiene su propio incidente de ejecución de sentencia y así lo consideró la Sala de instancia que lo abrió para resolver sobre la indemnización que había de fijar por la paralización de las obras de acuerdo con las bases establecidas en el fundamento quinto de la sentencia, tal y como dispone el art. 109 de la Ley de la Jurisdicción cuando señala que "la administración pública, las demás partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecución de la sentencia, podrán promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecución", incidente en el que como es lógico, y como hemos dicho recientemente en sentencia de esta Sala, Sección Quinta, de 25 de septiembre de 2007, recurso de casación núm. 808/2005 "el período probatorio sería también viable en este incidente"».

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 4932/2007, de 22 de junio de 2009, ECLI:ES:TS:2009:4305

Respecto a los límites de las cuestiones incidentales.

«Si la sentencia dejó la cuantificación de la indemnización para la fase de ejecución, una vez que fue promovido el incidente de ejecución el auto que lo resuelve debe fijar ya el importe indemnizatorio, decidiendo así la cuestión planteada (artículo 109.3 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción). Y si el material probatorio aportado hasta ese momento no lo permite, la Sala de instancia habrá de recabar las aclaraciones o informes complementarios que estime necesarios, dejando entre tanto en suspenso la resolución del incidente. Lo que no cabe es resolver este de forma aparente y provisional, dejando pendiente sine die la efectiva decisión de la cuestión planteada.

Desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a la ejecución de lo resuelto en sentencia, la decisión —más bien, la falta de ella— que albergan los autos recurridos resulta necesariamente insatisfactoria. Y no puede entenderse justificada señalando, como se indica en el fundamento primero del auto de 13 de julio de 2007, que "correspondía a la parte ejecutante fundar debidamente su pretensión indemnizatoria (artículo 713 LEC )", pues hemos visto que la parte recurrente promovió el incidente de ejecución acompañando al efecto un informe de valoración; y luego se practicó una prueba pericial durante la tramitación del incidente. De manera que si la Sala de instancia consideraba que ese material probatorio era insuficiente o inadecuado, pudo y debió señalar sus defectos y carencias antes de resolver por auto el incidente, recabando, como ya hemos explicado, las aclaraciones o informes complementarios que estimase necesarios».

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Derecho a la tutela judicial efectiva
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LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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