Delitos contra el orden público

La rúbrica del Título XXII del nuevo Código Penal, “Delitos contra el orden público”, responde a una tradición legislativa nacida en el Código Penal de 1870, que denominaba de esta forma el Título III del Libro II y en el que incluía, entre otros delitos, la rebelión, sedición, atentados, desacatos y desórdenes públicos. El Código Penal de 1944, al suprimir este título, incluyó los delitos mencionados dentro de una rúbrica más amplia, concretamente en el Título II (“Delitos contra la seguridad interior del Estado”), dándole un contenido eminentemente político, que se ha mantenido hasta el Código Penal de 1995.

Como señala la doctrina, el concepto de orden público ha sido tradicionalmente difícil de establecer, especialmente por su aptitud para legitimar cualquier intervención del poder público, y, consecuentemente, para ser puesto al servicio de regímenes autoritarios en la limitación de las libertades, ampliándose extraordinariamente el concepto de orden público hasta identificarse prácticamente con el orden jurídico y político establecido que se altera ante la falta de acatamiento por parte de los ciudadanos.

Se añade además que el rechazo a esta concepción omnicomprensiva ha conducido al establecimiento de un concepto estricto de orden público, como equivalente a la paz y la tranquilidad en las manifestaciones externas de la convivencia colectiva. Este carácter restrictivo del concepto le hace, en principio, adecuado para centrar en él la protección penal propia de un Estado democrático.

Sin embargo, si analizamos los delitos que comprende el Título XXII del nuevo Código Penal podemos observar que algunas figuras delictivas no se corresponden con este concepto restrictivo de orden público como equivalente a la protección de la tranquilidad de los ciudadanos. De esta manera, los delitos de atentado, resistencia y desobediencia o la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos no tienen que ir necesariamente unidos a una finalidad de alteración del orden.

Las infracciones que constituyen los delitos contra el orden público (en los que incluye la rebelión, sedición, atentado, resistencia y desobediencia, desacatos, desórdenes públicos y tenencia y depósito de armas y municiones y tenencia de explosivos) se caracterizan por el mantenimiento de la tranquilidad o la paz en las manifestaciones colectivas de la vida ciudadana. Concepción ésta del orden público, de carácter restringido que era la que predominaba en el Código Penal de 1870, aunque este concepto no es tenido en cuenta por el legislador de 1973 al regular esta materia, pues en algunos de estos delitos se utilizan otros criterios.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo precisa que el concepto de paz y orden público no puede ni tiene la misma consideración en una sociedad democrática que en un régimen autoritario en el que prima el concepto de orden por encima de otros valores como los derechos individuales que no estima dignos de protección, sitúa el fundamento del orden político y la paz social en el respeto a la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, sin perjuicio del respeto a la Ley y a los derechos de los demás.

A través de este bloque podrán consultar los siguientes delitos:

• Sedición
• Atentados contra la autoridad
• Desordenes públicos
• Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos