Daños causados por circulación de vehículos a motor como modalidad de supuestos de responsabilidad objetiva

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil


En cuanto a los daños causados por la circulación de vehículos a motor debe tenerse en cuenta, fundamentalmente, lo establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (LRCSCVM). En el Anexo del mismo se encuentran los límites de indemnización y los baremos aplicables en función del daño producido.

 

 

Del Art. 1 ,LRCSCVM, rotulado "De la responsabilidad civil", pueden extraerse las siguientes notas: 

  • El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación: 
    • En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.
    • En el caso de daños en los bienes, el conductor responderá frente a terceros cuando resulte civilmente responsable según lo establecido en los Art. 1902 ,Código Civil y siguientes, en los Art. 109 ,Código Penal y siguientes, y según lo dispuesto en la propia ley.
  • El propietario no conductor responde de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por el conductor cuando esté vinculado con este por alguna de las relaciones que regulan los Art. 1903 ,Código Civil y el apdo. 5 del Art. 120 ,Código Penal. Esta responsabilidad cesa cuando el propietario prueba que empleó toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. El propietario no conductor de un vehículo sin el seguro de suscripción obligatoria responde civilmente con el conductor del mismo de los daños a las personas y en los bienes ocasionados por éste, salvo que pruebe que el vehículo le fue sustraído.

Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España está obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular y que cubra, hasta la cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil. No obstante, el propietario queda relevado de tal obligación cuando el seguro sea concertado por cualquier persona que tenga interés en el aseguramiento, quien debe expresar el concepto en que contrata (Art. 2 ,LRCSCVM).

Dentro de la prolija regulación que de la materia aborda la norma, cabe centrarse, por su relevancia práctica, en la satisfacción de la indemnización en el ámbito del seguro obligatorio. Así, el apdo. 1 del Art. 7 ,LRCSCVM, primero de los relativos a las obligaciones del asegurador y del perjudicado, señala lo siguiente:

  • El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al Art. 2 ,LRCSCVM.
  • El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año.
  • No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño.
  • Esta reclamación interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada definitiva.
  • La información de interés contenida en los atestados e informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico que recojan las circunstancias del accidente podrá ser facilitada por éstas a petición de las partes afectadas, perjudicados o entidades aseguradoras, salvo en el caso en que las diligencias se hayan entregado a la autoridad judicial competente para conocer los hechos, en cuyo caso deberán solicitar dicha información a ésta.

Por su parte, el apdo. 2 del Art. 7 ,LRCSCVM dispone lo que se transcribe a continuación:

  •  En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del apdo. 3 del Art. 7 ,LRCSCVM . En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apdo. 4 del Art. 7 ,LRCSCVM.
  • A estos efectos, el asegurador, a su costa, podrá solicitar previamente los informes periciales privados que considere pertinentes, que deberá efectuar por servicios propios o concertados, si considera que la documentación aportada por el lesionado es insuficiente para la cuantificación del daño.
  • El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción administrativa grave o leve.
  • Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el Art. 9 ,LRCSCVM  . Estos mismos intereses de demora se devengarán en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, ésta no sea satisfecha en el plazo de cinco días, o no se consigne para pago la cantidad ofrecida.
  • El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca, por cualquier medio, la existencia del siniestro, una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización.
  • Lo dispuesto en el presente apartado será de aplicación para los accidentes que puedan indemnizarse por el sistema de las oficinas nacionales de seguro de automóviles, en cuyo caso toda referencia al asegurador se entenderá hecha a la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (Ofesauto) y a las entidades corresponsales autorizadas para representar a entidades aseguradoras extranjeras.

 La oferta motivada de la aseguradora, según dispone el apdo. 3 del Art. 7 ,LRCSCVM, deberá cumplir los siguientes requisitos:

  •  Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros.
  •  Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el Título IV y el Anexo de la Ley.
  • Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo, e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.
  • Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.
  •  Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.

Para el supuesto en que el asegurador no realice una oferta motivada de indemnización, deberá dar una respuesta motivada ajustada a los siguientes requisitos, según dispone el apdo. 4 del Art. 7 ,LRCSCVM :

  • Dará contestación suficiente a la reclamación formulada, con indicación del motivo que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque no esté determinada la responsabilidad, bien porque no se haya podido cuantificar el daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamación, que deberá ser especificada. Cuando dicho motivo sea la dilatación en el tiempo del proceso de curación del perjudicado y no fuera posible determinar el alcance total de las secuelas padecidas a causa del accidente o porque, por cualquier motivo, no se pudiera cuantificar plenamente el daño, la respuesta motivada deberá incluir:
    • La referencia a los pagos a cuenta o pagos parciales anticipados a cuenta de la indemnización resultante final, atendiendo a la naturaleza y entidad de los daños.
    • El compromiso del asegurador de presentar oferta motivada de indemnización tan pronto como se hayan cuantificado los daños y, hasta ese momento, de informar motivadamente de la situación del siniestro cada dos meses desde el envío de la respuesta.
  •  Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga, incluyendo el informe médico definitivo, que acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada.
  • Incluirá una mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por el perjudicado, ni afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos.

El apdo. 5 del Art. 7 ,LRCSCVM se ocupa del supuesto de que exista disconformidad con la oferta motivada,señalando lo siguiente:

  • En caso de disconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, podrán pedir informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no hubiese intervenido previamente.
  • Esta misma solicitud al Instituto de Medicina Legal podrá realizarse por el lesionado aunque no tenga el acuerdo de la aseguradora, y con cargo a la misma. El Instituto de Medicina Legal que deba realizar el informe solicitará a la aseguradora que aporte los medios de prueba de los que disponga, entregando copia del informe pericial que emita a las partes.
  • Asimismo, el perjudicado también podrá solicitar informes periciales complementarios, sin necesidad de acuerdo del asegurador, siendo los mismos, en este caso, a su costa.
  • Esta solicitud de intervención pericial complementaria obligará al asegurador a efectuar una nueva oferta motivada en el plazo de un mes desde la entrega del informe pericial complementario, continuando interrumpido el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones judiciales. En todo caso, se reanudará desde que el perjudicado conociese el rechazo de solicitud por parte del asegurador de recabar nuevos informes.

 Una vez presentada la oferta o la respuesta motivada, en caso de disconformidad y a salvo del derecho señalado anteriormente, o transcurrido el plazo para su emisión, el perjudicado, como señala el apdo. 8 del Art. 7 ,LRCSCVM, podrá bien acudir al procedimiento de mediación previsto en el Art. 14 ,LRCSCVM  para intentar solucionar la controversia, o bien acudir a la vía jurisdiccional oportuna para la reclamación de los daños y perjuicios correspondientes. No se admitirán a trámite, de conformidad con el Art. 403 ,LECIV , las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador.

En caso de iniciarse un proceso penal, por un hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, el Art. 13 ,LRCSCVM establece que el juez o tribunal que conozca la causa puede dictar a instancia de parte, un auto de cuantía máxima, en el que se determine la cantidad líquida máxima por la que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria y según la valoración que corresponda con arreglo al sistema de valoración del Anexo de la Ley:

  • si recayera una sentencia absolutoria,- no habiendo renunciado a la acción civil, el perjudicado, ni habiéndola reservado para ejercitarla separadamente-,
  • en los casos de fallecimiento en accidente de circulación, dictándose auto que determine la cuantía máxima a reclamar por cada perjudicado, a solicitud de éste, si recayera resolución que pusiera fin, provisional o definitivamente, al proceso penal incoado, sin declaración de responsabilidad.

Por tanto, hay que tener en cuenta que el auto de cuantía máxima, sólo se mantiene en los dos casos anteriores, ya que las faltas penales se han suprimido de nuestro ordenamiento jurídico. En los delitos leves por imprudencia, se exige que la imprudencia sea de gravedad, más allá de un mero despiste en la conducción, en los que se seguirán tramitando por la vía penal. Los accidentes de tráfico con resultado “leve” se reclaman por la vía civil.

Como ya se ha apuntado, el Art. 14 ,LRCSCVM hace referencia a la posibilidad de acudir a la mediación en caso de de disconformidad con la oferta o la respuesta motivada y, en general, en los casos de controversia, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Debe ser el perjudicado el que solicite el inicio de este proceso, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el momento que hubiera recibido la oferta o la respuesta motivada o los informes periciales complementarios si se hubieran pedido.

Por último, en relación con los límites de indemnización y los baremos, es necesario destacar que a los accidentes ocurridos a partir del 1 de enero de 2016, se les aplica el sistema recogido en el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, en su actualización por la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

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Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 8/2004 de 29 de Oct (TR. Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 267 Fecha de Publicación: 05/11/2004 Fecha de entrada en vigor: 06/11/2004 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

Ley 5/2012 de 6 de Jul (Mediación en asuntos civiles y mercantiles) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 162 Fecha de Publicación: 07/07/2012 Fecha de entrada en vigor: 27/07/2012 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 35/2015 de 22 de Sep (Reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (Baremo)) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 228 Fecha de Publicación: 23/09/2015 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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