El deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre

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El deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, y las técnicas a través de las cuales este deber se materializa, se encuentra regulado en los Art. 141-142 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Al deber de colaboración de la letra c) del apartado 1 del Art. 140 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes, dedica la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el Capítulo II de su Título II. Dicho Capítulo aborda, en particular, las siguientes cuestiones:

  • Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas

  • Técnicas de colaboración

En lo que concierne a la primera de las mismas, esto es, al deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, el apartado 1 del Art. 141 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, señala que las Administraciones Públicas deberán:

  • Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias.

  • Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones.

  • Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.

  • Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

  • Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan normativamente.

La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse (apartado 2 del Art. 141 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre), a través de comunicación motivada, cuando:

  • El organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica.

  • El organismo público o la entidad del que se solicita no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones.

  • Cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado.  

La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las de las Entidades Locales deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales. Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración podrán ser repercutidos cuando así se acuerde (apartado 3 del Art. 141 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

Por lo que respecta a las técnicas de colaboración entre las Administraciones Públicas, el Art. 142 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señala las siguientes:

  • El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.

  • La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional.

  • El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial.

  • Cualquier otra prevista en una Ley.

 

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