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Deber de consulta previa en el Reglamento general de protección de datos (RGPD) y en la LO 3/2018 (LOPDGDD)

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/02/2019

El responsable consultará a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento cuando una evaluación de impacto relativa a la protección de los datos en virtud del Art. 35 RGPD, muestre que el tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para para mitigarlo.

 

Por otra parte, resulta necesario tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 36 del RGPD, toda vez que este precepto impone al responsable la obligación de realizar una consulta a la autoridad de supervisión, antes de iniciar un tratamiento, en aquellos casos en los que la evaluación de impacto permitiese concluir que el tratamiento conllevaría un alto riesgo, si el responsable no toma las medidas para mitigarlo. Debemos entender, que esta «consulta previa» resulta procedente en el caso de que se pudiera producir un riesgo «residual» elevado, después de prever la implementación de medidas para controlar los riesgos detectados, y pese a las cuales tal riesgo para los derechos y las libertades de las personas continua existiendo.

En todo caso, el Reglamento determina la posibilidad de que por las autoridades de control determinen otros supuestos en los que la consulta previa será obligatoria antes de iniciar el tratamiento de los datos, con independencia del resultado de la evaluación.

En función de la resolución a la que llegue la Autoridad de Control, se establecerán las condiciones y medidas que se deben aplicar para llevar a cabo el tratamiento o, si fuese de aplicación, se indicaría que en ningún caso se podrá llevar a cabo. Cuando la Autoridad de Control considere que el tratamiento podría infrigir el RGPD, deberá, en un plazo de ocho semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al responsable, y en su caso al encargado, pudiendo prorrogarse 6 semanas más en función de la complejidaddel tratamiento previsto, previa información de tal prçorroga en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud de consulta, indicando los motivos de la dilación. De todos modos, estos plazos podrán suspenderse hasta que la Autoridad de Control haya obtenido toda la información solicitada a los fines de la consulta.
 

El responsable del tratamiento facilitará a la autoridad de control la siguiente información cuando efectúe una consulta de este tipo:

a) en su caso, las responsabilidades respectivas del responsable, los corresponsables y los encargados implicados en el tratamiento, en particular en caso de tratamiento dentro de un grupo empresarial;

b) los fines y medios del tratamiento previsto;

c) las medidas y garantías establecidas para proteger los derechos y libertades de los interesados de conformidad con el presente Reglamento;

d) en su caso, los datos de contacto del delegado de protección de datos;

e) la evaluación de impacto relativa a la protección de datos establecida en el artículo 35, y

f) cualquier otra información que solicite la autoridad de control.

De igual modo, si la Autoridad de Control especifica una serie de medidas para poder realizar el tratamiento, será necesario realizar y planificar un plan de acción para implantarlas y evaluar su impacto en el cálculo del riesgo residual futuro.

 

Por su parte, la LOPDGDD indica entre las obligaciones generales de los responsables y encargados del tratamiento, la valoración, en particular, sobre la procedencia o no de realización de la evaluación de impacto y la consulta previa ante la Autoridad de Control.

En último lugar, debemos señalar que, en el caso de que la EIPD resulte obligatoria y esta no sea llevada a efecto, o se hace de una manera insuficiente o inadecuada, los tratamientos quedan expuestos a unos riesgos no detectados. Si no se analizan, ni valoran los riesgos, no se habrán adoptado las medidas que deberían servir para mitigar los efectos negativos que las operaciones de tratamiento pueden tener para los derechos y las libertades de las personas.

En modo alguno se puede obviar lo comentado en el Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD), conforme al incumplimiento de las obligaciones previstas en los Art. 35 y Art. 36 del RGPD, así como la LOPDGDD, y su consideración como una infracción de la normativa.

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