La declaración de la víctima en el proceso penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 14/08/2019

La jurisprudencia del Supremo otorga mayor valor probatorio de la declaración de la víctima en el proceso penal, especialmente en los supuestos de violencia de género por los riesgos que engendra esta valoración.

Si la declaración de la víctima es la única prueba de cargo, sobre todo en delitos cometidos en la intimidad de agresor y víctima, puede integrar la prueba necesaria que haga decaer el derecho a la presunción de inocencia, siempre que cumpla los requisitos jurisprudenciales de credibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la acusación.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que no es una prueba testifical privilegiada, tal y como afirma en la sentencia Nº 3/2015, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1402/2014 de 20 de Enero de 2015:

“El Tribunal de instancia cita cierta jurisprudencia de la que se desprende el criterio de que, en aquellos casos en los que la acción delictiva hubiera tenido lugar entre dos personas, sin ser percibida por nadie, habrá que atribuir especial relevancia probatoria al testimonio de la posible víctima, para evitar situaciones de impunidad. Esto, con el argumento de cierre de que nadie debe padecer el perjuicio de que hechos así transcurran en la clandestinidad. Pero es un modo de razonar que no puede admitirse, primero, por la elemental razón de que un sistema de enjuiciamiento fundado en la libre convicción del juzgador a partir del racional examen del cuadro probatorio es rigurosamente incompatible con la existencia de pruebas privilegiadas, como las que constelaron el proceso penal del Ancien Régime. En segundo término, porque en el «nadie» llamado a sufrir las consecuencias de que ciertos actos delictivos acontezcan en la clandestinidad, hay que incluir, en primerísimo término, al imputado, cuyo derecho a la presunción de inocencia no puede padecer por semejante causa. Y, en fin, porque en la vigente disciplina constitucional del proceso, la única forma legítima de evitar la impunidad pasa por despejar probatoriamente cualquier duda razonable acerca de la identidad del autor del delito”.

Por otro lado, el Tribunal no aprecia vulneración de derechos por no permitir a la defensa formular preguntas en fase sumarial, ya que tienen la oportunidad de interrogar a la víctima en juicio oral sin limitaciones de ningún tipo.

Los riesgos inherentes al valor probatorio de la declaración de la víctima cuando ésta es prueba única, se ponen de manifiesto en la sentencia del Tribunal Supremo 269/2014, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1845/2013 de 20 de marzo de 2014, relativa a un supuesto de abuso sexual:

“Esta Sala viene declarando que la situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito. El riesgo se hace extremo si la supuesta víctima es precisamente quien inició el proceso, mediante la correspondiente denuncia o querella, haciéndose aún más acentuado si ejerce la acusación, pues en tal caso se constituye en única prueba de la acusación al propio acusador. Basta con formular la acusación y sostenerla personalmente en el juicio, para desplazar aparentemente la carga de la prueba sobre el acusado, obligándole a ser él quien demuestre su inocencia, frente a una prueba de cargo integrada únicamente por la palabra de quien le acusa. Todavía cabe alcanzar un supuesto más extremo, en aquellos casos en que la declaración del acusador no solo es única prueba de la supuesta autoría del acusado sino también de la propia existencia del delito, del cual no existe acreditación alguna, fuera de las manifestaciones de quien efectúa la acusación; llegándose al grado máximo de indefensión para el acusado cuando la acusación fundada exclusivamente en la palabra del acusador es tan imprecisa en su circunstancia o en el tiempo que no hay prácticamente posibilidad alguna de prueba en contrario. Es por ello, por lo que en estos supuestos, el control casacional no puede limitarse a la mera constatación formal de que dicha declaración es hábil para ser valorada como prueba de cargo, sino que va más allá, verificando la racionalidad del proceso de decisión que fundamenta la condena, como también sucede, por ejemplo, en los supuestos de prueba indiciaria (...) En consecuencia esta Sala ha señalado reiteradamente que aun cuando, en principio, la declaración de la víctima puede ser hábil para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, atendiendo a que el marco de clandestinidad en que se producen determinados delitos, significadamente contra la libertad sexual, impide en ocasiones disponer de otras pruebas, ha de resaltarse que para fundamentar una sentencia condenatoria en dicha única prueba es necesario que el Tribunal valore expresamente la comprobación de la concurrencia de las siguientes notas o requisitos: ausencia de incredibilidad subjetiva, o dicho en positivo, credibilidad subjetiva del testimonio, verosimilitud del mismo y persistencia en la acusación”.

El primer requisito jurisprudencial es la ausencia de incredibilidad subjetiva, que hace referencia a las relaciones existentes entre acusado y víctima, que podrían llevar a la conclusión de la existencia de un móvil como el resentimiento, la enemistad, venganza, interés o cualquier circunstancia que prive a la declaración de la víctima de la aptitud necesaria para generar incertidumbre. En otras palabras, que no exista una especial animadversión hacia la víctima, inicial e independiente de la agresión sexual.

El segundo requisito consiste en el análisis de la credibilidad objetiva del testimonio de la víctima. Según la jurisprudencia debe estar basado en la lógica, tener coherencia interna y estar apoyada por datos objetivos corroborables de forma periférica, es decir, coherencia externa.

El último requisito es la persistencia en la incriminación. Ésta debe ser prolongada y continuada en el tiempo, sin contradicciones ni ambigüedades, ya que, si constituye la única prueba contra el acusado, la única posibilidad de éste de defenderse es permitirle que cuestione la declaración, poniendo en relieve los aspectos que muestren contradicciones y falta de veracidad.

Estos criterios no pueden ser tenidos en cuenta como reglas legales para valorar la prueba, ya que en nuestro derecho no existe un sistema de prueba tasada, sino pautas de valoración de la misma, recogidas en los artículos 717 y 714 LECRIM. El hecho de que el testimonio de una víctima supere estos tres requisitos no implica necesariamente que tendrá valor incriminatorio, sino simplemente que podrá ser tenida en cuenta como medio de prueba. A partir de ese momento, deberá pasar un segundo filtro que es la confrontación de sus aportaciones con las de otra procedencia, para confirmar la veracidad de los datos.

Según el Tribunal Supremo, la víctima de un delito de violencia de género, cuando actúa declarando sobre los hechos acaecidos, no lo hace en mera calidad de testigo, ya que no es un simple observador, sino que ha sufrido en carne propia las consecuencias del hecho delictivo.

Así lo pone de manifiesto el Tribunal en su sentencia Nº 282/2018, Rec 10776/2017, de 13 de junio de 2018: “Es preciso poner de manifiesto que, en este caso, las víctimas de hechos de violencia de género declaran en el plenario con una posición distinta a la de los testigos que ven los hechos, como fueron los padres, pero que no son las víctimas directas del hecho. En estos casos, la víctima se encuentra procesalmente en la situación de testigo, pero a diferencia del resto de testigos, es víctima y ello debería tener un cierto reflejo diferenciador desde el punto de vista de los medios de prueba, ya que la introducción de la posición de la víctima en la categoría de mero testigo desnaturaliza la verdadera posición en el proceso penal de la víctima, que no es tan solo quien «ha visto» un hecho y puede testificar sobre él, sino que lo es quien es el sujeto pasivo del delito y en su categorización probatoria está en un grado mayor que el mero testigo ajeno y externo al hecho, como mero perceptor visual de lo que ha ocurrido (...) En este debate, tuvo la oportunidad de resolver este problema la Ley 4/2015 al poder llevar a cabo una modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal que habilitara una especial y privilegiada posición de la víctima del delito desde el punto de vista del proceso penal. Pero no fue así, y se limitó en el artículo 2 de la misma a fijar la división entre víctima directa e indirecta (…) Y pese a que en las disposiciones finales de la Ley 4/2015 modificó la Ley de enjuiciamiento criminal, no realizó, sin embargo, una modificación de la posición procesal de la víctima al margen, o por encima, de la mera situación procesal de «testigo» dentro de los medios de prueba. Y esto es relevante cuando estamos tratando de la declaración de la víctima en el proceso penal, y, sobre todo, en casos de crímenes de género en los que las víctimas se enfrentan a un episodio realmente dramático, cual es comprobar que su pareja, o ex pareja, como aquí ocurre, toma la decisión de acabar con su vida, por lo que la versión que puede ofrecer del episodio vivido es de gran relevancia, pero no como mero testigo visual, sino como un testigo privilegiado, cuya declaración es valorada por el Tribunal bajo los principios ya expuestos en orden a apreciar su credibilidad, persistencia y verosimilitud de la versión que ofrece en las distintas fases en las que ha expuesto cómo ocurrieron unos hechos que, en casos como el que aquí consta en los hechos probados, se le quedan grabados a la víctima en su visualización de una escena de una gravedad tal, en la que la víctima es consciente de que la verdadera intención del agresor, que es su pareja, o ex pareja, ha tomado la decisión de acabar con su vida (...) Ello, sin embargo, no quiere decir que la credibilidad de las víctimas sea distinta del resto de los testigos, en cuanto al valor de su declaración, y otorgar una especie de presunción de veracidad siempre y en cualquier caso, pero sí puede apreciarse y observarse por el Tribunal con mayor precisión la forma de narrar el acaecimiento de un hecho por haberlo vivido en primera persona y ser sujeto pasivo del delito, para lo que se prestará especial atención en la forma de cómo cuenta la experiencia vivida, sus gestos, y, sobre todo, tener en cuenta si puede existir algún tipo de enemistad en su declaración. En este último punto debe tenerse muy presente que la circunstancia de que entre autor del delito y víctima haya existido algún tipo de enfrentamiento, o haber sido la víctima sujeto pasivo de otros hechos delictivos precedentes, ello no debe conllevar que se dude de su veracidad, ya que la circunstancia de que existan estos antecedentes no deben disminuir su credibilidad, sino que se valorará su declaración con el privilegio de la inmediación de que dispone el Tribunal. Tampoco será un elemento negativo hacia la víctima la circunstancia de que tarde en denunciar hechos de violencia de género”.

Recuerda el Tribunal Supremo que no es admisible la utilización de declaraciones sumariales que preste quien posteriormente haga uso, en el acto de juicio oral, de la dispensa otorgada por la LECRIM en sus artículos 416.1 y 707, ni por la vía del artículo 714, ni la del 730, ya que no se dan los presupuestos legales necesarios, existencia de contradicciones o imposibilidad de práctica. Por otro lado, cuando la víctima formaliza una denuncia de forma espontánea para conseguir protección, no es aplicable el artículo 416.1, que establece una causa de justificación para aquellos que nieguen su testimonio respecto de hechos que se imputan a personas con las que están vinculadas parentalmente, pero de cuyos hechos no son víctimas. En otras palabras, el artículo 416.1 establece un derecho renunciable en beneficio de los testigos –la dispensa solo es aplicable si la relación existe en el momento de prestar la declaración-, pero no de los denunciantes espontáneos respecto de hechos que les han perjudicado y que acuden a la policía en busca de protección (STS Nº 17/2010, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 10615/2009 de 26 de enero de 2010).

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