Los Decretos Legislativos en el Ordenamiento Jurídico Español

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

El Decreto Legislativo es una norma con rango de ley y dictada por el Gobierno en virtud de la delegación normativa (Art. 82 ,Constitución Española) que a su favor realiza el Parlamento. 

El apartado 1 del Art. 82 ,Constitución Española establece que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, no reservadas a Ley Orgánica, esto es, aquellas señaladas por el apdo. 1 del Art. 81 ,Constitución española: normas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos (Art. 85 ,Constitución española). 

Según se prevé en el apartado 2 y 3 del Art. 82 ,Constitución Española la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

Como señala la doctrina, dicha delegación no ha de entenderse como la remisión que puede hacer una Ley Ordinaria a un Reglamento para un desarrollo más pormenorizado de una materia en concreto, sino que el Decreto Legislativo nace con vocación de regular en detalle una materia, sí, pero para que ésta alcance rango de ley, y no rango reglamentario, con todas las consecuencias que ello implica.

La falta de precisión de lo contenido en el apdo. 6 del Art. 82 ,Constitución española ("Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control") ha originado distintos puntos de vista acerca de hasta qué punto pueden los Tribunales ordinarios fiscalizar al Decreto Legislativo. Así, el Tribunal Constitucional se posiciona a favor de la teoría que defiende que los Tribunales ordinarios tendrán competencia para conocer de todos los "excesos e infracciones" que el Decreto Legislativo "cometa" respecto de la Ley de bases habilitante, en la medida en que, lo que "exceda" de la Ley de bases constituye, no ya una norma con rango de Ley, sino un reglamento, produciéndose una degradación normativa del Decreto Legislativo. (Tribunal Constitucional, nº 51/1982, de 19/07/1982, Rec. Cuestión de inconstitucionalidad 54/1982; Tribunal Constitucional, nº 47/1984, de 04/04/1984, Rec. Recurso de amparo 151/1982). De este modo, el Tribunal Constitucional incluso ha llegado a inadmitir cuestiones de constitucionalidad por considerar que se trataba de materias cuyo "enjuiciamiento" correspondía a la jurisdicción ordinaria. Así, en el AUTO 69/1983, de 17 de febrero, con referencia a la jurisdicción competente para enjuiciamiento de los Decretos legislativos, se dice expresamente "que basta leer el Art. 1 ,Ley 29/1998, de 13 de julio para concluir que es esta jurisdicción la competente para ello, puesto que le corresponde conocer de las pretensiones que se deduzcan contra las disposiciones de categoría inferior a la Ley, conocimiento que corresponde de manera exclusiva a los Tribunales del orden Contencioso-Administrativo por virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 106 ,Constitución Española y apartado 3 del Art. 117 ,Constitución Española".

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