El Decreto-Ley en el Ordenamiento Jurídico Español

Pertenece al Grupo
Documentos relacionados
  • Sentencia Nº 153/2016, TC, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 1067/2014, 22-09-2016

    Fecha: 22/09/2016 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 153/2016 Num. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 1067/2014

    Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso en relación con la Ley de las Cortes Valencianas 4/2013, de 27 de noviembre, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U.

  • Sentencia Nº 225/2016, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 1493/2016, 19-12-2016

    Fecha: 19/12/2016 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 225/2016 Num. Recurso: Recurso de amparo 1493/2016

    Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario de Ciudadanos del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana.

  • Sentencia Nº 224/2016, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 1315/2016, 19-12-2016

    Fecha: 19/12/2016 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 224/2016 Num. Recurso: Recurso de amparo 1315/2016

    Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña respecto de los acuerdos de la Mesa de la Cámara que admitieron a trámite las solicitudes de puesta en marcha de las ponencias redactoras conjuntas para elaborar el texto de tres proposiciones de ley de protección social catalana, del régimen jurídico catalán y de la Administración tributaria catalana.

  • Sentencia Administrativo Nº 349/2013, TSJ Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1671/2011, 10-06-2013

    Órden: Administrativo Fecha: 10/06/2013 Tribunal: Tsj Pais Vasco Ponente: Gonzalez Saiz, Jose Antonio Num. Sentencia: 349/2013 Num. Recurso: 1671/2011

    PRIMERO.-El objeto del recurso es la desestimación del recurso administrativo presentado contra la reducción sufrida en las retribuciones correspondientes a la nómina del mes de febrero de 2011 en aplicación del Real Decreto Ley 8-2010 que ha practicado el Instituto Nacional de Estadística-Delegación en Vizcaya. SEGUNDO.-Todos los motivos se refieren a la aplicación del RDLey y todos ellos, en lo sustancial han sido tratados en la Sentencia de esta Sala, Sección 3ª, nº 919/2011, de...

  • Sentencia Administrativo Nº 340/2013, TSJ Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 1672/2011, 07-06-2013

    Órden: Administrativo Fecha: 07/06/2013 Tribunal: Tsj Pais Vasco Ponente: Gonzalez Saiz, Jose Antonio Num. Sentencia: 340/2013 Num. Recurso: 1672/2011

    PRIMERO.-El objeto del recurso es la desestimación del recurso administrativo presentado contra la reducción sufrida en las retribuciones correspondientes a la nómina del mes de marzo de 2011 en aplicación del Real Decreto Ley 8-2010 que ha practicado el Instituto Nacional de Estadística-Delegación en Vizcaya. SEGUNDO.-Todos los motivos se refieren a la aplicación del RDLey y todos ellos, en lo sustancial han sido tratados en la Sentencia de esta Sala, Sección 3ª, nº 919/2011, de f...

Ver más documentos relacionados
  • Leyes orgánicas

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 04/01/2017

    Las leyes orgánicas vienen determinadas tanto por la reserva de ley a la que se refiere el apdo. 1 del Art. 81 ,Constitución Española, como por el procedimiento necesario para su aprobación, modificación y derogación, que requiere de mayoría absoluta por parte del Pleno del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Como ha señalado diversas veces el TC, se encuentran al mismo nivel jerárquico que las leyes ordinarias, siendo lo definitivo el ám...

  • Lengua de los procedimientos tramitados por la A.G.E.

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 19/01/2017

    La regulación acerca de la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado encuentra su regulación en el Art. 15 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. El punto de partida de la misma es que ésta será el castellano, aunque los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.La letra c) del Art. 13 ,Ley 39/2015, de 1 ...

  • La Constitución

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 04/01/2017

    La Constitución es la norma suprema, de aplicación directa por parte de los Jueces y Tribunales, que velarán, junto con el Tribunal Constitucional, por la adecuación a la misma del resto de las normas que componen el Ordenamiento Jurídico, tanto respecto de su literalidad, como respecto de los principios que la informan. La importancia de la Constitución no radica tanto en la materia que regula sino en su posición en el Ordenamiento Jurídico en relación con el resto de normas. La Const...

  • Estatuto básico del ciudadano en la Ley de Suelo

    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 02/03/2017

    Bajo el rótulo de "Estatuto básico del ciudadano", los Art. 5,Art. 6 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre contemplan una serie de derechos y deberes que asisten a los ciudadanos, en cuanto tales, en relación con el objeto de la norma. A raíz de la conocida sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo, queda definitivamente fijado el esquema de distribución de "competencias" legislativas en el ámbito de la Ordenación del Territorio y el Urbanismo: mientras que a las Comunidade...

  • Derecho procesal penal

    Órden: Penal Fecha última revisión: 24/11/2016

      Como señala el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, el derecho procesal es la "rama del derecho relativa a las normas que regulan la función jurisdiccional del estado, que incluyen la organización y funciones de los órganos jurisdiccionales, sus competencias, los procedimientos a través de los cuales se desarrollan las diferentes clases de procesos, y el ejercicio de los derechos procesales de los ciudadanos consagrados en los artículos 24 y 25 de la Constitución". S...

Ver más documentos relacionados
  • Escrito de solicitud de acceso a los archivos y registros

    Fecha última revisión: 11/10/2016

                        SOLICITUD ACCESO A LOS ARCHIVOS Y REGISTROS                                AL [ÓRGANO COMPETENTE] Dº [NOMBRE], mayor de edad, provisto de D.N.I  nº [DNI], con domicilio a efecto de notificaciones en [DOMICILIO], del municipio de [LOCALIDAD], de la provincia de [PROVINCIA], comparezco y como mejor procede en Derecho, DIGO: Que estando realizando una investigación científica en el Departamento de [ESPECIFICAR] de la Univers...

  • Escrito de solicitud de certificación urbanística

    Fecha última revisión: 16/11/2016

    AL ALCALDE DE [LOCALIDAD]   Dº/Dª [NOMBRE], con D.N.I nº[DNI], y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ [CALLE].   EXPONE: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo  5 d) del RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, y en referencia a la finca nº [NUMERO].  SOLICITA: Que se le expida CERTIFICACIÓN del régimen y condiciones urbanísticas aplicables a la citada finca.   En [LOCALID...

  • Escrito de excusa para ser jurado

    Fecha última revisión: 05/04/2016

    NOTA: El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos de homicidio (artículos 138 a 140); de las  amenazas (artículo 169.1.º); de la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196); del allanamiento de morada (artículos 202 y 204); de la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415); del cohecho (artículos 419 a 426); el tráfico de influe...

  • Modelo de constitución de un órgano administrativo

    Fecha última revisión: 18/10/2016

        La constante y necesaria mejora de la calidad de los servicios prestados desde la Administración a los ciudadanos exige que ésta se dote de los instrumentos necesarios  para facilitar el oportuno cauce de resolución de las controversias surgidas en relación con el ejercicio del derecho al uso y disfrute de los servicios públicos en las condiciones debidas. Es por ello que se entiende útil y de todo conveniente la creación, en el presente caso, de una Unidad Administrativa de Concil...

  • Escrito de interposición de recurso Contencioso-Administrativo por lesión de derechos fundamentales

    Fecha última revisión: 24/11/2016

                    AL [ORGANO] (1)     Dº/Dª [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales de [LUGAR], actuando en nombre y representación de Dº/Dª [NOMBRE_CLIENTE], según copia de escritura de poder que debidamente bastanteada acompaño (2), bajo la dirección técnica de Dº/Dña [NOMBRE_ABOGADO_CLIENTE], comparezco y como mejor proceda en Derecho, (3)   DIGO:                         Que mediante el presente escrito y dentro del plazo de 10 días previsto...

Ver más documentos relacionados
  • Caso práctico: ¿Quién tiene la obligación de prestación del legado?

    Fecha última revisión: 21/11/2012

  •   PLANTEAMIENTO ¿Es posible que un extranjero familiar de comunitario pueda ser expulsado del país? RESPUESTA Sí, cabe la posibilidad de la expulsión de un familiar de comunitario por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública. En el caso de que hubiera adquirido el derecho de residencia permanente, sólo se podrá expulsar si existen motivos graves de orden público o seguridad pública, teniéndose en cuenta en este caso la duración de la residencia y otros fact...

  • Análisis sentencia AP Granada Nº 715/2003 de 10/07/2003, rec. 3541/1997. La legítima.

    Fecha última revisión: 02/01/2016

  • RESUMEN Concepto de legítima ANÁLISIS En la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada nº 1106/2001, de 12 de mayo de 2001, en concreto en su fundamento de derecho primero, se recoge una amplia concepción jurisprudencial de lo que puede ser el concepto de legítima, estableciendo lo siguiente: “En el Derecho Romano, en una época concreta del mismo, se vió con disfavor que el "pater familias", no dejase nada (en cualquier forma) de su patrimonio hereditario, a determinadas personas l...

  • Caso práctico: Trámites Laborales para la constitución de un trabador extranjero como autónomo.

    Fecha última revisión: 13/04/2016

  •   PLANTEAMIENTO Trámites Laborales para la constitución de un trabador extranjero como autónomo RESPUESTA La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo será de aplicación a los trabajadores autónomos extranjeros que reúnan los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. ANÁLISIS a) Ciudadanos no comunitarios Para poder ser incluido en el campo de aplicación del...

  • Análisis del Reglamento europeo de sucesiones, Número 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012.

    Fecha última revisión: 06/11/2013

  • RESUMEN Este reglamento establece las nuevas normas de la UE para ayudar a resolver los problemas jurídicos que se producen cuando fallece un familiar que posee bienes en otro Estado miembro de la Unión, simplificando la tramitación de las sucesiones transfronterizas, al fijar como único criterio para determinar la jurisdicción y la ley aplicable el lugar de residencia habitual del fallecido. La nueva normativa simplifica considerablemente la tramitación de las sucesiones al fijar un crite...

  • Análisis sobre el convenio especial para personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral (RD 156/2013, de 1 de marzo).

    Fecha última revisión: 13/04/2016

  • PLANTEAMIENTO Análisis sobre el convenio especial para personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral. Mediante el Real Decreto 156/2013, de 1 de marzo, se procede a regular las condiciones de inclusión en la Seguridad Social de las personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral, a través del instituto jurídico del convenio especial, delimitando el ámbito de aplicación de éste y fijando sus características y especial...

Ver más documentos relacionados
No hay resoluciones... Ver más documentos relacionados
  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

El Decreto-Ley se encuentra regulado en el Art. 86 ,Constitución Española. Es una norma con rango de ley propia del Ejecutivo, lo cual supone la principal diferencia respecto del Decreto Legislativo que, como se sabe, es una facultad delegada a éste por el Parlamento. Podrá ser dictado por el Gobierno cuando exista un presupuesto habilitante que lo justifique, que ha de ser una extraordinaria y urgente necesidad de regulación de esa materia concreta. Se encuentra limitado en cuanto a la materia sobre la que puede versar (se excluye de su ámbito el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general) y se caracteriza por ser una norma provisional que requiere de su convalidación por el Congreso de los Diputados.

El apartado 1 del Art. 86 ,Constitución Española establece que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.

Por tanto, se está ante la facultad de dictar normas con rango de ley por parte del Ejecutivo y no, como sucede en el caso de los decretos legislativos, de una delegación a éste por parte del Parlamento. En tanto tienen carácter provisional, deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

Así lo plantea también el Tribunal Constitucional en la Tribunal Constitucional, nº 29/1982, de 31/05/1982, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 238/1981, con el siguiente literal:

“El Gobierno podrá también dictar normas con rango de Ley, previa delegación de las Cortes Generales (Decretos legislativos) o en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad (Decretos-Leyes), pero esta posibilidad se configura, no obstante, como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y en consecuencia está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman.

Tales requisitos, en cuanto a los decretos-leyes, están recogidos en la C. E., configurando tres bloques definidos: a) la exigencia de que el Decreto-Ley se dicte exclusivamente para afrontar una situación de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86, núm. 1); b) la limitación en cuanto a la materia sobre la que puede incidir un Decreto-Ley, lo que supone el que en ningún caso pueda afectar al ordenamiento de las instituciones básicas de Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la C. E., al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (art. 86. núm. 1); y c) la necesidad, por último, de que los Decretos-Leyes sean sometidos inmediatamente al Congreso de los Diputados para su debate y votación de totalidad, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, con objeto de que se resuelva por el mismo en cuanto a su convalidación o derogación (art. 86, núm. 2)”.

Presupuesto habilitante del Decreto-ley: “extraordinaria y urgente necesidad”.

La generalidad de la doctrina coincide en entender que la "urgente necesidad" viene dada por la imposibilidad de dar una solución a tiempo a una situación concreta siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Sin embargo, no existe tanta unanimidad sobre el concepto de extraordinaria necesidad. La Tribunal Constitucional, nº 23/1993, de 21/01/1993, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 706/1986., señala que “no hace referencia a necesidades extremadas o absolutas, sino relativas y que se originen dentro del ordinario desenvolvimiento del quehacer gubernamental. Basta con que, de acudirse a la medida legislativa ordinaria, pudiera quebrarse la efectividad de la medida”. 

El presupuesto habilitante del Decreto-Ley, también se encuentra sometido al control de constitucionalidad, tal y como el propio Tribunal Constitucional advierte en la Tribunal Constitucional, nº 29/1982, de 31/05/1982, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 238/1981, Fundamento Jurídico 3: “el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada”.

Materias excluidas de regulación por medio de Decreto-Ley.

Como ya se ha apuntado, los límites materiales vienen establecidos en el apartado 1 del Art. 86 ,Constitución Española, que señala que estas medidas legislativas no podrán afectar: al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Al respecto, el Tribunal Constitucional aclara que:

1º.- La prohibición de afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, se extiende a todos los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I, no sólo a los de la Sección 1ª del Capítulo II. (Tribunal Constitucional, nº 127/1994, de 05/05/1994, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 1.363/1988 1.364/1)

2º.- El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado ha de interpretarse como todas las "organizaciones públicas" (no las privadas) en función de la reserva de ley a las que están sujetas.

3º.-"Ha de tenerse en cuenta que el art. 86.1 C.E. utiliza un término 'régimen de las Comunidades Autónomas' más extenso y comprensivo que el mero de 'Estatutos de Autonomía', por lo que dicha expresión ha de ser interpretada, como ha dicho la STC 29/1986 'en el sentido de que el Decreto-ley no puede afectar al régimen constitucional de las Comunidades Autónomas, incluida la posición institucional que les otorga la Constitución'. De ese 'régimen constitucional' forman parte los Estatutos, que no pueden ser alterados por un Decreto-ley, pero también se incluyen otras Leyes estatales atributivas de competencias, que forman parte del bloque de constitucionalidad, así como las Leyes atributivas de competencia del art. 150.1 C.E., las Leyes de armonización del art. 150.3, y las Leyes Orgánicas a que se refiere el art. 150.2 C.E. Por tanto, el Decreto-ley no puede regular objetos propios de aquéllas leyes que, conforme al art. 28.1LOTC hayan sido aprobadas, dentro del marco constitucional, para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. Más allá de ese 'régimen constitucional' el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas". (Tribunal Constitucional, nº 23/1993, de 21/01/1993, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 706/1986.)

4ª.- La "prohibición" relacionada con el Derecho electoral general coincide con la reserva de Ley Orgánica a la que se encuentra sometida la materia.

Intervención del Parlamento para la convalidación o derogación del Decreto-Ley.

El apartado 2 del Art. 86 ,Constitución Española establece, como se ha visto, que Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

Así, el procedimiento para la convalidación se encuentra regulado en el artículo 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, que establece lo siguiente:

  • El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se realizará en el Pleno de la Cámara o de la Diputación Permanente, antes de transcurrir los treinta días siguientes a su promulgación, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del Art. 86 ,Constitución Española. En todo caso la inserción en el orden del día de un Decreto-ley, para su debate y votación, podrá hacerse tan pronto como hubiere sido objeto de publicación en el.

  • Un miembro del Gobierno expondrá ante la Cámara las razones que han obligado a su promulgación y el debate subsiguiente se realizará conforme a lo establecido para los de totalidad. .

  • Concluido el debate, se procederá a la votación, en la que los votos afirmativos se entenderán favorables a la convalidación y los negativos favorables a la derogación. Convalidado un Real Decreto-ley, el Presidente preguntará si algún Grupo Parlamentario desea que se trámite como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud será sometida a decisión de la Cámara. Si ésta se pronunciase a favor, se tramitará como provecto de ley por el procedimiento de urgencia, sin que sean admisibles las enmiendas de totalidad de devolución.

  • La Diputación Permanente podrá en su caso tramitar como proyectos de ley por el Procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas.

  • El acuerdo de convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".

No hay versiones para este comentario

Ciudadanos
Derecho electoral
Recurso de inconstitucionalidad
Expropiación especial
Constitucionalidad
Estatutos de autonomía