El Decreto-Ley en el Ordenamiento Jurídico Español

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

El Decreto-Ley se encuentra regulado en el Art. 86 ,Constitución Española. Es una norma con rango de ley propia del Ejecutivo, lo cual supone la principal diferencia respecto del Decreto Legislativo que, como se sabe, es una facultad delegada a éste por el Parlamento. Podrá ser dictado por el Gobierno cuando exista un presupuesto habilitante que lo justifique, que ha de ser una extraordinaria y urgente necesidad de regulación de esa materia concreta. Se encuentra limitado en cuanto a la materia sobre la que puede versar (se excluye de su ámbito el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general) y se caracteriza por ser una norma provisional que requiere de su convalidación por el Congreso de los Diputados.

El apartado 1 del Art. 86 ,Constitución Española establece que “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”.

Por tanto, se está ante la facultad de dictar normas con rango de ley por parte del Ejecutivo y no, como sucede en el caso de los decretos legislativos, de una delegación a éste por parte del Parlamento. En tanto tienen carácter provisional, deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

Así lo plantea también el Tribunal Constitucional en la Tribunal Constitucional, nº 29/1982, de 31/05/1982, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 238/1981, con el siguiente literal:

“El Gobierno podrá también dictar normas con rango de Ley, previa delegación de las Cortes Generales (Decretos legislativos) o en los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad (Decretos-Leyes), pero esta posibilidad se configura, no obstante, como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y en consecuencia está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman.

Tales requisitos, en cuanto a los decretos-leyes, están recogidos en la C. E., configurando tres bloques definidos: a) la exigencia de que el Decreto-Ley se dicte exclusivamente para afrontar una situación de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86, núm. 1); b) la limitación en cuanto a la materia sobre la que puede incidir un Decreto-Ley, lo que supone el que en ningún caso pueda afectar al ordenamiento de las instituciones básicas de Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la C. E., al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general (art. 86. núm. 1); y c) la necesidad, por último, de que los Decretos-Leyes sean sometidos inmediatamente al Congreso de los Diputados para su debate y votación de totalidad, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, con objeto de que se resuelva por el mismo en cuanto a su convalidación o derogación (art. 86, núm. 2)”.

Presupuesto habilitante del Decreto-ley: “extraordinaria y urgente necesidad”.

La generalidad de la doctrina coincide en entender que la "urgente necesidad" viene dada por la imposibilidad de dar una solución a tiempo a una situación concreta siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Sin embargo, no existe tanta unanimidad sobre el concepto de extraordinaria necesidad. La Tribunal Constitucional, nº 23/1993, de 21/01/1993, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 706/1986., señala que “no hace referencia a necesidades extremadas o absolutas, sino relativas y que se originen dentro del ordinario desenvolvimiento del quehacer gubernamental. Basta con que, de acudirse a la medida legislativa ordinaria, pudiera quebrarse la efectividad de la medida”. 

El presupuesto habilitante del Decreto-Ley, también se encuentra sometido al control de constitucionalidad, tal y como el propio Tribunal Constitucional advierte en la Tribunal Constitucional, nº 29/1982, de 31/05/1982, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 238/1981, Fundamento Jurídico 3: “el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada”.

Materias excluidas de regulación por medio de Decreto-Ley.

Como ya se ha apuntado, los límites materiales vienen establecidos en el apartado 1 del Art. 86 ,Constitución Española, que señala que estas medidas legislativas no podrán afectar: al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Al respecto, el Tribunal Constitucional aclara que:

1º.- La prohibición de afectar a los derechos y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, se extiende a todos los derechos, deberes y libertades regulados en el Título I, no sólo a los de la Sección 1ª del Capítulo II. (Tribunal Constitucional, nº 127/1994, de 05/05/1994, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 1.363/1988 1.364/1)

2º.- El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado ha de interpretarse como todas las "organizaciones públicas" (no las privadas) en función de la reserva de ley a las que están sujetas.

3º.-"Ha de tenerse en cuenta que el art. 86.1 C.E. utiliza un término 'régimen de las Comunidades Autónomas' más extenso y comprensivo que el mero de 'Estatutos de Autonomía', por lo que dicha expresión ha de ser interpretada, como ha dicho la STC 29/1986 'en el sentido de que el Decreto-ley no puede afectar al régimen constitucional de las Comunidades Autónomas, incluida la posición institucional que les otorga la Constitución'. De ese 'régimen constitucional' forman parte los Estatutos, que no pueden ser alterados por un Decreto-ley, pero también se incluyen otras Leyes estatales atributivas de competencias, que forman parte del bloque de constitucionalidad, así como las Leyes atributivas de competencia del art. 150.1 C.E., las Leyes de armonización del art. 150.3, y las Leyes Orgánicas a que se refiere el art. 150.2 C.E. Por tanto, el Decreto-ley no puede regular objetos propios de aquéllas leyes que, conforme al art. 28.1 LOTC hayan sido aprobadas, dentro del marco constitucional, para delimitar las competencias del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. Más allá de ese 'régimen constitucional' el campo normativo de los Decretos-leyes se corresponde con la competencia legislativa del Estado, no existe obstáculo constitucional alguno para que el Decreto-ley, en el ámbito de la competencia legislativa que corresponde al Estado pueda regular materias en las que una Comunidad Autónoma tenga competencias, pero en las que incida una competencia legislativa del Estado, siempre que esa regulación no tenga como fin atribuir competencias o delimitar positivamente la esfera de competencias de las Comunidades Autónomas". (Tribunal Constitucional, nº 23/1993, de 21/01/1993, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 706/1986.)

4ª.- La "prohibición" relacionada con el Derecho electoral general coincide con la reserva de Ley Orgánica a la que se encuentra sometida la materia.

Intervención del Parlamento para la convalidación o derogación del Decreto-Ley.

El apartado 2 del Art. 86 ,Constitución Española establece, como se ha visto, que Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

Así, el procedimiento para la convalidación se encuentra regulado en el artículo 151 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982, que establece lo siguiente:

  • El debate y votación sobre la convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se realizará en el Pleno de la Cámara o de la Diputación Permanente, antes de transcurrir los treinta días siguientes a su promulgación, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del Art. 86 ,Constitución Española. En todo caso la inserción en el orden del día de un Decreto-ley, para su debate y votación, podrá hacerse tan pronto como hubiere sido objeto de publicación en el.

  • Un miembro del Gobierno expondrá ante la Cámara las razones que han obligado a su promulgación y el debate subsiguiente se realizará conforme a lo establecido para los de totalidad. .

  • Concluido el debate, se procederá a la votación, en la que los votos afirmativos se entenderán favorables a la convalidación y los negativos favorables a la derogación. Convalidado un Real Decreto-ley, el Presidente preguntará si algún Grupo Parlamentario desea que se trámite como proyecto de ley. En caso afirmativo, la solicitud será sometida a decisión de la Cámara. Si ésta se pronunciase a favor, se tramitará como provecto de ley por el procedimiento de urgencia, sin que sean admisibles las enmiendas de totalidad de devolución.

  • La Diputación Permanente podrá en su caso tramitar como proyectos de ley por el Procedimiento de urgencia los Decretos-leyes que el Gobierno dicte durante los períodos entre legislaturas.

  • El acuerdo de convalidación o derogación de un Real Decreto-ley se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".

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