La delegación de firma, según la regulación aportada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora del Régimen Jurídico del Sector Público

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

Como señala el Art. 8 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan. 

Como señala el párrafo 2 del apdo. 1 del Art. 8 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

En lo que concierne a la delegación de firma, el Art. 12 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre establece que:

  • Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el Art. 9 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.

  • La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

  • En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

Por su parte, cabe recordar que el apartado 2 del Art. 9 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre establece que en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

  • Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

  • La adopción de disposiciones de carácter general.

  • La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

  • Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

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