Delito de abandono de destino y de omisión del deber de perseguir delitos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 31/10/2019

Los delitos contra la administración pública aparecen regulados bajo la rúbrica de "Delitos contra la administración pública" en el Título XIX, del Libro II, del Código Penal

En este título, se regulan los delitos de:

  • Prevaricación y comportamientos injustos de los funcionarios públicos. (Arts. 404 a 406 CP)
  • Abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos. (Arts. 407 a 409 CP )
  • Desobediencia y denegación de Auxilio. (Arts. 410 a 412 CP)
  • Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. ( Arts. 413 a 418 CP)
  • Cohecho. (Arts. 419 a 427 bis CP)
  • Tráfico de influencias. (Arts. 428 a 431 CP)
  • Malversación. (Arts. 432 a 435 bis CP)
  • Fraudes y Exacciones ilegales. (Arts. 436 a 438 CP)
  • Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones. (Arts. 439 a 444 CP)

El bien jurídico común a todos estos delitos es el correcto ejercicio de ola función pública, esto es, su funcionamiento dentro de la legalidad. Todos tienen en común el quebrantamiento voluntario de las obligaciones contraídas por los servidores públicos integrantes de la Administración Pública. 

 

El artículo 407 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV.

Al que cometa este delito se le impondrá una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente.

Por otro lado, el artículo 408 del Código Penal dispone que la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Por último, el artículo 409 del Código Penal dicta que a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses.

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