Delito de allanamiento de morada

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 08/11/2019

El delito de allanamiento de morada, regulado en el artículo 202 del Código Penal, castiga la entrada en una morada ajena de un particular, sin habitar en ella, y que entra o se mantiene en la misma en contra de la voluntad de su morador. Este delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años.

El artículo 202 del Código Penal regula el delito de allanamiento de morada, consistente en la entrada en una morada ajena de un particular, sin habitar en ella, y que entra o se mantiene en la misma en contra de la voluntad de su morador. Este delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años.

El atentado contra la inviolabilidad del domicilio consagrada en el artículo 18.2 de la Constitución Española, y se encuentra tipificado en el Capítulo II, del Título X del Código, que lleva la rúbrica de allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público.

La determinación del bien jurídico protegido en el delito de allanamiento de morada no esta libre de controversia. Los delitos de allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público están ubicados en el Capitulo II, bajo esta misma rúbrica, y dentro del Título X cuya denominación es delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio. Por ello, manteniendo una postura sencilla se puede decir que el bien protegido debería ser el que cada titulo del Código lleva por rubrica, por lo que el delito protegido en este supuesto seria la inviolabilidad domiciliaria.

Sin embargo, no todas las posturas doctrinales comparten dicha determinación. Algunos autores entienden que el derecho objeto de protección es el domicilio y fundamentan que el derecho objeto de protección es el domicilio y fundamentan dicha aseveración en el artículo 18.2 de nuestra constitución, cuando habla de la inviolabilidad del domicilio, sin que se pueda entrar en el sin el consentimiento del titular. Por ello, consideran que cuando alguien entra en un domicilio de una persona sin el consentimiento de su titular esta agrediendo al derecho a la inviolabilidad del domicilio, entendiéndose éste como el espacio físico en el que se desenvuelve la vida privada. Esta postura se critica en base a la introducción como sujeto pasivo de este delito a las personas jurídicas o a los establecimientos abiertos al público, ya que, en estos supuestos ya no se esta protegiendo la inviolabilidad del domicilio, porque esos establecimientos no pueden ser considerados como morada.

Por otro lado, otro sector de la doctrina mantiene que lo que se trata de proteger en estas figuras delictivas es el derecho a la intimidad contemplado en el artículo 18.1 de la constitución. Con ello se supera la critica que se hacia a la postura anterior, toda vez que, si se entra en domicilio ajeno sin la voluntad de su dueño, el derecho a la intimidad se perturbaría de igual forma tanto si es de un particular, como si es un establecimiento público. El derecho a la inviolabilidad domiciliaria es, por tanto, un instrumento o manifestación del derecho a la intimidad. Ahora bien, no siempre que se entra en un domicilio se hace para atacar a la intimidad de una persona, siendo este un derecho tan personalísimo que no puede atribuirse a personas jurídicas.

En última instancia, la posición mayoritaria se ha decantado por que lo que tratan de proteger estos delitos es la facultad de exclusión que tienen todas las personas titulares de un domicilio o establecimiento abierto al público. Se dice asó, que, si una persona entra en un domicilio ajeno, lo puede hacer por tres motivos:

  • Porque necesita o busque cobijo.
  • Porque quiera o pretenda cometer otro delito diferente, como por ejemplo robar o matar.
  • O que se haga por perturbar o perjudicar a su titular.

El tercer supuesto es lo que se denomina estricto sensu allanamiento de morada. Estos delitos se cometen entre sujetos que tienen el mismo núcleo de convivencia: parejas, familias, amigos, etc.…, aunque no siempre tiene que ser así, lo cierto es que se pretende dar la voluntad de su titular.

Así, podemos concluir que el bien jurídico protegido en el delito de allanamiento de morada es la intimidad de la persona referida al ámbito de la morada, como espacio delimitado en el que la persona desarrolla su personalidad con la facultad de aislarse respecto de terceros.

  • Tipo objetivo

El valor constitucional de la intimidad personal y familiar explica el mayor rigor punitivo con que se protege en el C.P. la inviolabilidad del domicilio de las personas físicas, lo que sugiere que debe ser el derecho de éstas a la intimidad la clave con que debe ser interpretado el art. 202 C.P., de suerte que el elemento objetivo del tipo descrito en esta norma debe entenderse “puesto” siempre que la privacidad resulte lesionada o gravemente amenazada, lo que inevitablemente ocurrirá cuando alguien entre en la vivienda de una persona, cualquiera que sea el móvil que a ello le induzca, sin su consentimiento expreso o tácito.

La conducta positiva de entrar o permanecer en morada ajena ha de realizarse contra la voluntad del morador o del que tiene derecho a excluir, voluntad que puede ser expresa, tácita y hasta presunta.

La conducta típica del delito de allanamiento de morada puede revestir dos modalidades distintas: una activa, consistente en entrar en morada ajena, y una pasiva que se da al mantenerse en la morada contra la voluntad de su morador. Aquí es preciso delimitar una serie de conceptos con el objeto de objetivizar el tipo.

En este sentido, deberá entenderse por entrar la introducción del cuerpo en la morada ajena sin que sea relevante el medio utilizado para ello. Por consiguiente, se excluyen de este concepto, la obtención de fotografías o vídeos del interior de la morada. Respecto de la modalidad omisiva de la conducta típica, deberá entenderse que el sujeto activo ha entrado en el domicilio con la autorización del morador, sin embargo, con posterioridad, este decide que lo abandone obteniendo la negativa del sujeto activo.

Por otra parte, es preciso ofrecer un concepto de morada a los efectos de situar el lugar en el que se produce este delito. En relación con el concepto de morada, se ha entendido como tal todo espacio cerrado destinado a desarrollar de modo efectivo una actividad humana con exclusión de otras personas, y que constituyen actividades propias de la vida privada, de modo que si está temporalmente deshabitada no hay allanamiento, aunque puede haber coacciones, e incluye las dependencias como cuadras o corrales. Este concepto no es equiparable al domicilio, ya que el domicilio legal no requiere necesariamente morar en él, y tampoco se corresponde con el concepto de casa habitada. El título en virtud del cual es ocupada la vivienda resulta irrelevante, por lo tanto, podrá ser un arrendamiento, propiedad, usufructo, etc.

El Tribunal Supremo, en la STS 509/2012, de 19 de junio, entiende por morada cualquier lugar cerrado que en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar sirviendo de habitación o morada a quien en él vive. De esta forma se incluye dentro de este concepto cualquier lugar, cualquiera que sea su condición y característica donde vive esa persona o una familia, sea propiamente domicilio o simplemente residencia, estable o transitoria, incluidas las chabolas, tiendas de campaña, roulotes, etc.... Sin embargo, quedarán excluidos de este concepto, el almacén, una casa abandonada, un garaje, un trastero, la oficina de una empresa, un local comercial o un restaurante.

Cuando la titularidad de la vivienda es compartida por varias personas puede darse el caso de que se produzca un conflicto entre los moradores sobre si dan o no autorización, y en estos casos prima el interés del que no autoriza frente al que sí lo hace.

Así, podemos entender, de acuerdo con los artículos 8.1 del Convenio de Roma de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y el artículo 17 del Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, que para considerarse como morada se tienen que dar tres requisitos:

  • Debe tratarse de un espacio cerrado o acotado, al menos parcialmente de forma y manera que aparezca separado del mundo circundante.
  • De ser un espacio en el que se desarrolle las actividades normales de la vida cotidiana, sea esta actividad de forma permanente o eventual, excluyéndose por tanto aquellos que no son aptos para este desarrollo. Cabe, por tanto, que el delito se cometa en segundas residencias.
  • El último de los requisitos exigidos es el de la legitimidad del uso, en tanto y en cuanto la persona que tiene ese derecho debe proceder de un título que le legitime para ello.

La sentencia STS 731/2013, de 7 de octubre, trata la idea de que solo aquellos inmuebles debidamente regularizados a efectos fiscales son susceptibles de protección penal. En referencia a esto se expresa al decir que el contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art.18.2 CE) no puede obtenerse a partir de una concepción topográfica del espacio en el que se desarrollan las funciones vitales.

De esta forma, y siguiendo la definición antes dicha que aporta el Tribunal Supremo sobre la morada, se resalta la vinculación del concepto de domicilio con la protección de esferas de privacidad del individuo, lo que conduce a ampliar el concepto jurídico civil o administrativo de la morada para construir el de domicilio desde la óptica constitucional, como instrumento de protección de la privacidad.

Encontrarán la protección dispensada al domicilio aquellos lugares en los que, permanente o transitoriamente, desarrolle el individuo esferas de su privacidad, alejadas de la intromisión de terceros no autorizados.

Como también se ha dicho en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 7 de noviembre de 1997, el derecho fundamental a la intimidad persona se concreta en la posibilidad de cada ciudadano de erigir ámbitos privados, es decir, que excluyen la observación de los demás y de las autoridades del Estado.

Consecuentemente, la protección del domicilio no es sino un aspecto de la protección de la intimidad que sirve al libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, el cumplimiento de determinados requisitos administrativos, a efectos registrales, no añade un signo distintivo sin cuya concurrencia deba quedar en suspenso la protección constitucional del círculo de privacidad que cada ciudadano dibuja como frontera de exclusión frente a los poderes públicos y a terceros.

En cuanto al consentimiento que eximiría a la acción de responsabilidad penal, como se observa en la STS 692/2014, de 29 de octubre, no puede reputarse válido el emitido a consecuencia de una falacia urdida con toda clase de detalles para embaucar a los moradores, haciéndoles creer que actuaba con propósito lícito.

Para la consumación de este delito será necesario que concurran dos circunstancias. La primera consiste en entrar en una morada ajena con la conciencia y voluntad de querer hacerlo a sabiendas de que su titular no le autoriza. Esto se trata de una conducta dolosa en la que el sujeto activo tiene que saber que la morada es ajena y que su titular no autoriza a entrar, y por supuesto, que este sujeto no tenga ningún titulo que lo legitime a ello.

Y, en segundo lugar, consecuencia de la anterior, consiste en que el titular no lo autorice. Esa autorización puede ser expresa o tácita a través de hechos concluyentes e inequívocos. El delito se consuma cuando se entra en morada ajena, apreciándose la tentativa cuando se entra, pero se han ejecutado actos tendentes a ese fin.

  • Tipo subjetivo

El delito de allanamiento de morada no exige un elemento subjetivo específico, por lo que es suficiente que con que se “ponga” el tipo objetivo con conciencia de que entra en un domicilio ajeno sin consentimiento de quienes pueden otorgarlo y sin motivo justificante que puede subsanar la falta de autorización, pues dicha conciencia necesariamente comporta la de que se invada el espacio en que otras personas viven sin sujeción a los usos y convenciones sociales y ejerciendo su más íntima libertad.

La conducta positiva de entrar o permanecer en morada ajena, que de realizarse en contra de la voluntad del morador o del que tiene derecho a excluir, voluntad que puede ser expresa, tácita o hasta presunta. De esta forma queda claro que no tiene que ser expresa y directa, bastando con que lógica y racionalmente pueda deducirse de las circunstancias del hecho de otros antecedentes, exigiendo solamente el dolo genérico de entrar o mantenerse en morada ajena en contra de la voluntad del morador, sin requerirse la presencia de ningún otro especial elemento subjetivo del injusto, bastando con la conciencia de la ajeneidad de la morada y de la ilicitúd de la acción.

Un caso que merece la pena tratar es el de la ya vista STS 692/2014, de 19 de octubre, al hablar sobre la pretendida ausencia del elemento subjetivo del injusto, el hecho de que el sujeto activo sostenga que la entrada en la vivienda no tenía sustantividad propia y si se hizo no fue porque se pretendiera allanar, sino que se imponía para lograr la exigencia de obtener una documentación, argumento que carece de fundamento.

El propósito que persiguiera no se prevé en el tipo penal y resulta indiferente, basta con que el sujeto activo fuera consciente de que se introducía en una casa ajena sin consentirlo sus moradores, para la finalidad que fuera, y lesionaba de este modo la esfera de privacidad de los titulares de la vivienda.

El acusado era consciente de que sin el consentimiento del propietario o titular del disfrute de la morada se introducía en la misma atacando su derecho a la intimidad. En definitiva, el autor del hecho se percata de que entra en domicilio ajeno sin un motivo lícito que lo justifique o que pueda cubrir la falta de autorización, lo que comporta la invasión del espacio en que otras personas viven sin sujeción a los usos y convenciones sociales y ejerciendo su más íntima libertad.

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Dolo
Tipo penal
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