El delito de injurias

El artículo 208 del C.P. regula el delito de injurias, consistente en la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173.

El artículo 209 marca la pena para las injurias graves hechas con publicidad castigándolas con la pena de multa de seis a catorce meses, y, en otro caso, con la de tres a siete meses cuando no tengan dicha publicidad.

Las injurias que consistan en la imputación de hechos, no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

En este delito nos encontramos con unanimidad en la jurisprudencia en considerar que el bien jurídico protegido es el honor de las personas, derecho fundamental que reconoce el art 18.1 de la Constitución.

Sin embargo, donde si encontramos controversia respecto a lo que debe entenderse por honor, y que amplitud debe darse al término personas.

Respecto al concepto de honor, el Tribunal Supremo le otorga una doble definición. Por una parte, el concepto fáctico, objetivo o aparente que consiste en la representación o consideración que los demás tienen en las cualidades de una persona, constituidas por la reputación y la fama que la persona tenga en la sociedad.

Por otra parte, aporta el concepto subjetivo e inmanente de honor que se concreta en el aspecto anterior, esto es, en la estimación de cada persona hace de sí mismo. El concepto normativo de honor se concreta en el aspecto interior, esto es, en la dignidad de la persona, respeto que toda persona merece por el simple hecho de ser persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad.

En la actualidad, la doctrina mayoritaria maneja un concepto normativo-fáctico de honor, lo que significa que se parte del concepto normativo, pero se tiene en cuenta también los aspectos exteriores, como la fama o la reputación. Lo que se trata es de garantizar el respeto a la dignidad en el contacto social, pues, la determinación de la medida de la lesión sólo es posible en el marco de los contactos sociales en los que se pretende el respeto por la dignidad personal. Por ello se puede decir que él honor tiene un condicionamiento social.

Así, se entiende que el honor ha de referirse a la dignidad de la persona por el mismo hecho de serlo, por lo que también es necesario que se determine el alcance y contenido del término persona, distinguiendo entre las personas físicas y las jurídicas.

En relación a la persona física, queda claro que cualquier persona tiene derecho al honor y, en si caso, a la protección penal de su dignidad. Con esto quiere decirse que el término persona abarca a todas ellas, con independencia de que sean mayores o menores de edad. Eso sí, la persona tiene que estar viva, ya que la persona fallecida no puede ser titular del derecho al honor que es un derecho personalísimo que se extingue con la muerte. Diferente es el caso en el que dicha ofenda trascienda a los herederos o descendientes, en cuyo caso estarían legitimados por trascenderles el resultado de la acción que afecta a su honor.

En relación a la persona jurídica no hay excesivos problemas para reconocer que las personas jurídicas tienen honor, ya que, si el honor lo reconducimos al aspecto externo del prestigio y la fama, las personas jurídicas pueden ser merecedoras de prestigio y fama y por tanto sujeto del delito de injurias.

• Libertad de expresión

La libertad de expresión no es, en suma, un derecho fundamental absoluto e ilimitado, sino que tiene lógicamente, como todos los demás, sus límites, de manera que cualquier expresión no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional, toda vez que el artículo 20.1 a) de la constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto.

En consecuencia a esto, el Tribunal Supremo ha declarado repetidamente (como en la STS 79/2018, de 15 de febrero) que quedan fuera de la protección constitucional del artículo 20.1 a) de la constitución las expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas, es decir, las que en las concretas circunstancias del caso sean ofendidas u oprobiosas.

En la ponderación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al honor, en este caso, de la Institución de la corona, es doctrina constitucional, constante desde la STC 107/1988, de 8 de junio de 1988, que, para decidir cuál prevalece en el caso concreto es determinante comprobar si en la manifestación de la idea su opinión, sea de palabra o por medio de la acción, se han añadido expresiones injuriosas por innecesarias para la expresión pública del pensamiento que se trata de manifestar o expresiones o acciones que son formalmente injuriosas.

En cambio, la libertad de expresión puede ser protegida en caso de que las libertades se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y contribuyan, en consecuencia, a la formación de la opinión pública, alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información, en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derecho subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática.

Por el contrario, la eficacia justificadora de dichas libertades pierde su razón de ser en el supuesto de que se ejerciten en relación con conductas privadas carentes de interés público y, cuya difusión y, enjuiciamientos públicos son innecesarios, por tanto, para la formación de la opinión pública libre en atención a la cual se les reconoce su posición prevalerte.

Y, es que los derechos fundamentales son valores objetivos y esenciales del Estado democrático y como tales están dotados de un valor superior y de eficacia irradiante, lo que pone de relieve la necesidad insoslayable de su ponderación para establecer, en cada caso, si el ejercicio de la libertad de expresión ha supuesto lesión del derecho al honor y, en caso afirmativo, si esa lesión viene o no justificada por el valor prevalente de tales libertades, ya que la dimensión constitucional del conflicto convierte en insuficiente el criterio subjetivo del “animus iniurandi” tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos.

El debate se traslada a un distinto plano, en el que no se trata de establecer si el ejercicio de la libertad de expresión ha ocasionado una lesión al derecho al honor penalmente sancionable, sino determinar si tal ejercicio opera o no como causa excluyente de la antijuricidad. El problema de la preferencia del derecho al honor o a la libertad de expresión se tiene que resolver en el ámbito de la justificación, o sea, de la antijuricidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha apostado por la libertad de ex- presión como preferente y mantiene que cualquier injerencia en ella debe responder a una necesidad social imperiosa, estar proporcionada con la legítima finalidad pretendida y justificarse por motivos que no sólo sean meramente razonables, sino aplicables y suficientes. En consonancia con esta doctrina se impone elevar las cotas máximas de protección a la libertad de expresión cuando ésta se manifiesta en el curso de una confrontación política.

• Exención

El artículo 210 del Código Penal dicta que el acusado de injurias quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas.

Así se entiende que en el supuesto de que la expresión o la manifestación realizada por el sujeto activo fuera veraz, esta quedaría exenta de responsabilidad penal. Para ello deberíamos distinguir entre dos situaciones diferentes.

Si la injuria se dirige a particulares, la regla general es que la exceptio veritatis no sea aplicada en este caso. En cambio, si la injuria se dirige contra funcionarios públicos sobre hechos relativos al ejercicio de sus cargos o a la comisión de infracciones administrativas, en el supuesto de que pueda probarse la veracidad de dichos hechos el acusado quedará absuelto.

La ley deja claro que el sujeto pasivo de la injuria deber ser funcionario público, con lo que el legislador pretende proteger el normal y correcto desempeño de la función pública de tal manera que un comentario injurioso o atentativo contra el honor personal de quien desempeña funciones públicas queda exento de responsabilidad si se prueba la veracidad de la imputación realizada.

En definitiva, la exclusión de responsabilidad se refiere únicamente a los comentarios atentatorios contra el honor de funcionarios públicos por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos.

• Responsabilidad civil de los delitos de calumnias e injurias

El artículo 212 del C.P. dicta que en los casos a los que se refiere el artículo 211, será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria.

El artículo 211 dispone que las calumnias y las injurias se reputaran hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante.

Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo, en la STS 607/2014, de 24 de septiembre, condena como responsable civil subsidiario un Ayuntamiento ya que los hechos se cometieron en el desarrollo de un servicio que a dicha entidad compete prestar y controlar.