Delito de manipulación para alterar el precio de las cosas

Delito de manipulación de los precios de mercado: regulación y bien jurídico protegido

El art. 284 del CP tipifica la manipulación para alterar el precio de las cosas como uno de los delitos relativos al mercado y a los consumidores. El citado precepto fue reformado por la LO 1/2019, de 20 de febrero, a fin de incorporar lo establecido en la Directiva 2014/57/UE del parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado), y reforzar la tutela penal del libre funcionamiento de los mercados financieros y la confianza de los inversores.

La reforma operada por la por la LO 1/2019, de 20 de febrero, amplía el objeto material del delito, que pasa a englobar no solo productos, mercancías y valores, sino también instrumentos financieros, contratos de contado sobre materias primas e índices de referencia, acorde con la integración de la normativa sectorial europea y la sofisticación de los mercados.

Los bienes jurídicos protegidos por el delito del art. 284 del CP son:

• inmediatamente, la integridad de los mercados y la confianza de los inversores, y
• de forma mediata, el patrimonio individual.

Así lo reconocen:

• El preámbulo de la LO 1/2019, de 20 de febrero: «(...) no se configura tanto en atención al contenido patrimonial o al propio orden socioeconómico, como a la integridad de los mercados y la confianza de los inversores que actúan en ellos»
• La jurisprudencia del Alto Tribunal, en STS n.º 867/2002, de 29 de julio, ECLI:ES:TS:2002:8984, que señala que «Actualmente el delito tiene un perfil más amplio y se centra en torno a la protección del mercado y los consumidores como bienes relevantes, que tienen incluso un reflejo constitucional en los artículos 38 y 51».

Conductas típicas y elementos objetivos

El artículo 284 del CP contiene un tipo básico y varios subtipos agravados, todos ellos dolosos.

Acción típica del tipo básico

El tipo básico (art. 284.1 CP)  se estructura en tres modalidades alternativas.

1.- Manipulación clásica de precios «Empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio, alterasen los precios que hubieren de resultar de la libre concurrencia…». En este caso, la acción típica consiste en actuar sobre el mercado o sus operadores empleando violencia, intimidación, engaño u otros artificios (actos fraudulentos o coactivos), con la finalidad de alterar los precios que deberían formarse libremente en el mercado de:

• Productos.
• Mercancías.
• Instrumentos financieros.
• Contratos de contado sobre materias primas relacionadas.
• Índices de referencia.
• Servicios.
• O cualquier otro bien objeto de contratación.

En síntesis, supone interferir ilegítimamente en la formación competitiva del precio.

2.- Difusión de noticias o rumores o la transmisión de señales falsas o engañosas ofreciendo datos económicos total o parcialmente falsos con el fin de alterar o preservar el precio de cotización o de manipular el cálculo de un índice de referencia. Para que la conducta sea punible, ha de concurrir alguna de las circunstancias previstas en las letras a), b) o c) del número 1.2.º del art. 284.1 del CP:

«a) que, como consecuencia de su conducta obtuviera, para sí o para tercero, un beneficio superior a quinientos mil euros o causara un perjuicio de idéntica cantidad;

b) que el valor de los instrumentos financieros empleados fuera superior a dos millones de euros;

c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado».

3.- La tercera modalidad consiste en:

• Realizar operaciones de mercado manipulativas, como transacciones, transmisión de señales falsas o engañosas, u órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios falsos o engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio.
• Asegurarse una posición dominante en el mercado mediante información falsa para fijar sus precios en niveles anormales o artificiales.

Para que la conducta sea punible, ha de concurrir alguna de las circunstancias previstas en las letras a), b) o c) del número 1.3.º del art. 284.1 del CP:

«a) que como consecuencia de su conducta obtuvieran, para sí o para tercero, un beneficio superior a doscientos cincuenta mil euros o causara un perjuicio de idéntica cantidad;

b) que el importe de los fondos empleados fuera superior a dos millones de euros;

c) que se causara un grave impacto en la integridad del mercado».

A TENER EN CUENTA. Las cuantías fijadas en el art. 284 del CP establecen el umbral por debajo del cual la acción carecería de relevancia penal, constituyendo infracción administrativa en lugar de delito. Esto ha generado un debate en nuestra jurisprudencia la naturaleza y función de estas cuantías mínimas, existiendo un sector doctrinal que las considera una condición objetiva de punibilidad y otro que las concibe como un elemento objetivo del tipo.

Según la STS n.º 491/2019, de 22 de julio, ECLI:ES:TS:2019:2499, «(...) quienes defienden la tesis de una condición objetiva de punibilidad, en principio afirman la impunidad de las formas imperfectas de ejecución», mientras que quienes consideran la cifra como resultado del delito «(...) admiten la punibilidad de la tentativa, requieren la existencia de un nexo causal entre el resultado y el uso de la información y que ese resultado sea abarcado por el dolo del sujeto». La sala profundiza en ambas posturas en los siguientes términos:

«La jurisprudencia, cuando ocasionalmente se ha pronunciado, se ha decantado por entender que nos encontramos ante una condición objetiva de punibilidad; así las SSTS núm.4.216/1990 de 27 de diciembre , 38/2005, de 28 de enero , 643/2005 de 19 de mayo , 571/2006 de 21 de abril y 160/2009 de 12 de febrero , respecto del delito contra la Hacienda Pública; o las SSTS núm. 1156/1997, de 29 de septiembre , 435/2002 de 1 de marzo , 514/2002 de 29 de mayo , 2052/2002, de 11 de diciembre , 830/2003 de 9 de junio , 1030/2013, de 28 de noviembre , respecto del delito de fraude de subvenciones; o la STS núm. 646/2014, de 8 de octubre respecto del delito de contrabando.

Donde, es cierto que de manera sucinta, enfatizan la finalidad de la condición objetiva de punibilidad de diferenciar el delito de la infracción administrativa, de modo que cuando este tipo de conductas antisociales no superen la cuantía mínima establecida como condición objetiva de punibilidad, la respuesta del Estado frente a las mismas se relega al Derecho administrativo sancionador.

No obstante, también existe algún pronunciamiento en contra, como la 974/2012 de 5 de diciembre que predica del resultado, la cuantía de la cuota, su condición de elemento del tipo objetivo, fundamentado en que (...) no basta para fundamentar el injusto el mero incumplimiento del deber, sino que requiere el desvalor cualificado del resultado».

Subtipos agravados

El apartado 2 del art. 284 del CP no crea una conducta nueva, sino que agrava las del apartado primero cuando concurre al menos una de estas dos circunstancias:

1.ª Habitualidad del sujeto en las prácticas abusivas descritas en el apartado primero. En este caso, la conducta típica no se reduce a un acto aislado, sino que constituye un modus operandi estable y reiterado de abuso de mercado. Como ejemplos de esta práctica pueden citarse:

a) El del operador o intermediario que, campaña tras campaña, lanza sistemáticamente noticias falsas para subir/bajar el precio de una acción y lucrarse o evitar pérdidas.

b) El de la sociedad que incorpora de forma estructural en su estrategia la colocación de órdenes falsas para dar apariencia de oferta o demanda y mover precios, una y otra vez.

c) El de un grupo empresarial que se coordina cada trimestre para pactar precios o difundir información verosímil pero falsa, afectando cotizaciones o índices.

2.ª Notoria importancia del resultado: obtención de un beneficio muy elevado, evitación de una pérdida muy significativa o causación de un perjuicio de gran magnitud a terceros o al mercado. Aquí la acción base es la misma (manipular precios/mercado), pero es el resultado económico lo que la agrava. Toda vez que la ley no fija una cifra, se valorará en cada caso el volumen operado, el impacto en patrimonio de inversores, la dimensión del mercado afectado, etc.

El apartado 3 agrava el delito cuando el autor tiene una posición profesional especialmente relevante en el mercado: «Si el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora, o entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación (...)». De nuevo, la conducta típica será una de las tres descritas en el apartado primero del art. 284 del CP, basándose la agravación en quién ejecuta las acciones y en qué contexto. El mayor reproche de la conducta viene motivado porque la acción de manipulación se ejecuta desde dentro del sistema financiero, por sujetos fiduciarios o con deberes reforzados de lealtad y control. Como ejemplos de esta práctica pueden citarse:

a) El de un analista, trader o directivo de una entidad de servicios de inversión que lanza recomendaciones o informes falsos para mover el precio de un valor que negocia la propia entidad.

b) El de un empleado de un banco que, con acceso a información privilegiada sobre una emisión o situación financiera, difunde datos falsos para alterar cotización o índices, beneficiando al banco o a terceros.

c) el de un trabajador de un mercado regulado que manipula órdenes o sistemas (prioridades, casación, precios de cierre) para fijar precios artificiales.

d) El de un empleado de una autoridad supervisora que, conociendo procedimientos sancionadores, difunde o deja circular información falsa para alterar expectativas del mercado.

Marco penológico

• Tipo básico: prisión de 6 meses a 6 años, multa de 2 a 5 años, o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido, o de los perjuicios evitados (si mayor), e inhabilitación especial de 2 a 5 años para intervenir en el mercado financiero.
• Subtipos agravados: la misma pena en su mitad superior.

A TENER EN CUENTA. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer este delito —conforme a la LO 1/2019— se castigan con la pena inferior en uno o dos grados (artículo 285 quater del CP) .

Elemento subjetivo

Es imprescindible el dolo, tanto directo como eventual, respecto de la alteración del precio o la manipulación del mercado, debiendo el sujeto ser conocedor de la falsedad y tener voluntad de incidir en la formación de precios.

Diferencias con delitos afines

El delito del art. 284 del CP debe distinguirse del tipificado en el art. 262 del CP, que castiga la alteración de precios en concursos o subastas públicas, mediante la solicitud de dádivas, amenazas, abandono, colusión o cualquier artificio, con prisión de 1 a 3 años, multa de 12 a 24 meses, e inhabilitaciones especiales). Si el fraude afecta a contratos con administraciones públicas, se sanciona también a la persona o empresa representada (inhabilitación para contratar con el sector público).

También conviene distinguir el delito de manipulación para alterar precios del art. 284 del CP de los delitos contra la información financiera (art. 290 del CP) , la estafa de inversores (art. 282 bis del CP) o la utilización de información privilegiada (art. 285 del CP) , pues cada uno tutela un bien específico y responde a una lógica diferenciada.

CUESTIÓN

¿La difusión de rumores falsos en redes sociales o foros de inversión sobre una cotizada en bolsa podría encajar en el artículo 284 del CP aunque el origen no sea un medio periodístico tradicional?

Sí. De acuerdo con la STS n.º 369/2019, de 22 de julio, ECLI:ES:TS:2019:2499, y el sentido finalista del artículo 284 del CP, el concepto de «medio de comunicación» se interpreta ampliamente e incluye cualquier canal tecnológico o digital apto para alcanzar a potenciales inversores. La conducta típica se extiende así a la manipulación informativa que se difunda por internet, chats, redes sociales, foros financieros, etc. Según la sentencia: «Puede plantearse si la referencia a un medio de comunicación debe interpretarse de un modo estricto excluyendo la utilización de otros medios que, aunque sirvan para comunicar, no quedan incluidos en aquel concepto. No parece haber razones para esa interpretación restrictiva, por lo que, por medio de comunicación, debe entenderse cualquiera que permita hacerla efectiva».

JURISPRUDENCIA

STS n.º 575/2004, de 11 de mayo, ECLI:ES:TS:2004:3167

«El delito aplicado previsto en el antiguo artículo 540  C.P.  1973 y hoy tipificado en el 284, dentro de la sección correspondiente a los delitos relativos al mercado y a los consumidores, castiga a los que, difundiendo noticias falsas o tendenciosas, empleando violencia, amenaza o engaño, o usando de cualquier otra maquinación intentaren alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, monedas, títulos o valores, o cualesquiera otras cosas, muebles o inmuebles, que fueren objeto de contratación (el Texto vigente tiene variaciones pero mantiene sustancialmente la descripción anterior). Se trata de un delito de simple actividad cuyo bien jurídico protegido no es el patrimonio particular de una persona en concreto sino la libre formación de los precios según las leyes del mercado. Ciertamente existe una legislación administrativa paralela que se ocupa de la competencia y que solapa en gran medida las previsiones del Código Penal (Ley 16/89 de Defensa de la Competencia, Leyes 24/88 y 09/91 sobre el Mercado de Valores o Ley 03/91 de Competencia Desleal). La doble incriminación penal y administrativa obliga a determinar cuando se aplicará la primera, que en todo caso es preferente. La pauta para ello está precisamente en los medios empleados para desplegar la actividad ilícita, es decir, la difusión de noticias falsas, el empleo de amenazas o engaño o como con mayor precisión señala el Texto vigente, además de lo anterior, utilizar información privilegiada, suprimiendo la referencia genérica y por ello insegura a usar de cualquier otra maquinación. En el presente caso, desde el punto de vista del tipo objetivo, concurre el medio comisivo del engaño presente en la acción delictiva, como razona la Audiencia Provincial, e igualmente concurre el objeto de la actividad o de la acción, debiendo subrayarse a este respecto no sólo que la relación contenida en el precepto es ejemplificativa según alguna Jurisprudencia sino que los contratos de obras públicas deben ser considerados equivalentes a estos efectos a los de servicios públicos y considerados cosas muebles ex artículo 336  ;C.C.. Por lo demás, es evidente que mediante la ficción desplegada por los recurrentes, haciendo creer que se cumplían los requisitos administrativos atinentes a las empresas licitadoras, cuando en realidad existía connivencia entre ellas, se alteraron las leyes del mercado impidiendo la participación de otras empresas independientes, constituyendo ello la consumación del delito, siendo indiferente que como resultado la alteración de los precios fuese al alza o a la baja, pues de lo que se trata es de obstaculizar su libre formación mediante el empleo de los medios descritos en el precepto ( ver S.S.T.S. 26/10/88, 549/97, que cita la anterior, o más recientemente la 504/03)».

STS n.º 504/2003, de 2 de abril, ECLI:ES:TS:2003:2278

«Denuncia en este motivo el error de derecho producido en la sentencia al aplicar indebidamente el art. 540 del Código Penal (1.973) correspondiente con el art. 284 del Código de 1.995. El recurrente afirma que la conducta declarada probada no es típica del delito de maquinación para alterar los precios, pues no existía el deber ni la obligación normativa de incluir a otras empresas a la realización de algún trabajo. El motivo se desestima. El que no existiera una norma sobre la contratación con el Ayuntamiento no quiere decir que adoptado el Acuerdo de ofrecer en licitación a las empresas del sector la realización de la obra con la finalidad de adjudicarla a la empresa que ofertara su realización por menor precio no supusiera ya la existencia de un mecanismo de fijación de precios que el recurrente, mediante engaño, haciendo figurar la aparente concurrencia de empresas en realidad ficticias, o comunicando datos esenciales para la definitiva adjudicación, alteraba los precios de los servicios maquinando sobre su fijación de acuerdo a la práctica existente».