Delito de ocultación de bienes

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 28/10/2019

Este delito se encuentra tipificado en el artículo 258 del Código Penal.

Este delito se tipifica en el artículo 258 del Código Penal, en el que se establece que será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.

Bien jurídico protegido

El bien tutelado por este precepto penal es el derecho de crédito del acreedor sobre el patrimonio del deudor. El deudor se encuentra afectado al cumplimiento de sus obligaciones en los términos redactados en el art. 1911 CC, es decir, la responsabilidad universal del deudor, que deberá responder con todos sus bienes presentes y futuros ante las deudas contraídas, reforzado en el ámbito penal mediante la sanción de acciones voluntarias por su parte para colocarse en una posición de insolvencia.

Tipo objetivo

La Exposición de motivos de la LO 1/2015 de 30 de marzo, en relación a los delitos comprendidos en el Capítulo dedicado a la “frustración de la ejecución”, señala que dentro de estos delitos se incluyen, junto al delito de alzamiento de bienes, dos nuevas figuras delictivas que están llamadas a completar la tutela penal de los procedimientos de ejecución y con ello del crédito, y que son habituales en el Derecho comparado: de una parte, se tipifica la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, y de otra, la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad.

Tras la reforma del CP operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, la actual redacción del art. 258 busca sancionar las conductas de aquellos deudores que incursos en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, oculten sus bienes. Se trata de facilitar los embargos, y con ello, la realización del crédito, que guarda relación con lo previsto en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil relativo a la manifestación de bienes del ejecutado en el que se establece que salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el tribunal requerirá, mediante providencia, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título, y que el requerimiento al ejecutado para la manifestación de sus bienes se hará con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren.

Ahora se refuerza el deber mencionado mediante la comisión del delito enunciado, para le que deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio.

Por otro lado, en la sentencia 190/2017, Audiencia Provincial de Castellón, Sección 2ª, de 6 de julio, hace hincapié en la importancia de no perder de vista el objetivo perseguido a la hora de analizar el contenido del mandato desobedecido. Este objetivo es satisfacer el crédito ejecutado, poniendo de manifiesto la existencia de bienes liquidables suficientes para cubrir la suma adeudada, posibilitando, al mismo tiempo, una traba ordenada de los bienes realizables, siguiendo el orden de embargo previsto en el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De esta manera, cuando el deudor es insolvente, no importa la finalidad de la norma, haga o no mención expresa sobre su insolvencia, ya que lo que constituye una conducta sancionable es la ocultación deliberada de los bienes, tratando de sustraerlos a la ejecución iniciada, no habiendo obstado, además, en el caso de autos, el silencio del acusado a la efectiva investigación judicial de su patrimonio, acordada en el propio Auto en que, despachando la ejecución, se acordaba requerirle.

En el caso tratado, es necesario atender a las circunstancias concretas:

  • En primer lugar, si bien es cierto que el requerimiento se le efectuó de forma personal, faltó la imposición de la sanción pecuniaria tras el mismo.
  • En segundo lugar, que de la documentación obrante en autos se desprende, que la empresa carecía de bienes, lo cual hace que no sea en absoluto descartable que el acusado creyera de buena fe que no debía hacer explícita declaración de su insolvencia al verse requerido, faltando con ello el inexcusable elemento subjetivo de este tipo penal, que exige del cabal conocimiento de la obligación que, a sabiendas, se desobedece.

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Ocultación de bienes
Tutelado
Derecho de crédito
Responsabilidad universal
Ocultación
Bienes presentes y futuros
Tutela
Depositario
Desobediencia grave
Comisión del delito
Insolvencia
Mandato
Orden de embargo
Sanciones pecuniarias
Buena fe
Tipo penal

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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