Delito de ocupación pacífica de bienes inmuebles

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 23/10/2020

Artículo 245.

1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado.

2. El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

El artículo 245 del C.P. comprende dos conductas típicas. En la conducta aportada por el párrafo 1º de este artículo, se utilizan dos verbos: "ocupar" un inmueble con violencia o intimidación, y "usurpar" un derecho real. Así pues, tanto en un caso como en el otro se requiere la apropiación de la cosa, así como una coetánea desposesión del inmueble o del derecho real.

Por otro lado, la segunda conducta de la usurpación es la ofrecida por el párrafo segundo de este artículo y recibe el nombre de la ocupación "pacífica" de los bienes inmuebles. Esta es un tipo atenuado en el delito de usurpación en el que no media violencia ni intimidación en la ocupación.

La legislación anterior no regulaba esta figura, ya que solo castigaba la ocupación que se realizaba con violencia o intimidación, por consiguiente, no estaba penalizada recibiendo el tratamiento de coacciones o amenazas hasta la promulgación del Código Penal de 1995. Sin embargo, la naturaleza de la ocupación impedía que pudiera ser incluida en las amenazas o en las coacciones, lo que derivó en la creación del 245.2 del Código Penal para sancionar la conducta de los llamados "okupas".

Esta modalidad delictiva admite la ocupación por cualquier método e incluye incluso el forzamiento de cerraduras o candados, porque lo relevante, a los efectos de protección, es que se trate de locales o viviendas no habitadas (y que no media violencia ni intimidación). (STS Nº 143/2011, de 2 de marzo de 2011. ECLI:ES:TS:2011:1852 )

En la STS Nº 1318/2004, de 15 de noviembre de 2004, ECLI:ES:TS:2004:7355 , en relación con el caso del recurso interpuesto ante dicho tribunal, se señala que la infracción penal no pudo existir porque faltan dos elementos del tipo del art. 245.2:

"A) Se exige en esta norma que la ocupación se haga "sin autorización debida" y tal autorización existe por lo dispuesto en los arts. 1.3 y 38 de nuestra Ley Hipotecaria que consagra el llamado principio de legitimación registral en virtud del cual "a todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo" (art. 38). Una vez inscritos en el Registro de la Propiedad los bienes inmuebles del casco urbano de Valdelavilla, lo que ocurrió el 10.1.96 (pág. 10 de la sentencia recurrida), fueron legítimamente ocupados por el Ayuntamiento de San Pedro Manrique y, después, tras la subasta pública referida, por "Soria Tierras Altas. S.A.".

B) El mantenimiento en la ocupación ilegítima de los bienes inmuebles, según el propio texto del citado art. 145.2, ha de realizarse "contra la voluntad de su titular". Y la sentencia recurrida dice y repite (fundamento de derecho 1º) que los querellantes, que se afirman propietarios de determinadas casas del casco urbano de Valdelavilla no han "acreditado la existencia de título auténtico alguno sobre el que pudieran fundar su derecho" ni tampoco "han realizado actos indubitados o de cualquier clase de posesión", como "tampoco consta el abono o pago de algún tipo de contribución o impuesto, a lo largo de los años, por sus reclamadas propiedades" (pág. 12), añadiendo a continuación que "tampoco podemos fundar convicción alguna en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e instrucción nº 1 de esta ciudad, en fecha 9 de diciembre de 1998, en el Procedimiento verbal nº 378/96, pues la misma fue revocada por la de esta Sala de fecha 9 de febrero de 1999-S-A.P. Soria nº 28/99-, al apreciar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, habiendo renunciado los demandantes, al menos de momento, a esta vía civil que es la que entendemos podía haber dado satisfacción a sus pretensiones, y así parece que lo entendieron en un principio.". Es decir, no consta que las personas que vienen ejercitando la acusación particular en el presente proceso, que son las que se han opuesto a la propiedad y posesión de tales bienes inmuebles en este caso, sean titulares de alguno de éstos, por lo que hay que entender que falta también en los hechos que estamos examinando este otro elemento del tipo de delito del art. 245.2 CP".

Una vez visto esto, merece la pena adentrarnos en el supuesto de la sentencia antes citada, la STS 800/2014, de 12 de noviembre. En ella, el recurrente alega que los hechos no revisten la suficiente gravedad para fundamentar una condena por delito, y que la perturbación posesoria es ocasional, sin vocación de permanencia y de poca intensidad, por lo que debe considerarse atípica. El Tribunal entiende que la argumentación sería válida si efectivamente nos encontrásemos ante una ocupación ocasional, esporádica, sin vocación de permanencia, como sería una que durase un breve periodo temporal, como sería el necesario para obtener la repercusión social que fundamentaba la usurpación realizada. Sin embargo, en el actual caso se superó ampliamente dicha naturaleza de acto simbólico que tuvo inicialmente como protesta social, para convertirse en una ocupación que como los propios ocupantes calificaban iba a ser permanente o indefinida, y que duraría hasta que consiguiesen sus reivindicaciones.

Por otra parte, el recurrente también alega que se trataba de un inmueble que no pertenecía a un particular, sino a la Administración Pública, que dispone de facultades de autotutela para recuperar sus bienes, sin que en el caso actual hubiese hecho uso de las mismas. El Tribunal tampoco acepta dicha alegación, ya que el hecho de que la Administración Pública disponga de facultades de autotutela (procedimiento prevenido en el al artículo 41 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas para la recuperación de la posesión indebidamente perdida sobre sus bienes y derechos) no resulta relevante para despenalizar una conducta que reviste los caracteres necesarios para su subsunción en uno de los tipos expresamente recogidos en el Código Penal.

Por último, se establece que, tampoco excluyen la tipicidad del hecho las alegaciones de la parte recurrente realizadas desde la perspectiva subjetiva, al estimar que no concurre un ánimo específico de detentación exclusiva del inmueble, pues los condenados solo pretendían realizar un acto pacífico de protesta social. Esto se debe a que lo que exige la realización del tipo, desde el punto de vista subjetivo, es la concurrencia de dolo, es decir, el conocimiento de la ajeneidad del inmueble y de la ausencia de autorización del titular del bien para la ocupación de este, unido a la voluntad de afectación del bien jurídico tutelado por el delito, es decir la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada. De esta forma, este elemento concurre cuando consciente y voluntariamente se supera la naturaleza de acto simbólico que la ocupación tenía inicialmente como protesta social para convertirse en una ocupación permanente y indefinida que necesariamente perturba la posesión del titular.

Otro supuesto de esta modalidad delictiva de usurpación pacífica de inmuebles es el de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Nº 407/2016, de 3 de junio, ECLI:ES:APM:2016:8968

La AP de Madrid resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia en la que se condenaba a una mujer como autora de un delito del art. 245.2 del C.P. por ocupar una vivienda, junto con su hijo, durante más de dos años, de la que no tenía ningún título válido en derecho que justificara su residencia en la misma y sin que abonara ninguno de los gastos. Además, se le condenaba al desalojo del inmueble ocupado.

La condenada alegaba en su recurso de apelación, error en la apreciación de la prueba, "dado que no se ha tenido en consideración la documental aportada en el acto del juicio, lo que demostraría que la Sra. Vanesa ha sido víctima de una estafa y que siempre actuó de buena fe. Se añade que por tal razón se ha infringido el ordenamiento jurídico, habiendo negado siempre la recurrente los hechos denunciados y ofreciéndose a abonar la renta al auténtico propietario".

Para la AP de Madrid, el recurso no puede prosperar, ya que, "concurren todos y cada uno de los elementos que definen el delito tipificado en el artículo 245.2 del Código Penal, sin que la documentación presentada en el acto del juicio pueda tomarse en consideración al carecer de valor alguno por tratarse de un documento supuestamente suscrito con una persona sin identificar, pero que, de existir, no tendría ningún derecho sobre la vivienda, y de una denuncia presentada contra dicho desconocido individuo.

En consecuencia, la Sra. Vanesa lleva ocupando el inmueble desde 2014, sin que conste que haya abonado cantidad alguna, ni siquiera los gastos de agua, luz, comunidad, etc., habiendo entrado sin la autorización del propietario y manteniéndose en la misma contra la voluntad de éste, por lo que procede la desestimación del recurso interpuesto y la íntegra confirmación de la resolución recurrida".

Otro supuesto es el de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Nº 322/2019, de 19 de junio de 2019, ECLI:ES:APV:2019:2568 , en la que se resuelve un recurso de apelación interpuesto por una pareja que habían ocupado una vivienda en enero de 2019 cuya titularidad pertenecía a una empresa desde el año 2014 y habían sido condenados como autores del delito del art. 245.2 del C.P., además de al desalojo de la vivienda.

Según la defensa de los condenados, la sentencia condenatoria había incurrido en una valoración errónea de la prueba. 

"se señala que la prueba practicada permite sostener que los denunciados ocuparon la vivienda en virtud de un contrato verbal suscrito con quien era o fue titular del inmueble y que no tuvieron conocimiento cierto de que existía un propietario distinto al que les alquiló la vivienda, hasta el momento del juicio. A partir de tales argumentos, la parte recurrente señala que los hechos que cabe declarar probados no son constitutivos del delito de usurpación de vivienda por el que los denunciados han sido condenados".

Para la AP de Valencia, queda acreditado que los denunciados ocuparon la vivienda sin autorización de persona alguna y supieron que la titular de la misma no consentía la ocupación y, a pesar de ello, continuaron en dicha ocupación.

Es de destacar que, en este supuesto, los "okupas" eran conocedores de que el legítimo propietario de la vivienda no quería alquilarles la misma. 

"tuvieron conocimiento de la voluntad contraria de la mercantil titular de la vivienda. El hecho de que policialmente se efectuara la identificación de los denunciados como ocupantes de la vivienda, es dato revelador del conocimiento de la denuncia por los mismos. Que con la denuncia no se acompañara acreditación de la titularidad, no excluye que el mantenimiento en la ocupación de la vivienda sea reprochable a título de dolo, puesto que quien es denunciado por quien dice ser dueño del inmueble, cuando el ocupante nada aporta que permita sostener racionalmente que ocupa con consentimiento de quien, cuanto menos, hubiera aparentado serlo, si permanece en la ocupación, lo hace representándose que carece de título habilitante para ello y que es bien posible que quien denuncia, quien se reclama dueño, lo sea".

Resulta interesante también, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Nº 1/2017, de 5 de enero, ECLI:ES:APA:2017:1887 , en la que resuelve el recurso de apelación interpuesto por una mujer que había ocupado una vivienda, propiedad de un banco, fundamentando su pretensión en que el inmueble le había sido cedido de manera gratuita.

La condenada alegó que había comenzado a habitar la vivienda en virtud de un contrato de arrendamiento y, posteriormente, continúo en la misma en virtud de comodato o precario.

Para la AP de Alicante esto no se puede sostener. La acusada no estaba amparada por ningún título, ya que el titular (una entidad bancaria), no le cedió el uso en ningún momento. Ni siquiera ella afirma que el titulo consistiera en un acto del propietario real al tiempo de la ocupación.

"Puede plantearse, no obstante, que creyera que el titular era el anterior propietario, al que la acusada se refiere, lo que podría integrar un error de tipo que comportaría la falta de dolo y la consiguiente absolución.

Sin embargo, inmediatamente se observa que la apelante no pudo identificar al supuesto cedente del uso de la vivienda, lo que solo hizo en el juicio, una vez que tuvo acceso a las actuaciones, donde consta la identidad del anterior titular del inmueble. Además, inició la ocupación cuando la vivienda estaba deshabitada desde un año antes, como resulta de la diligencia de lanzamiento, de 16-1-2015 (fol. 29) y de las manifestaciones de la propia acusada, que dice que ocupó el inmueble el mismo día en que fue identificada por la Policía Local, esto es, el 12-1-2016. Y si a ello unimos que no se ha aportado ni siquiera un principio de prueba sobre el hecho de la cesión del uso del inmueble, deberemos descartar que la acusada obrara en la creencia de que el titular de la vivienda le había cedido su uso de manera gratuita, habida cuenta, además, de la anormalidad de una tal cesión gratuita a una persona con la que no media una relación de confianza (la acusada desconocía el nombre del supuesto cedente y su paradero). No podemos apreciar, en consecuencia error sobre la existencia de título".

Otro de los motivos alegados por un "okupa" para acreditar que la está ocupando legítimamente una vivienda, podemos verlo en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid Nº 737/2018, de 15 de octubre de 2018, ECLI:ES:APM:2018:13323 .

En este caso, el "okupa" alega que entró en la vivienda "merced a un contrato de alquiler que consideró correcto pues carece de la mínima educación para poder valorarlo adecuadamente", además de alegar estado de necesidad y que su pareja estaba embarazada.

Además, este "okupa" reconoció que se mantenía en la vivienda sin autorización de la propietaria.

La AP de Madrid entiende que el caso de autos "concurren todos y cada uno de dichos requisitos, lo que se deriva de la propia declaración efectuada por el acusado, sin que pueda apreciarse la existencia de un estado de necesidad no solo por no haberse practicado prueba alguna al respecto, sino porque el propio Sr. Salvador manifestó en el acto del juicio oral que de haber sabido que la vivienda pertenecía a un banco se hubiera ido, lo que pone de manifiesto la inexistencia de una situación que implique un peligro absoluto, inaplazable, inminente y grave, en la que el agente no le quede otro medio para evitarlo que acudir a la puntual lesión de un derecho ajeno. Por otro lado, la puntual existencia de un estado de necesidad no se compadece con la situación de autos en la que el acusado se mantiene durante un largo periodo de tiempo en la ocupación".

Sobre el estado de necesidad y la ocupación de viviendas, se pronuncia la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Nº 582/2018, de 16 de julio, ECLI:ES:APM:2018:11447 .

En el caso de autos, el condenado por un delito del art. 245.2 del C.P., alega que no se ha tenido en cuenta el estado de insolvencia en que se encuentra junto con sus dos hijos, "quien se vio en la necesidad de hacer un mal para corregir otro mayor".

El "okupa" reconoció haber ocupado la vivienda sin autorización de la propiedad, permaneciendo en ella desde entonces y, por tanto, durante más de dos años.

"En el supuesto de autos, tal como se razona en la sentencia apelada, concurren todos y cada uno de dichos requisitos, lo que se deriva de la propia declaración efectuada por el acusado, sin que prueba apreciarse la existencia de un estado de necesidad no solo por no haberse practicado prueba alguna al respecto, sino porque para ello es preciso que se trate de una situación puntual que implique un peligro absoluto, inaplazable, inminente y grave, en la que el agente no le quede otro medio para evitarlo que acudir a la lesión de un derecho ajeno, lo que no se compadece con la situación de autos en la que el acusado se mantiene en la ocupación durante varios años".

También la SAP de Madrid Nº 783/2016, de 14 de diciembre, ECLI:ES:APM:2016:16052 , se puede observar el caso una mujer con tres hijos que para proporcionar una vivienda digna a estos, ocupa una vivienda ajena, y alega que concurren razones de urgencia que justifican esta conducta.

Para la SAP de Madrid, "no toda perturbación en la posesión puede tipificarse como usurpación. La interpretación de la acción típica debe realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad que informa el sistema penal (Art 49 3º de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Desde ambas perspectivas la ocupación inmobiliaria tipificada penalmente es la que conlleva un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, que es lo que dota de lesividad y significación típica a la conducta, por lo que las ocupaciones ocasionales o esporádicas, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, son ajenas al ámbito de aplicación del tipo".

Sin embargo, en este caso, aun alegando la "okupa" razones de necesidad, la AP de Madrid entiende que se dan todos los elementos del tipo de este delito, además de que la condenada declaró que no tenía intención de abandonar la vivienda y habiéndose apoderado de ella de forma continuada, permanente y estable en el tiempo, y que no se hubiera acreditado que hubiera solicitado en todo ese tiempo el auxilio de los servicios sociales, se confirma la pena como autora de un delito de usurpación pacífica de bienes inmuebles.

Respecto a la posibilidad de adoptar medidas cautelares, comenzaremos por referirnos a la interesante Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Nº 513/2019, de 14 de julio, ECLI:ES:APB:2019:10269 .

Según los antecedentes de hecho, se había condenado por un delito del art. 245.2 del C.P., a una mujer y se había acordado como medida cautelar sin necesidad de esperar a que la sentencia fuera firme, el inmediato desalojo del inmueble. Desalojo que, por diversas razones, nunca tuvo lugar.

¿Por qué destacamos esta sentencia? Por hacer referencia a la medida cautelar de desalojo, que, como expone la AP de Barcelona, carece de regulación específica en la ;LECRIM.

Señala que suele adoptarse sobre la base del artículo del art. 13 de la LECRIM, que contempla la protección de los perjudicados por el delito mediante la adopción de las correspondientes medidas para que cesen sus efectos, de modo que se produzca la recuperación de la posesión por su legítimo titular, y sin que sea necesaria la existencia del denominado periculum in mora, es decir riesgo de que la decisión que finalmente pueda adoptarse quede burlada o frustrada por la actuación del imputado.

"Como hemos dicho en otras ocasiones (entre otros, auto dictado en el rollo de apelación 275/2009, en fecha 23.12.09), este requisito es predicable de las medidas cautelares orientadas a garantizar los efectos del proceso, si bien en este caso la medida acordada no es de garantía sino de protección del perjudicado, para que cesen los efectos del delito, que es lo que la ocupación prolongada en el tiempo supone, impidiendo que los propietarios u otros titulares posesorios puedan ejercitar las facultades inherentes a sus derechos, sean ocupar la finca o disponer de ella. En el presente caso, no concurren tampoco circunstancias que justifiquen la adopción de la medida que acuerda el juzgado en una sola frase en el fallo después de imponer la pena 'les condena a la multa... y al desalojo' por los siguientes motivos:

a) No existe un riesgo inminente y grave que deba precaverse desde el proceso penal, pues si el denunciante ha perdido la posibilidad de acceder a la tutela sumaria de la posesión, no se ve en qué medida existe urgente necesidad de que la obtenga por vía penal.

b) No se ha especificado por parte de la entidad instante de la medida cautelar ningún acto concreto de necesidad del ejercicio efectivo de sus derechos de posesión (uso y disfrute), al menos a corto plazo, por lo que la cuestión puede resolverse con la sentencia definitiva que se dicte en el proceso, en la vía interdictal que es la que a nuestro juico es la acertada. Mas teniendo la reforma legal de la LEC a la que ya hemos hecho alusión".

Por el contrario, sí se considera acertada, la imposición de la medida cautelar de desalojo en la Sentencia de la AP de Madrid, Nº 250/2016, de 26 de septiembre, ECLI:ES:APM:2016:11411 :

"La medida cautelar de desalojo es acertada al ser proporcionada porque la usurpación ocasiona un perjuicio a su titular al verse privado de la posesión que le otorga su propiedad, y constituye el mecanismo adecuado y necesario para evitar que persista la indebida ocupación; sin que frente a ello se atendible que pretenda escudarse en consecuencias perjudiciales para su sobrino derivadas del cambio de centro escolar estando próxima la finalización del curso al estar sustentada en hipótesis".

Sobre este artículo 13 de la LECRIM, -sobre el que se suele adoptar la medida de desalojo-, expresa la SAP de Madrid, Nº 44/2019, de 24 de enero, ECLI:ES:APM:2019:1105 :

"En la jurisprudencia se indica que 'El mecanismo del artículo 13 LECrim , al margen de lo referente a las primeras diligencias de una investigación penal, permite proteger por vía de urgencia, eficazmente, al ofendido o víctima de cualquier delito. La adopción de las medidas que se tomen en tal sentido deben reunir, no obstante, ciertos requisitos tales como idoneidad, proporcionalidad y ausencia de perjuicio para tercero de buena fe' (AAP Barcelona 11-7-2002), que el citado artículo 'permite que el Juez instructor acuerde como primeras diligencias las medidas cautelares que considere oportunas para dar protección a los perjudicados, y ello sin que la adopción de tales cautela".

El Tribunal Constitucional nos recuerda, que:

"el derecho a la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la futura resolución definitiva que recaiga en el proceso (cfr. Las SSTC 259/2007, de 19 de diciembre - f.j. 8 º-; 78/1996, de 20 de mayo - f.j. 3 º-; 27/1995 , de 6 de febrero -f.j. 5 º-; 218/1994, de 18 de julio -f.j. 3 º-; 238/1992, de 17 de diciembre -f.j. 3 º-; o la 14/1992, de 10 de febrero -f.j. 7º- entre otras). Y precisamente, por ello, el legislador no puede eliminar de manera absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de la sentencia, pues así vendría a privarse a los justiciables de una garantía que se configura como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (cfr. Las SSTC 78/1996, de 20 de mayo - f.j. 3 º-; 218/1994, de 18 de julio - f.j. 3 º-; 105/1994, de 11 de abril - f.j. 5 º-; 238/1992, de 17 de diciembre - f.j. 3 º-; 14/1992, de 10 de febrero -f.j. 7 º-; o la 237/1991, de12 de diciembre -f.j. 2º-; entre otras). No es dable propiciar la perpetuación de la perturbación del orden jurídico originado por el nuevo fenómeno social de la 'okupación' inconsentida por el propietario". (SAP Barcelona, Nº 470/2019, de 31 de julio. ECLI:ES:APB:2019:7005A )

En la SAP de Barcelona Nº 580/2019, de 18 de octubre, ECLI:ES:APB:2019:9672A , se hace mención en su Fundamento de Derecho Sexto, a la necesidad de "introducir una reforma en el Código Penal para elevar este delito a la categoría de delito menos grave e incorporar medidas cautelares urgentes con un nuevo art. 544 sexies LECRIM ,por cuanto es evidente que, en la vía penal, la solución a estos problemas ,es más inmediata y que debería continuarse una reforma que se presentó como proposición de ley en la pasada legislatura, y que apostaba por sancionar con pena menos grave a los casos de ocupación para derivarse el procedimiento al cauce de las diligencias previas, procedimiento abreviado y juicio ante el juez de lo penal. Y aunque la pena impuesta, en el caso de probarse la comisión del delito, permitiera la suspensión de la ejecución de la pena, este cauce lo que propiciaría sería articular una medida cautelar penal, como ocurre en el entorno europeo, para conseguir cautelarmente la recuperación posesoria, que es lo que pretende y persigue, realmente, el propietario, y, no una condena penal. Y en tal sentido se propone una puntual y concreta reforma de la LECRIM ,creando un art. 544 sexies con el siguiente tenor literal: 'En los casos en los que se investigue un delito del art. 245 del Código Penal, el Juez o Tribunal, adoptará motivadamente la medida del lanzamiento en el plazo máximo de 72 horas desde la petición cautelar, en tanto en cuanto, una vez requeridos los ocupantes del inmueble, no exhiban el título posesorio por el que están ocupando el inmueble. Antes de efectuar el lanzamiento podrán dar cuenta a los servicios sociales municipales a los efectos de facilitar el realojamiento en el caso de que por las circunstancias del caso así se apreciare'. Propuesta que este Tribunal Unipersonal comparte plenamente".

Respecto de las medidas cautelares en procedimientos penales por delitos de allanamiento de morada y por usurpación, se ha dictado una Instrucción por parte de la Fiscalía General del Estado (Instrucción nº 1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles), en la que marca las pautas para solicitarlas.

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Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

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