La sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural como modalidad de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

La sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural se tipifica en el Capítulo XIII, exactamente en el Art. 289 ,CP. Consiste en un daño patrimonial pero con la particularidad de que el que lo comete es el propietario de la cosa dañada.

El Art. 289 ,CP dice el que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural, o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

 

El bien jurídico protegido no es el derecho de propiedad ajeno ya que el que comete la acción es el mismo propietario de la cosa dañada. Estamos frente al delito contra los intereses sociales, o más bien es un delito contra la función social de la propiedad. Este artículo deja un poco en entredicho la distinción clara entre patrimonio y orden socioeconómico, porque la propiedad debe cumplir una función social que da un contenido socioeconómico que es lo que da base a este delito.

Podemos decir que el tipo contiene principalmente la estructura de un delito de daños, aunque el hecho de que haga referencia a “de cualquier modo la sutrajere al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad” demuestra que lo esencial de este resultado y no la forma en que se produce. La simple ocultación de la cosa no tendría cabida en el precepto.

Muñoz Conde considera que en el Art. 289 ,CP deben incluirse sólo los supuestos de daños o destrucción de las cosas también cuando se trate de los objetos mencionados en el Art. 323 ,CP ya que este precepto al igual que el Art. 324 ,CP, artículos que contemplan el hecho de causar daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos, o los daños producidos por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos.

Los poderes públicos deben garantizar la promoción y conservación del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico y de los bienes que lo integran. También será castigado quien exporte sin autorización  bienes que integran el patrimonio histórico, cultural o artístico, pues se aboga por el límite del derecho de propiedad. Con respecto al bien jurídico protegido es la utilidad social o cultural que debe desempeñar los bienes a los que afecta la conducta típica, el patrimonio económico y cultural del país, así como los intereses de la comunidad, el interés colectivo en el disfrute de bienes de relevancia social o cultural, los intereses de la comunidad, el interés colectivo en el disfrute de bienes de relevancia social o cultural, los intereses de la comunidad y el patrimonio cultural español, la trascendencia social o cultural de algunos bienes de titularidad individual o el interés colectivo de la cosa.

La mayoría de la doctrina defiende que el bien jurídico protegido es el derecho de los miembros de la sociedad a gozar de la utilidad sociocultural que puedan reportar determinados bienes de propiedad privada. Los propietarios de bienes con valor histórico deben comunicar a la administración competente la existencia de estos objetos.

Es condición necesaria para que se de la consumación en este delito la sustracción del titular a las obligaciones o deberes legales impuestos en beneficio de la comunidad.

Es un delito especial, puesto que sólo el propietario tiene la competencia para la imputación a título de autor, ya que la cosa ha de ser propia, pero al tratarse de un delito que no es de propia mano, el propietario puede servirse de un tercero para dañar o destruir los bienes. También puede ser sujeto de este delito el copropietario. El sujeto pasivo será la sociedad en su conjunto al ser beneficiario de la función socio cultural que algunos bienes de propiedad desempeñan en un estado social.

Se castigan los daños causados en archivos, registros, museos, bibliotecas o cosas declaradas de valor histórico o artístico, siempre y cuando tengan especial gravedad.

Este delito ha nacido por la creciente sensibilidad del legislador respecto de los actos de destrucción de nuestro patrimonio cultural causados por el mismo propietario.

Los poderes públicos deben garantizar la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico y de los bienes que lo integran.

También será castigado quien exporte sin autorización bienes que integren el patrimonio histórico, cultural o artístico, pues se entiende que el derecho de propiedad esta limitado.

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