El tráfico de influencias como modalidad de delitos contra la Administración Pública

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

El delito de tráfico de influencias, está regulado en el Capítulo VI, Art. 428 ,CP a Art. 431 ,CP, e incluye la tipificación penal del abuso de influencias realizado por funcionario público o autoridad, el realizado por un particular y el tráfico de influencias.

 

NOVEDAD: En cuanto al delito de tráfico de influencias, el antiguo Art. 428 ,CP, eleva la inhabilitación de 3 a 6 años a de 5 a 9 años.

Se modifica el Art. 429 ,CP, añadiendo la pérdida del derecho a obtener beneficios e incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de 6 a 10 años.

Se modifica el Art. 430 ,CP, añadiendo en el primer inciso al final que si el delito se comete por autoridad o funcionario se añade la inhabilitación para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo durante 1 y hasta 4 años.

Se suprime el art. 431 del Código Penal, relativo al comiso de las ganancias, dádivas, ya que se prevé en la regulación general del comiso (Art. 127 ,CP y siguientes del Código Penal).

El Art. 428 ,CP define el delito de tráfico de influencias cometido por funcionario público en los siguientes términos:

"El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior."

El bien jurídico protegido es el principio de imparcialidad que debe de regir la conducta de toda persona que tenga en su mano la responsabilidad de tomar decisiones públicas. El sujeto activo del delito ha de ser cualquier autoridad o funcionario publico.

Se tipifica únicamente la conducta del funcionario que influye, careciendo por tanto de tipicidad la conducta del funcionario que se deja influir por circunstancias ajenas a los intereses públicos y adopta una resolución, que beneficie a la persona que le ha influido, siempre que no se contengan los requisitos que tipifican la prevaricación (Art. 404 ,CP).

La conducta consiste en influir en otra autoridad o funcionario aprovechándose de las facultades del cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este u otro funcionario o autoridad.

No es suficiente para la subsunción en la conducta típica la simple influencia sino que también ha de concurrir el elemento típico esencial del prevalecimiento, mediante cualquiera de las formas legalmente definidas. Puede ser a través de ejercer las facultades propias de cargo, de una relación personal de parentesco afinidad, etc., o bien de una relación jerárquica.

Según la doctrina, que si bien puede tomarse en consideración cualquier tipo de relación familiar, afectiva o amistosa, dado que el prevalimiento es empleado como elemento diferenciador de la simple influencia atípica, ha de interpretarse el mismo de una manera restrictiva, por cuanto supone un verdadero ataque a la libertad del funcionario o de la autoridad que debe adoptar una decisión en el ejercicio de su cargo

La tipificación del delito de tráfico de influencias posee una clara afinidad con el delito de cohecho pues ambos tienen como fin común la tarea de evitar que interfieran o influyan intereses ajenos a los públicos, tutelando o protegiendo un bien jurídico tan esencial cual es la imparcialidad en la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos.

En relación con el delito de tráfico de influencias cometido por particular, este viene tipificado en el Art. 429 ,CP:

"El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior."

Los artículos mencionados poseen concordancias con la prevaricación de funcionarios públicos del Art. 404 ,CP

La influencia ha de conseguirse haciendo uso de este prevalimiento, ya que la utilización de otros medios daría lugar a la existencia de injustos distintos, como por ejemplo, coacciones y amenazas, si se emplea fuerza física o moral. Consecuencia directa de la resolución es la obtención de un beneficio económico que es la finalidad perseguida con estas conductas, debiendo existir una relación de causalidad entre el tráfico, la resolución y el beneficio sin que exista diferencia entre la obtención del mismo para el que realiza la conducta típica o para un tercero, así como el medio de obtenerlo puesto que se castiga igual si se consigue directamente o a través de un tercero interpuesto. El beneficio hemos de entenderlo en sentido amplio incluyendo en él no sólo el incremento patrimonial, sino también el mantenimiento del mismo.

Desde el punto de vista de la culpabilidad, nos encontramos con un tipo exclusivamente doloso, en el que no cabe las formas imprudentes de ejecución. Naturaleza que se puede inferir de las palabras "influyere" y "prevalimiento" que implican una intención.

Respecto a las causas de justificación y de exclusión de responsabilidad, MUÑOZ CONDE mantiene que difícilmente podrán invocarse en este delito aunque admite que tal vez por el particular podría recurrir a algo parecido a un estado de necesidad por no exigiblilidad de un comportamiento distinto.

En relación con el ofrecimiento de influencias, dispone el Art. 430 ,CP lo siguiente:

Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los artículos anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.

Si el delito fuere cometido por autoridad o funcionario público se le impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cuatro años.

  • Cuando de acuerdo con lo establecido en el Art. 31 bis ,CP una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años.
  • Atendidas las reglas establecidas en el Art. 66 bis ,CP, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del Art. 33 ,CP.

En cuanto al bien jurídico protegido, se trata de evitar interferencias de intereses ajenos o contrarios a los públicos, protegiendo y tutelando un derecho esencial cual es la imparcialidad y objetividad de las decisiones de los funcionarios y autoridades públicos.

Se trata de un delito de mera actividad que se consuma con la ejecución de la acción tipificada, no precisando de la producción de ningún tipo de resultado, ni tan siquiera que la solicitud del oferente sea aceptada por aquel a quien se dirige la oferta, y también sin que sea precisa la influencia.

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