Los delitos de abandono de destino y de omisión del deber de perseguir delitos como modalidad de delitos contra las administraciones públicas

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Los delitos del Capítulo II, del "Abandono de destino. Omisión del deber de perseguir delitos" es un conjunto de delitos que constituye el segundo grupo que se regula dentro de los Delitos contra la Administración Pública, concretamente, en los Art. 407-409 ,CP.

 

 

La primera conducta del Art. 407 ,CP:

- La autoridad o funcionario público

- Abandona su destino

- Propósito de no impedir o no perseguir los delitos comprendidos en los Títulos XXI (Delitos contra la Constitución), Título XXII (Delitos contra el Orden Público), Título XXIII (Delitos de Traición, contra la Paz o la Independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional), y Título XXIV (Delitos contra la Comunidad Internacional).

- O no impedir o no perseguir cualquier otro delito.

“A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XIV, se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto no ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial competente.”

 

Se trata de un delito especial, en el cual el sujeto activo solo podrá serlo el funcionario público o autoridad.

La segunda conducta, del Art. 408 ,CP, se refiere a:

- La autoridad o funcionario público

- Faltando a la obligación de su cargo

- Deja intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables.

“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”

El sujeto activo lo será el funcionario público o autoridad que por razón de su cargo esté obligado a promover la persecución de delitos y de sus responsables, como pueden ser jueces, fiscales, policía judicial, etc.

Se trata de una conducta omisiva y dolosa, con un dolo directo, debe tratarse de conductas que constituyan delitos, no faltas.

La tercera y última conducta de este aparatado, es la relativa a:

- La autoridad o funcionario público

- Promueva, dirija u organice

- Abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público o,

- Tome parte en ese abandono de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad.

“A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses.”

 

Ese abandono deberá ser colectivo, es decir mayoritario, no es necesario que sea de la totalidad, de modo que el servicio se caracterice por su deficiencia.

En cuanto a su consumación, existe la duda sobre si queda consumado con la promoción, dirección u organización de dicho abandono, o si es necesario que se materialice.

La respuesta mayoritaria de la doctrina, entiende que será necesario que se lleve a cabo el abandono, aunque si se promueve, dirige u organiza y no se lleva a cabo al final ese abandono, podría existir una tentativa de este delito. 

 

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