Los delitos contra la Administración de Justicia del Título XX del Libro II del Código Penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

El bien jurídico protegido es principalmente el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, institución fundamental para la convivencia social y desarrollo de las libertades y otros principios democráticos de cualquier país.

Es primordial en un Estado de Derecho que Jueces y Tribunales desempeñen su función sin presiones de ningún tipo.

NOVEDAD: La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, modifica el delito de prevaricación judicial dolosa la redacción del Art. 446 ,CP; el delito de acusación o denuncia falsa del Art. 456 ,CP, y añade un párrafo 3º al Art. 468 ,CP, que castiga con pena de multa de seis a doce meses, a los que no llevaren los dispositivos de control, o perturbaren su funcionamiento, como por ejemplo puede ser la alteración del funcionamiento de una pulseras de control telemático en la violencia de género.

 

La división de poderes, que nos da la estructura clásica del Estado de Derecho, determina que el Poder Judicial asuma, de manera exclusiva e independiente, las funciones de administrar justicia, comprende ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de la Ley, controlar la legalidad de la actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Se denomina poder Judicial al conjunto de órganos que desarrollan esa función.

Ninguno puede identificarse con el bien jurídico protegido en la regulación penal de los delitos contra la Administración de Justicia. No se dirigen tan solo a sancionar las conductas de los miembros del Poder Judicial que vulnera, dictando resoluciones injustas, negándose a juzgar o retardando la administración de justicia las obligaciones más propias y esenciales de la función jurisdiccional, sino que tiene un ámbito de aplicación, personal y material, mucho más amplio.

Además, en el ámbito personal, de los Jueces, Magistrados, secretarios judiciales, aparecen como sujetos activos de tales delitos los testigos, los peritos, intérpretes, abogados, procuradores, graduado sociales, MF, sentenciados, presos y denunciantes, aparecen como sujetos activos de tales delitos, además de otros tipos en los que cualquier persona puede ser sujeto activo de la conducta delictiva.

La administración de justicia, en el sentido utilizado por el CP, es el sistema institucional de solución de conflictos, superador de la justicia privada y para cuya efectividad el estado exige que se respeten sus presupuestos básicos.

Los delitos contra la Administración de Justicia vienen agrupados, en el Código Penal vigente, dentro del Título XX de su Libro II, comprensivo de los Art. 446 ,CP a Art. 471 ,CP.

El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, institución fundamental para la convivencia social y desarrollo de las libertades y otros principios democráticos de cualquier país.

Es primordial en un Estado de Derecho que Jueces y Tribunales desempeñen su función sin presiones de ningún tipo.

Integran el título los delitos de prevaricación, de omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, de encubrimiento, de realización arbitraria del propio derecho, de acusación y denuncia falsas y de simulación de delitos, de falso testimonio, de obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional y de quebrantamiento de condena.

De las distintas figuras comprendidas en la categoría, resalta la incorporación -siguiendo las exigencias de la doctrina- del delito de prevaricación, así como de la infidelidad en la custodia de presos, incluida como modalidad típica del quebrantamiento de condena. Los restantes tipos ofrecen innovaciones y modificaciones sustanciales, dando lugar, en algún caso, a nuevos capítulos, como el dedicado a la obstrucción a la justicia y a la deslealtad profesional. Por último cabe destacar la configuración del encubrimiento como delito autónomo.

La tipificación del encubrimiento como infracción autónoma (Art. 451 ,CP a Art. 454 ,CP) y no como forma de participación criminal se basa, sustancialmente, en negar la condición de “partícipe” a quien interviene en un delito ya ejecutado. El Código tipifica tres formas de encubrimiento: el auxilio a los partícipes con el fin de que éstos se lucren con el delito (451.1 ,CP), las actividades tendentes a impedir el descubrimiento del delito (451.2 ,CP) y el auxilio de los responsables para eludir la acción de la Justicia, siempre y cuando se trate de determinados delitos o el encubridor haya abusado de funciones públicas (451.3 ,CP). El encubrimiento con ánimo de lucro propio queda fuera del ámbito material objetivo de esta figura, integrando el delito de receptación (Art. 298 ,CP a Art. 304 ,CP).

Dentro de la legislación especial, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad penal de los jurados está prevista en la Disposición Adicional 2.ª de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Con respecto al Código Penal Militar, habrá que tenerse en cuenta la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, dedica un Título -el VIII de su Libro II- a «los delitos contra la Administración de la Justicia Militar», comprensivo de los Art. 180 ,CPM a Art. 188 ,CPM del texto punitivo castrense.

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Delitos contra la Administración de Justicia
Encubrimiento
Delito de prevaricación judicial
Denuncia falsa
División de poderes
Violencia de género
Voluntad
Poderes públicos
Tutela
Actuación administrativa
Interés legitimo
Delito de prevaricación
Quebrantamiento de condena
Deslealtad profesional
Obstrucción a la justicia
Hecho delictivo
Auxilio
Omisión
Simulación de delitos
Falso testimonio
Realización arbitraria del propio derecho
Custodia de presos
Responsabilidad
Descubrimiento del delito
Ánimo de lucro
Responsabilidad penal
Delito de receptación
Tribunal del Jurado