Los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes como modalidad de delitos contra la constitución

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

Los delitos de este apartado aparecen regulados en el Capítulo III del título XXI, Libro II del Código Penal, bajo la rúbrica ?De los Delitos contra las instituciones del Estado y la División de Poderes?, dividido en dos secciones:

- Sección 1.ª "Delitos contra las instituciones del Estado" (Art. 492 ,CP al Art. 505 ,CP)

- Sección 2.ª "De la usurpación de atribuciones" (Art. 506 ,CP al Art. 509 ,CP)

 

Dispone el Art. 492 ,CP

“Los que, al vacar la Corona o quedar inhabilitado su Titular para el ejercicio de su autoridad, impidieren a las Cortes Generales reunirse para nombrar la Regencia o el tutor del Titular menor de edad, serán sancionados con la pena de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a quince años, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderles por la comisión de otras infracciones más graves”

Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona. Este delito queda perfeccionado simplemente por el hecho de impedir a las Cortes Generales reunirse para nombrar la Regencia o tutor. Cabe la tentativa de delito, siendo solamente posible la comisión dolosa, sin que sea suficiente el dolo eventual.

Se enumeran a continuación una serie de delitos que están relacionados con las instituciones del Estado como son el Congreso, Senado o Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y otras instituciones y órganos del Estado. También se tratan delitos contra el CGPJ, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, etc.

Invasión con violencia o intimidación

Se castiga en el Art. 493 ,CP a “los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos”. Se establece pena de prisión de tres a cinco años.

Ha de entenderse la palabra invadir como penetrar en las sedes del Congreso, Senado, etc. Fuerza se entiende como fuerza en las cosas ejercida para entrar. Violencia ha de entenderse la ejercida sobre las personas para entrar en la sede de dichas instituciones, no una vez que ya se está dentro, lo que podría dar lugar a otros delitos y se resolvería mediante el correspondiente concurso.

La ley exige que las instituciones mencionadas se encuentren reunidas y la invasión se realice sin alzamiento público. Solamente cabe la comisión dolosa, no siendo suficiente el dolo eventual.

La consumación del delito se produce en el momento en el que penetra al menos uno de los invasores, siendo posible la tentativa.

Cuando se cometa otro delito para penetrar en dichas sedes, como pueda ser el de lesiones por ejemplo, se estaría ante un concurso ideal que se resolvería mediante el Art. 77 ,CP.

Promover, dirigir o presidir manifestaciones que alteren su normal funcionamiento

Dispone el Art. 494 ,CP que “Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento”.

Solamente va a ser posible alterar el normal funcionamiento de dichas instituciones mediante gritos, ruidos u otros procedimientos similares.

Para que sea posible que se ejecuten los hechos se requiere la presencia de varias personas, ya que el texto hace referencia a manifestaciones y reuniones. Se deja a criterio jurisprudencial el hecho de determinar el número de asistentes.

Intentar penetrar en la sede de las instituciones para presentar peticiones

Dispone el 495.1 ,CP que “los que, sin alzarse públicamente, portando armas u otros instrumentos peligrosos, intentaren penetrar en las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, para presentar en persona o colectivamente peticiones a los mismos, incurrirán en la pena de prisión de tres a cinco años”. Dentro de las armas se incluirán, entre otras, las armas de fuego y las armas blancas.

El delito se consuma con el solo intento de penetrar en las sedes, lo cual impide que sea posible la tentativa.

En el párrafo segundo del citado precepto se contienen supuestos agravados: “La pena prevista en el apartado anterior se aplicará en su mitad superior a quienes promuevan, dirijan o presidan el grupo”.

Injurias graves

Se castiga en el párrafo primero del Art. 496 ,CP a quien injuriare gravemente a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, hallándose en sesión, o a alguna de sus Comisiones en los actos públicos en que las representen. Se establece una pena de multa de doce a dieciocho meses.

Cuando las injurias se dirijan también hacia las personas reunidas se estará ante un concurso de delitos.

El imputado de las injurias descritas en el párrafo anterior quedará exento de pena si se dan las circunstancias previstas en el artículo 210.

Perturbar el orden de las sesiones

Se contemplan en el Art. 497 ,CP dos tipos de perturbaciones:

  • Perturbación grave. Se castiga en el 497.1 ,CP a “quienes, sin ser miembros del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, perturben gravemente el orden de sus sesiones”. Conlleva pena de prisión de seis meses a un año. Sujeto activo puede ser cualquier persona, mientras que sujeto pasivo es la institución reunida.
  • Otras perturbaciones. Dispone el 497.2 ,CP que “cuando la perturbación del orden de las sesiones a que se refiere el apartado anterior no sea grave, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses”.

Impedir la libre asistencia a reuniones, libre manifestación de opiniones o la emisión de voto

Se castiga en el Art. 498 ,CP a “los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones”. Puede conllevar pena de prisión de tres a cinco años. Para que el delito se consume no se requiere que se produzca ningún resultado, ni que se llegue a impedir la asistencia, siendo suficiente con la conducta dirigida a impedir, no siendo posible la tentativa.

Por otro lado, también se castiga en el Art. 498 ,CP a los que “por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones…”. Se establece pena de prisión de tres a cinco años. Para la consumación del delito se requiere que el sujeto activo restrinja la libertad del sujeto pasivo del delito.

En cuanto a coartar la libre emisión de voto, se castiga en el citado precepto a los que empleando fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave, coarten la libre emisión de un voto. Puede conllevar pena de prisión de tres a cinco años.

Quebrantamiento de la inviolabilidad por autoridad o funcionario publico

Se castiga en el Art. 499 ,CP a “la autoridad o funcionario público que quebrantare la inviolabilidad de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma…”. Se establece pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, sin perjuicio de las que pudieran corresponderle si el hecho constituyera otro delito más grave.

A este respecto se establece en el 66.3 ,Constitución Española que “las Cortes Generales son inviolables”.

Quebrantamiento de inmunidades

Dispone el Art. 500 ,CP que “la autoridad o funcionario público que detuviere a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma fuera de los supuestos o sin los requisitos establecidos por la legislación vigente incurrirá, según los casos, en las penas previstas en este Código, impuestas en su mitad superior, y además en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis a doce años”.

Por otro lado, en cuanto al supuesto de inculpación o procesamiento ilegal, se castiga en el Art. 501 ,CP a “la autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma sin los requisitos establecidos por la legislación vigente”. Se establece pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez a veinte años.

Tanto en la Constitución como en los Reglamentos del Congreso y del Senado, se establece que los parlamentarios no pueden ser procesados ni inculpados sin la autorización de la respectiva cámara.

Incomparecencia y falso testimonio ante Comisiones de Investigación

Se castiga en el 502.1 ,CP “a los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia”.

Ha de tratarse de una conducta dolosa, pues el sujeto activo del delito se niega a comparecer pese a habérsele requerido para ello, consumándose el delito con la incomparecencia ante la comisión correspondiente.

Cabe la posibilidad de supuesto agravado, en este sentido dispone el citado precepto que si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

En relación con el falso testimonio, dispone el párrafo tercero del Art. 502 ,CP que “El que convocado ante una Comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses”.

Sobre la obstaculización de la investigación del Defensor del Pueblo y otros órganos, se castiga en el 502.2 ,CP a “la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación”. Se establece pena de prisión de seis meses a un año. Si además el reo es una autoridad o funcionario público, se le impondrá la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Delitos contra el Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno de una Comunidad Autónoma

En el Art. 503 ,CP se contemplan dos supuestos, como son la invasión del local donde están reunidos, y coartar la libertad.

Incurrirán en la pena de prisión de dos a cuatro años:

1. Los que invadan violentamente o con intimidación el local donde esté constituido el Consejo de Ministros o un Consejo de Gobierno de Comunidad Autónoma.

2. Los que coarten o por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad del Gobierno reunido en Consejo o de los miembros de un Gobierno de Comunidad Autónoma, reunido en Consejo, salvo que los hechos sean constitutivos de otro delito más grave.

Calumnias, injurias o amenazas al Gobierno y a otros organismos

Dispone el 504.1 ,CP.

Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma.

El culpable de calumnias o injurias conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior quedará exento de pena si se dan las circunstancias previstas, respectivamente, en los Art. 207 ,CP y Art. 210 ,CP.

Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años a los que empleen fuerza, violencia o intimidación para impedir a los miembros de dichos Organismos asistir a sus respectivas reuniones”.

Por su parte, se castiga en el 504.2 ,CP a “los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. Se establece una pena de multa de doce a dieciocho meses.

El culpable de las injurias previstas en el párrafo anterior quedará exento de pena si se dan las circunstancias descritas en el Art. 210 ,CP.

En relación con las corporaciones locales, dispone el Art. 505 ,CP lo siguiente:

1. Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año quienes, sin ser miembros de la corporación local, perturben de forma grave el orden de sus plenos impidiendo el acceso a los mismos, el desarrollo del orden del día previsto, la adopción de acuerdos o causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas.

2. Quienes, amparándose en la existencia de organizaciones o grupos terroristas, calumnien, injurien, coaccionen o amenacen a los miembros de corporaciones locales, serán castigados con la pena superior en grado a la que corresponda por el delito cometido.

 

La Sección 2.ª "De la usurpación de atribuciones" empieza con el Art. 506 ,CP disponiendo que la autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.Continúa el Art. 507 ,CP, con una pena de prisión de seis meses a un año, multa de tres a seis meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años, al Juez o Magistrado que se adopte atribuciones administrativas de las que careciere.  

En cuanto a la autoridad o funcionario público que adopte atribuciones judiciales, se contempla una pena de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. En caso de autoridad o funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

El último artículo del Título XXI,  el Art. 509 ,CP, prevé una pena de multa de tres a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año, para el Juez o Magistrado, la autoridad o el funcionario público legalmente requerido de inhibición, continuare procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional.

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