Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

El Título XIII del Libro II del Código Penal (Art. 234-304 ,Código Penal), además de tipificar los delitos contra el patrimonio, tiene por objeto la protección del orden socioeconómico. Se entiende por orden socioeconómico, el bien jurídico común a los denominados ?Delitos contra la economía? cuya característica básica es  la de lesionar intereses supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica produciendo un atentado contra la economía política.

Se añade un Título XIII bis "De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos", compuesto por dos artículos, el Art. 304 bis ,Código Penal y el Art. 304 ter ,Código Penal.

NOVEDAD: La Ley Orgánica 1/2015, modifica todo el articulado que engloba el Título XIII del Libro II del Código Penal. Las modificaciones de esta última reforma penal, entran en vigor el 1 de julio de 2015, con lo que desaparecen las faltas. Las conductas que tradicionalmente se englobaban en la categoría de faltas, se pasan a regular como delitos leves (13.4 ,Código Penal). 

(Véase la Circular 1/2015, en el caso práctico (C P) "Circular 1/2015, sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma de la Ley 1/2015, de 30 de marzo que reforma el Código Penal", que se encuentra en documentos relacionados)

Se modifica la sección "De la apropiación indebida" del Capítulo IV, que pasa a regularse en la Sección 2.ª bis, que contiene el Art. 253 ,Código Penal, cuya redacción se corresponde con el antiguo art. 252 que antes regulaba la apropiación indebida.

En la Sección 2.ª se pasa a rubricar como: "De la administración desleal", 

Se modifica el capítulo "De las insolvencias punibles", que pasa a regularse en el Capítulo VII bis. En el Capítulo VII se pasa a rubricar como: "Frustración de la ejecución"

Se modifica la Sección 4.ª del Capítulo XI, que pasa a denominarse de "De la corrupción entre particulares""Delitos de corrupción en los negocios"

Se añade un Título XIII bis rubricado como "De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos"

 El denominado Derecho Penal Económico ha sufrido un gran desarrollo en los últimos años, correspondiéndose en la actualidad con la noción de “delitos contra la economía”, lo que significa que el delito económico no sólo persigue intereses patrimoniales de carácter individual sino que también tiene por objeto los intereses supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica. Así pues, de lo anteriormente expuesto se desprende que el bien jurídico protegido en los denominados delitos contra el orden socioeconómico no sólo radica en el interés individual de los agentes económicos, sino también el orden económico del Estado (desarrollo de la economía, sistema financiero, sistema crediticio).

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, en la actualidad se maneja un concepto bastante amplio de Derecho Penal Económico, el cual abarca los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, los delitos contra los derechos de los trabajadores, la delincuencia cometida en el ejercicio  de una profesión, etc.

En síntesis, es objeto del Título XIII del Libro II del Código Penal, la protección de diversos aspectos que pueden resumirse en los siguientes:

- Orden económico supranacional

- Tráfico económico nacional con el exterior

- Fijación de precios en determinadas materias y sectores

- Marco político-económico de la actividad empresarial

- Instrumentos de la actividad empresarial

- Hacienda Pública

El Derecho Penal Económico se constituye como un conjunto de normas jurídico-penales que tienen por objeto la protección del orden socioeconómico. Asimismo, podemos definir el orden socioeconómico como la participación del Estado en la economía. Por consiguiente, el orden socioeconómico también sufriría modificaciones en el supuesto de que se cometa una infracción contra un bien patrimonial individual, lesione o ponga en peligro la producción, distribución o el consumo de bienes y servicios.

Sin embargo, el orden socioeconómico en sentido estricto, no se muestra como bien jurídico protegido en los distintos tipos delictivos regulados en el Título XIII, del Libro II del Código Penal, esto es, como objeto de protección.

Finalmente, cabe señalar que los Art. 268-269 ,Código Penal únicamente serán aplicados a los delitos contra el patrimonio y  no a los delitos contra el orden socioeconómico.

Así pues, el Art. 268 ,Código Penal establece una causa personal de exclusión de la pena. Se trata de determinados supuestos en los que determinadas personas están exentas de pena. Este precepto dispone que están exentos de responsabilidad penal los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho, o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí. No obstante, concluye el precepto que dicha exención de responsabilidad penal será aplicada únicamente en aquellos supuestos en que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad.

Asimismo, todas estas circunstancias deben concurrir durante la ejecución del hecho eximiendo únicamente de responsabilidad penal, pero no de otro tipo, pues deberán responder civilmente.

Por consiguiente, la excepción sólo se aplica a las personas que se hallan ligadas a las víctimas en virtud de relaciones parentales que determina este artículo y esta disposición, por lo tanto, no es aplicable a terceras personas que participaren en el delito. Por consiguiente, los partícipes que participen en el hecho y que no estén ligados a la víctima por las relaciones parentales, no estarán exentos de responsabilidad criminal.

El ámbito de aplicación del Art. 268 ,Código Penal abarca todos los capítulos anteriores (del I al IX), siempre que no concurra violencia o intimidación, por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de este precepto los artículos Art. 242,Art. 243,244.4,245.1,Art. 262 ,Código Penal.

Por su parte, el Art. 269 ,Código Penal se refiere a los actos preparatorios punibles, los cuales se corresponden con la provocación, conspiración y proposición, respecto de todos los delitos de robo, extorsión, estafa y apropiación indebida. Asimismo, en estos supuestos, la pena  a aplicar será la inferior en uno o dos grados a la señalada en el delito correspondiente.

No obstante, cabe señalar que las disposiciones de este precepto radican en la extensión de una punibilidad excesiva y además, no abarca la totalidad de delitos violentos de apoderamiento toda vez que este Art. 269 ,Código Penal únicamente hace referencia a cuatro delitos.

Se regula por primera vez la financiación ilegal de los partidos, para lo cual, se dedica el Título XIII bis, compuesto por Art. 304 bis ,Código Penal y por Art. 304 ter ,Código Penal. El primero de los artículos castiga con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, al que reciba donaciones con infracción de los dispuesto en el Art. 5 ,Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio. Además se castigará con una pena de prisión en los supuestos que se establecen en el segundo apartado, que si resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. Las mismas penas se impondrán, en sus respectivos casos, a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los números anteriores. Se contempla la responsabilidad de las personas jurídicas, en el aparado 5 del Art. 304 bis ,Código Penal

En cuanto al  Art. 304 ter ,Código Penal, el mismo preceptúa que será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años, la participación en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley, estableciendo una modalidad más grave a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones a las que se les impondrá la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones. Como cláusula de cierre del artículo, se establece un tipo hiperagravado, para cuando los hechos resulten de especial gravedad.

 

 

REGULACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA:

El denominado Derecho Penal Económico ha sufrido un gran desarrollo en los últimos años, correspondiéndose en la actualidad con la noción de “delitos contra la economía”, lo que significa que el delito económico no sólo persigue intereses patrimoniales de carácter individual sino que también tiene por objeto los intereses supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica. Así pues, de lo anteriormente expuesto se desprende que el bien jurídico protegido en los denominados delitos contra el orden socioeconómico no sólo radica en el interés individual de los agentes económicos, sino también el orden económico del Estado (desarrollo de la economía, sistema financiero, sistema crediticio).

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, en la actualidad se maneja un concepto bastante amplio de Derecho Penal Económico, el cual abarca los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, los delitos contra los derechos de los trabajadores, la delincuencia cometida en el ejercicio  de una profesión, etc.

En síntesis, es objeto del Título XIII del Libro II del Código Penal, la protección de diversos aspectos que pueden resumirse en los siguientes:

- Orden económico supranacional

- Tráfico económico nacional con el exterior

- Fijación de precios en determinadas materias y sectores

- Marco político-económico de la actividad empresarial

- Instrumentos de la actividad empresarial

- Hacienda Pública

El Derecho Penal Económico se constituye como un conjunto de normas jurídico-penales que tienen por objeto la protección del orden socioeconómico. Asimismo, podemos definir el orden socioeconómico como la participación del Estado en la economía. Por consiguiente, el orden socioeconómico también sufriría modificaciones en el supuesto de que se cometa una infracción contra un bien patrimonial individual, lesione o ponga en peligro la producción, distribución o el consumo de bienes y servicios.

Sin embargo, el orden socioeconómico en sentido estricto, no se muestra como bien jurídico protegido en los distintos tipos delictivos regulados en el Título XIII, del Libro II del Código Penal, esto es, como objeto de protección.

Finalmente, cabe señalar que los Art. 268-269 ,Código Penal únicamente serán aplicados a los delitos contra el patrimonio y  no a los delitos contra el orden socioeconómico.

Así pues, el Art. 268 ,Código Penal establece una causa personal de exclusión de la pena. Se trata de determinados supuestos en los que determinadas personas están exentas de pena. Este precepto dispone que están exentos de responsabilidad penal los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho, o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí. No obstante, concluye el precepto que dicha exención de responsabilidad penal será aplicada únicamente en aquellos supuestos en que no concurra violencia o intimidación.

Asimismo, todas estas circunstancias deben concurrir durante la ejecución del hecho eximiendo únicamente de responsabilidad penal, pero no de otro tipo, pues deberán responder civilmente.

Por consiguiente, la excepción sólo se aplica a las personas que se hallan ligadas a las víctimas en virtud de relaciones parentales que determina este artículo y esta disposición, por lo tanto, no es aplicable a terceras personas que participaren en el delito. Por consiguiente, los partícipes que participen en el hecho y que no estén ligados a la víctima por las relaciones parentales, no estarán exentos de responsabilidad criminal.

El ámbito de aplicación del Art. 268 ,Código Penal abarca todos los capítulos anteriores (del I al IX), siempre que no concurra violencia o intimidación, por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de este precepto los artículos Art. 242,Art. 243,244.4,245.1,Art. 262 ,Código Penal.

Por su parte, el Art. 269 ,Código Penal se refiere a los actos preparatorios punibles, los cuales se corresponden con la provocación, conspiración y proposición, respecto de todos los delitos de robo, extorsión, estafa y apropiación indebida. Asimismo, en estos supuestos, la pena  a aplicar será la inferior en uno o dos grados a la señalada en el delito correspondiente.

No obstante, cabe señalar que las disposiciones de este precepto radican en la extensión de una punibilidad excesiva y además, no abarca la totalidad de delitos violentos de apoderamiento toda vez que este Art. 269 ,Código Penal únicamente hace referencia a cuatro delitos.

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Delito patrimonial
Apropiación indebida
Responsabilidad penal
Delito leve
Financiación ilegal de partidos políticos
Actividades empresariales
Violencia o intimidación
Delitos contra la Hacienda Pública
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Acción penal
Administración desleal
Insolvencia punible
Corrupción
Delito de corrupción
Bienes patrimoniales
Descendientes
Divorcio
Ascendientes
Eximentes completas
Vulnerabilidad de la víctima
Estafa
Actos preparatorios punibles
Delito de robo
Extorsión
Acto preparatorio punible
Conspiración
Discapacitados
Punibilidad
Partido político
Responsabilidad
Persona jurídica
Financiación de partidos políticos