Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

• Código Penal y Legislación especial
  
  

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La reforma que hace la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, castiga a los que contravengan la legislación ambiental, cometan delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, y gradúa las penas: el apartado 1 para cuestiones menores, el 2 para grandes desastres, y el 2.2 para cuando afecte a personas.

El primer apartado castiga las emisiones, vertidos, ruidos, aterramientos, que contravengan la legislación medioambiental, conducta para la que se prevé una pena ahora de 6 meses a 2 años cuando causen o hayan podido causar daños sustanciales a la calidad del aire, suelo, aguas, animales o plantas.

En su segundo apartado contempla una pena de 2 a 5 años de prisión más multa con perjuicio grave para ecosistema. 

El inciso segundo del apartado 2, prevé la pena en su mitad superior, cuando haya grave perjuicio para la salud de las personas pudiendo llegar al grado superior, es decir, 5 años y 1 día a 7 años y medio (apartado 2 inciso 2), conducta que al afectar a las personas, conlleva una pena de ingreso automático en prisión, todo ello sin hablar del posible delito de lesiones. 

El Art. 326 ,CP, castiga con las mismas penas que el Art. 325 ,CP, cuando contravengan las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Se puede decir que es un delito que castiga el riesgo colectivo. 

Quien traslade una cantidad no desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos, será castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año.

El Art. 326 bis ,CP quien contraviniendo la normativa, lleve explotación de instalaciones de actividad peligrosa o con sustancias o preparados peligrosos que “causen o puedan causar” grave daño a calidad del aire, suelo, agua, plantas, animales o personas.

El Art. 327 ,CP, que se corresponde con el anterior art. 326 del CP, y supone la imposición de pena superior en grado cuando: 

a) la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.

b) se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.

c) se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma.

d) se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.

e) se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.

f) se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

El Art. 328 ,CP, es el antiguo art. 327 CP, y regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

REGULACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA:

La protección que nuestro Código penal blinda al medio ambiente arranca de la preocupación ecológica que ha tenido en la Constitución el Art. 45 ,Constitución Española que dice que todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. El Código penal de 1995 establece al respecto dos Capítulos dentro del Título XVI, el Capítulo III titulado “De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” y el Capítulo IV “De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos”. El medio ambiente se configura aquí como un bien jurídico colectivo que va más allá de la esfera estrictamente individual. Resulta pues importante que sea objeto de protección elementos naturales como el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, entre otros.

En el Art. 325 ,CP se regulan atentados genéricos al medio ambiente y expresamente se dice que será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.

La acción es el hecho de la provocación o realización, directa o indirecta de emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos y captaciones de aguas en la atmósfera, suelo, subsuelo, aguas terrestres, marítimas o subterráneas y espacios trasnfronterizos. A este respecto la regulación administrativa juega un papel importante para la delimitación del supuesto de hecho típico, hasta el punto de que si la conducta no está prohibida en dicha reglamentación no constituye el tipo del Art. 325 ,CP. Por tanto debemos decir que la acción delictiva ha de constituir también una infracción de leyes de carácter general protectoras del medio ambiente.

La conducta ha de tener la idoneidad suficiente para perjudicar gravemente el equilibrio de los ecosistemas. Es un delito de peligro hipotético, teniendo que ser el riesgo grave. Hay una sentencia de 24 de enero de 2003 que considera contaminación acústica grave y reiterada una discoteca que perturba el sueño de los vecinos constituyendo así una cualificación. Si el delito supone una lesión de bienes jurídicos individuales habrá el supuesto concurso ideal entre los delitos acaecidos y el contemplado del Art. 325 ,CP.

En cuanto al tipo subjetivo en estas conductas, son punibles tanto cuando se realizan dolosamente como por imprudencia grave.

Se contemplan también unos tipos cualificados cuando en la comisión de los tipos del Art. 325 ,CP concurran algunas de las siguientes circunstancias:

- Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin la correspondiente autorización o aprobación administrativa. Por clandestino debe entenderse según la jurisprudencia la falta de autorización administrativa.

- Que no se haya hecho caso a los mandatos expresos de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el Art. 325 ,CP. La conducta emerge en que las órdenes de la administración sean expresas; que procedan de órganos de la administración pública con competencia medioambiental para ordenar la corrección o suspensión de la actividad; que el sujeto conozca del acto de requerimiento y tenga intención de no cumplirlo.

- Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma.

- Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.

- Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.

- Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

En el Art. 327 ,CP se contempla con respecto a las personas jurídicas que cuando de acuerdo con lo establecido en el Art. 31 ,CP apartado bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los dos artículos anteriores, se le impondrán las siguientes penas:

Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión superior a cinco años.

Multa de uno a tres años, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el Art. 66 ,CP apartado bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del Art. 33 ,CP.

En cuanto al establecimiento de depósitos o vertederos el Art. 328 ,CP serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años quienes establezcan depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas.

Con las mismas penas previstas en el apartado anterior serán castigados quienes, contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas, o a animales o plantas.

Serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años los que en la recogida, el transporte, la valorización, la eliminación o el aprovechamiento de residuos, incluida la omisión de los deberes de vigilancia sobre tales procedimientos, pongan en grave peligro la vida, integridad o la salud de las personas, o la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

El que contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general traslade una cantidad importante de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años.

Cuando con ocasión de las conductas previstas en los apartados anteriores se produjera, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan solo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el Art. 31 ,CP apartado bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le impondrán las siguientes penas:

Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el Art. 66 ,CP apartado bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del Art. 33 ,CP.

Cuando en la comisión de cualquiera de los hechos previstos en los párrafos anteriores de este artículo concurra alguna de las circunstancias recogidas en los apartados a), b), c) o d) del Art. 326 ,CP se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código.

En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos el Código prevé un régimen específico que contempla en el Art. 329 ,CP  en el que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el Art. 404 ,CP y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.

Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

La acción típica en este caso tiene dos caras, la activa que se plasma en el hecho de informar favorablemente licencias claramente ilegales, resolver o votar a favor de su concesión en organismo colegiado, u omisiva en el hecho de silenciar la ilegalidad descubierta con motivo de sus actuaciones.

En el Art. 330 ,CP se contempla un supuesto de daño a elemento de espacio natural protegido: “quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses”. Los espacios naturales están caracterizados por estar protegidos y contener elementos y sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes. La acción consiste en un daño grave a dichos elementos lo que requerirá en cada caso una valoración judicial, siendo según el Art. 331 ,CP punible la imprudencia grave, diciendo que los hechos previstos en este Capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave.