Los delitos de desobediencia y de denegación de auxilio como modalidad de delitos contra las administraciones públicas

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El Capitulo III "Desobediencia y denegación de auxilio" del Título XIX, trata de delitos que se enmarcan dentro del grupo de delitos contra la Administración Pública. Se encuentran regulados en los Art. 410-412 ,CP.

 

En el primer artículo del Capítulo III, el Art. 409 ,CP, tipifica una conducta que se puede fraccionar en las siguientes partes:

- Autoridad o funcionario público

- Negarse abiertamente al debido cumplimiento

- Resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior

- Ámbito de su competencia y cumpliendo con las formalidades legales.

Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Ahora bien, en el párrafo segundo del Art. 410 ,CP, se incluye un caso de exención de la responsabilidad criminal, para las autoridades o funcionarios públicos que no cumplan un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de la Ley o de cualquier otra disposición general.

Al tratarse de una negativa abierta, se constituirá con un delito doloso exclusivamente.

El supuesto de desobediencia reiterada, se expresa en el Art. 411 ,CP y está compuesto de las siguientes partes:

- Autoridad o funcionario público

- Previamente suspende la ejecución de las órdenes de sus superiores

- Desobedezca después de que, esos superiores, desaprobasen esa suspensión

La autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquéllos hubieren desaprobado la suspensión, incurrirá en las penas de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.”

Es necesario, que no se trate de órdenes que constituyan una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general. En este artículo se señala una mayor pena respecto del artículo anterior, ya que se supone que el funcionario o autoridad ha desobedecido dos veces una orden, cuando suspende la ejecución y cuando lo reitera después de la desaprobación del superior jerárquico.

La tercera conducta tipificada dentro de este apartado, es la llamada denegación de auxilio.  Se castigan dos conductas, distinguiéndose si el requerimiento lo realiza la autoridad competente o un particular. La primera de ellas consiste en:

- Funcionario público

- Requerido por la autoridad competente

- No preste el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público.

En este supuesto, se impondrá la pena de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Esta pena, se verá agravada, si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad.

“(..) se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años.”

La segunda conducta consistirá en:

- Autoridad o funcionario público

- Requerido por un particular

- No preste el auxilio, al que esté obligado por razón de su cargo, para evitar un delito.

Deberá tratarse de un delito contra la vida de las personas. Mientras que, si se tratara de un delito contra integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, la pena será más leve.

“La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.”

 

En caso de que el requerimiento del particular, fuera para evitar cualquier otro tipo de delito o mal, se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Entre este conjunto de delitos y otros tales como, la omisión del deber de socorro ( Art. 195 ,CP ), y omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución ( Art. 450 ,CP ), es posible un concurso de normas.

 

 

 

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