Los delitos de desobediencia y de denegación de auxilio

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 31/10/2019

Los delitos contra la administración pública aparecen regulados bajo la rúbrica de "Delitos contra la administración pública" en el Título XIX, del Libro II, del Código Penal

En este título, se regulan los delitos de:

  • Prevaricación y comportamientos injustos de los funcionarios públicos. (Arts. 404 a 406 CP)
  • Abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos. (Arts. 407 a 409 CP )
  • Desobediencia y denegación de Auxilio. (Arts. 410 a 412 CP)
  • Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. ( Arts. 413 a 418 CP)
  • Cohecho. (Arts. 419 a 427 bis CP)
  • Tráfico de influencias. (Arts. 428 a 431 CP)
  • Malversación. (Arts. 432 a 435 bis CP)
  • Fraudes y Exacciones ilegales. (Arts. 436 a 438 CP)
  • Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de sus funciones. (Arts. 439 a 444 CP)

El bien jurídico común a todos estos delitos es el correcto ejercicio de ola función pública, esto es, su funcionamiento dentro de la legalidad. Todos tienen en común el quebrantamiento voluntario de las obligaciones contraídas por los servidores públicos integrantes de la Administración Pública. 

 

El artículo 410 del Código Penal dispone que las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.

Por otro lado, el artículo 411 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el apartado segundo del artículo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores las desobedeciere después de que aquéllos hubieren desaprobado la suspensión. Al que lleve a cabo esta conducta se le impondrá una pena de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, por un tiempo de uno a tres años.

En relación con el auxilio, el artículo 412 del Código Penal dicta que el funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público, incurrirá en las penas de multa de tres a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad, se impondrán las penas de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a tres años.

La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

Si se tratase de un delito contra la integridad, libertad sexual, salud o libertad de las personas, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses y suspensión de empleo o cargo público de uno a tres años.

En el caso de que tal requerimiento lo fuera para evitar cualquier otro delito u otro mal, se castigará con la pena de multa de tres a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

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