Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 29/10/2019

El delito de financiación ilegal de los partidos políticos, regulado en el artículo 304 bis del CP, castiga al que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición, o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5, de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos. 

El que cometa este delito será castigado con una pena de multa del triple al quíntuple del valor de lo recibido. 

Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición, o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5, de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos.

Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando:

  • Se trate de donaciones recogidas en el artículo 5.1, letras a) o c) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de importe superior a 500.000 euros, o que superen en esta cifra el límite fijado en la letra b) del aquel precepto, cuando sea ésta el infringido.
  • Se trate de donaciones recogidas en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que superen el importe de 100.000 euros.

Si los hechos a que se refiere el apartado anterior resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

El apartado 4 dispone que la misma pena se impondrá, en sus respectivos casos, a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta, en alguno de los supuestos de los números anteriores.

El apartado 5 castiga con las mismas penas cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código, una persona jurídica sea responsable de los hechos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

La regulación de este delito aparee en el artículo 304 bis del CP, que se encuadra en el Título XIII Bis Libro II denominado “De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos”.

La doctrina se inclina por señalar como bien jurídico protegido el de las funciones constitucionales que ejercen los partidos políticos, derivadas del artículo 6 de la constitución en desarrollo al pluralismo político, concurrencia a la formación y manifestación de la voluntad popular, así como instrumento fundamental de la participación política.

Tipo objetivo, subjetivo y concursos

El sujeto activo de este delito será tanto el intermediario como cualquier miembro del partido político, federación, coalición o agrupación de electores que reciba del dinero.

La conducta típica en este delito consiste en recibir y entregar donaciones de origen privado, si bien ha sido redactada como norma penal en blanco al remitirse a la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican, la LO 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y la LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. Se divide en tres artículos, en los que se modifican respectivamente la LO sobre financiación de los partidos políticos, la LO de Partidos Políticos, y la LO del Tribunal de Cuentas, tres disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, y diez disposiciones finales.

No está tipificada la aceptación, a pesar de remitirse a la LO 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos políticos, por la que se modifican la LO 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos que si la contempla como infracción.

El delito de financiación ilegal de los partidos políticos es un delito de mera actividad, por lo que no requiere que se produzca el resultado, y tampoco cabe su comisión por omisión. Se entenderá consumado con la mera conducta, sin necesitar que se dé el resultado.

El objeto material del delito lo constituyen las donaciones o aportaciones, directas o indirectas, que se reciben o entregan. Están donaciones están contempladas en el artículo 5.1 de la LO 8/2007, de 4 de julio (modificado por el artículo tercero de la LO 3/2015, de 30 de marzo) donde se dictan los limites a las donaciones privadas. Siguiendo lo dispuesto en la Ley, los partidos políticos no podrán aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones anónimas, finalistas o revocables. Tampoco podrán aceptar donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superior a 100.000 euros anuales.

Se exceptúan de este límite las donaciones en especie de bienes inmuebles, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la letra g) del apartado dos del artículo 4. Esta letra g) del apartado dos del artículo 4 dispone que, en todo caso, cuando excepcionalmente no haya sido posible proceder a la identificación de un donante, el importe de la donación se ingresará en el Tesoro en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio.

En relación al elemento subjetivo, estamos ante un delito doloso, no se prevé la comisión imprudente del delito y estaríamos hablando siempre de un delito de mera actividad, de forma que la mera entrega o recepción consumaría el delito, sin que quepa la frustración o tentativa, salvo que se realizasen todos o cada uno de los actos que deban producir el resultado y por circunstancias ajenas a la voluntad de sujeto activo no se produzca.

Se puede dar un concurso de delitos en relación con los Delitos Contra la Administración Pública. Ejemplos con los que puede existir concurso:

  • Cohecho, regulado en el artículo 419 y ss. del CP. Este concurso se observa cuando el miembro del partido político que recibe la financiación además desempeña un cargo público.
  • Trafico de influencias, regulado en el artículo 428 del CP. Este concurso se da cuando la dádiva ofertada va destinada al partido político.
  • Malversación, regulada en el artículo 432 y ss. del CP. Este concurso aparece cuando los fondos concedidos para un determinado fin son desviados, por ejemplo, a un partido político.
Subtipos agravados

Como hemos dicho con anterioridad, el apartado dos del artículo 304 bis introduce un subtipo agravado en función del sujeto que realiza la aportación o donación, así como la cuantía. De esta forma, estará penado con multa del triplo al quíntuplo de la cuantía, y prisión de seis meses a cuatro años en los siguientes casos:

  • Las donaciones o aportaciones cuyo importe supere los 500.000 euros, siempre que sea anónima, finalista o revocable, o provenga de personas jurídicas o entes sin personalidad.
  • Las donaciones o aportaciones cuyo importe superen los 550.000 euros, con exclusión de los bienes inmuebles, siempre que provenga de una misma persona y se reciban dentro de un plazo de un año.

A su vez también se contempla dentro de este subtipo agravado cuando el origen de la financiación sea extranjero, bien a través de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con éstos, siempre y cuando las aportaciones superen la cuantía de 100.000 euros.

Por su parte, el apartado 3 del citado precepto aporta un subtipo mas agravado, ya que puede agravar tanto el supuesto del apartado 1 como el del 2. Este apartado dispone que se impondrá la pena en su mitad superior en aquellos supuestos en los que se aprecie una especial gravedad, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Otro tipo agravado del delito de financiación ilegal de los partidos políticos es el tipificado por el artículo 304 ter, que castiga con la pena de prisión de uno a cinco años, al que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley.

Dentro de este tipo, el apartado dos del art.304 ter establece una pena mas agravada a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones, imponiendo la pena en su mitad superior.

Además, como expresa el tercer apartado del artículo 304 ter, se cualifica el hecho, cuando resultaran de especial gravedad los hechos anteriormente descritos, imponiéndose la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Este artículo castiga as organizaciones de personas o tramas dedicadas a la financiación irregular de los partidos políticos. Las consecuencias de cometer este delito dependen de si hay circunstancias agravantes específicas, de si quien comete el delito es una persona física o jurídica (partidos políticos, empresas, asociaciones) y del delito concreto cometido.

El sujeto activo en este artículo 304 ter seria todo aquel, cualquiera que sea su forma, que este integrado en la estructura u organización, requiriendo para ello, dolo, lo que exige una voluntad y conocimiento de pertenecer a dicha estructura o organización, no cabiendo por tanto la comisión imprudente.

La conducta típica en este caso es la pertenencia a una estructura u organización destinada a la financiación ilegal de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores.

Atendiendo al principio de especialidad que rige en el derecho penal, la pertenencia a una estructura u organización cuya finalidad sea la de cometer un delito ya se encontraba tipificada en el artículo 515.1 del CP. Ahora bien, cuando nos encontramos ante el delito de financiación ilegal, la conducta ha de encuadrase en el artículo 304 ter del mismo texto legal, al contemplarse expresamente dicha finalidad exigiendo a dicha estructura u organización unos mínimos legales en relación a su constitución.

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Donación
Bienes inmuebles
Comisión por omisión
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Delitos contra la Administración Pública
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Tentativa
Delito doloso
Cargos públicos
Dádivas
Empresa pública
Dolo
Agravante
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