La obstrucción a la Justicia y de deslealtad profesional como modalidad de delitos contra la Administración de Justicia

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El Código Penal regula, en el Capítulo VII del Título XX del Libro II, los delitos de obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, concretamente en sus Art. 463 ,CP a Art. 467 ,CP. La integración de estos delitos en el Título XX del Código, que lleva por rúbrica ?Delitos contra la administración de justicia?, determina que el correcto funcionamiento de la administración de justicia sea el bien jurídico protegido.

 

Obstrucción a la justicia en causa criminal

Se contemplan diferentes supuestos, en función de que la Administración de Justicia se vea paralizada por los particulares, Abogados, Fiscales, Jueces o Secretarios Judiciales, así como que haya o no persona privada de libertad en el momento de la celebración del juicio.

Proceso con reo en prisión

Dispone el 463.1 ,CP que “El que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses.

Se destacan los siguientes elementos integradores del tipo:

  • No comparecer de forma consciente al juicio oral.
  • Que tal hecho dé lugar a la suspensión del juicio.
  • Que exista reo en prisión provisional.

Es posible que el sujeto deje de comparecer voluntariamente sin causa justificada y no por ello cometa el delito. Esto sucede cuando de todos modos el juicio se celebre por no considerarse fundamental su testimonio para la celebración de la vista, lo cual dicho sea de paso es bastante habitual en la práctica.

El bien jurídico protegido es el buen funcionamiento de la Administración de Justicia.

Los sujetos activos de este delito son los que no comparezcan a juicio siendo testigos, peritos, intérpretes, e incluso personas acusadas que se encuentren en libertad y van a ser juzgadas junto con otros que están en prisión.

Proceso sin reo en prisión

También se castiga en el 463.1 ,CP al que “habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión”. Conlleva pena de multa de seis a 10 meses.

Cuando no haya reo en prisión se permite una primera falta de asistencia, pese a existir citación formal y no se justifique la inasistencia, siendo en este caso la conducta menos grave, al no ser causa con preso.

Supuestos agravados

El Art. 463 ,CP contempla dos supuestos agravados:

  • Según el 463.2 ,CP se agrava la pena cuando es responsable del delito es abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función. En este caso se le impondrá la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años. En relación con los Abogados, en los recursos de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, su inasistencia para la defensa del recurso no es motivo para paralizar su celebración, aunque la Sala puede imponer una sanción, al igual que el Colegio de Abogados. En consecuencia, si se celebra la vista, la inasistencia del abogado no es objeto de delito.
  • Se castiga en el 463.3 ,CP cuando “la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo, como consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de secretario judicial”. En este caso se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatro años. Se aprecia una mayor responsabilidad para quien ha de juzgar y para el Secretario Judicial.

 

Violencia o intimidación sobre participantes en el proceso

Dispone el 464.1 ,CP que “El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses. Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se impondrá la pena en su mitad superior”.

Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, mientras que sujeto pasivo son las personas indicadas que han de comparecer en el proceso.

Los elementos del delito son el uso de violencia o intimidación en las personas para que estas modifiquen su actuación en un proceso. Dicha violencia o intimidación ha de tener la entidad suficiente para hacer cambiar de criterio a la persona sobre la que se ejerce.

Es necesario distinguir dos tipos de violencia, por un lado la física (vis fisica) y por otro la violencia intimidativa (vis compulsiva).

El delito se comete ejerciendo la violencia o intimidación directamente sobre el imputado, abogado, etc., o de forma indirecta.

Para la consumación del delito no es necesario que se llegue a influir, pues el tenor literal del texto es “ intentare influir”.

 

Represalias contra personas que participaron en un procedimiento judicial

Dispone al respecto el 463.2 ,CP que “Iguales penas se impondrán a quien realizare cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial, sin perjuicio de la pena correspondiente a la infracción de que tales hechos sean constitutivos”.

Este delito se consuma con la mera conducta atentatoria, no precisándose ningún tipo de resultado, por lo que no es posible la tentativa.

En relación a lo que se dispone en cuanto al atentado contra los bienes, ha de entenderse que son los encaminados a su destrucción total o parcial o producir cualquier tipo de daño, pues así cabe deducirlo en cuanto que la conducta del sujeto activo del delito es de represalia.

Cuando un mismo sujeto realiza la conducta del apartado primero y después cualquiera de la del apartado segundo del Art. 464 ,CP, se cometerán dos delitos en concurso real.

 

Destrucción, inutilización y ocultación de documentos en un proceso

En el Art. 465 ,CP se contemplan dos supuestos en función de que el sujeto activo del delito sea Abogado o Procurador o bien que los hechos sean realizados por un particular.

Se castiga en el 465.1 ,CP al “que, interviniendo en un proceso como abogado o procurador, con abuso de su función, destruyere, inutilizare u ocultare documentos o actuaciones de los que haya recibido traslado en aquella calidad”. El delito se castiga con pena de prisión de seis meses a dos años, multa de siete a doce meses e inhabilitación especial para su profesión, empleo o cargo público de tres a seis años.

Se trata de un delito especial, ya que solamente lo pueden cometer los Abogados y Procuradores. Por otro lado, el término “proceso” comprende cualquier procedimiento penal, laboral, civil o contencioso-administrativo.

El delito se consuma cuando se materializa alguno de los comportamientos reseñados de destruir, inutilizar u ocultar, siendo posible la tentativa.

En relación con el delito cometido por particulares dispone el 465.2 ,CPSi los hechos descritos en el apartado primero de este artículo fueran realizados por un particular, la pena será de multa de tres a seis meses”.

 

Revelación de actuaciones procesales declaradas secretas

Dispone el 466.1 ,CP que “El abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial, será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años”.

Pese a lo dispuesto por el Art. 301 ,LECRIM en cuanto a que “las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente ley”, para la perfección del delito se precisa que el secreto sea declarado por la autoridad judicial.

Tratándose de personal al servicio de la Administración de Justicia, dispone el 466.2 ,CP que “Si la revelación de las actuaciones declaradas secretas fuese realizada por el Juez o miembro del Tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia, se le impondrán las penas previstas en el artículo Art. 417 ,CP en su mitad superior”.

Por su parte, en cuanto a los particulares establece el 466.3 ,CP lo siguiente: “Si la conducta descrita en el apartado primero fuere realizada por cualquier otro particular que intervenga en el proceso, la pena se impondrá en su mitad inferior”.

Deslealtad de abogados y procuradores respecto de sus defendidos o representados

En el Art. 467 ,CP se contienen tres supuestos diferentes en cuanto a la deslealtad de estos profesionales:

  • Defensa o representación desleal. Se castiga en el apartado primero del Art. 467 ,CP al “abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios”. Se establece una pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de dos a cuatro años. Se precisa que entre la primera y la segunda defensa existan intereses contrapuestos. De la frase “sin conocimiento de estas” puede entenderse que un mismo Abogado puede defender a dos o más personas con intereses con intereses contrapuestos, siempre que las partes estén de acuerdo y el Abogado sea imparcial. Cabe la posibilidad de concurso con otros delitos como el de revelación de secretos.
  • Perjuicio por acción u omisión a la persona defendida o representada. Se castiga en el 467.2 ,CP al “abogado o  procurador que, por acción u omisión, perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados. Se establecen penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años."

Dispone el citado precepto en su apartado segundo que si los hechos fueran realizados por imprudencia grave, se impondrán las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para su profesión de seis meses a dos años. Existirá imprudencia grave en todo caso cuando no se observe el deber objetivo de cuidado que hubiera observado un profesional medio. Se incluye también la impericia profesional.

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