Delitos relativos al patrimonio histórico

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    Órden: Penal Fecha: 16/08/2011 Tribunal: Ap - Cantabria Ponente: Sagüillo Tejerina, Ernesto Num. Sentencia: 341/2011 Num. Recurso: 318/2011

    PRIMERO.- Recurren el MINISTERIO FISCAL y el GOBIERNO DE CANTABRIA la sentencia del Juzgado de lo Penal que absolvió a los imputados Carlos y Ezequias de la autoría de un delito contra la ordenación territorial y otro contra el patrimonio histórico. La sentencia describe hechos -la destrucción de un yacimiento romano en el lugar denominado "Monte Cildá", monte perteneciente a la Junta Vecinal de Alceda en término municipal de Corvera de Toranzo- que aparecen como presuntamente consti...

  • Sentencia Civil Nº 402/2013, AP - Tenerife, Sec. 4, Rec 175/2013, 23-12-2013

    Órden: Civil Fecha: 23/12/2013 Tribunal: Ap - Tenerife Ponente: Moscoso Torres, Pablo Jose Num. Sentencia: 402/2013 Num. Recurso: 175/2013

    PRIMERO.- 1. La sentencia apelada estimó la pretensión principal de la demanda, en la que el actor reclamaba a los tres demandados la cantidad de 12.600 euros que había entregado a don Amador por la compra (como 'opción de compra' se califica en el documento suscrito al efecto) de una vivienda propiedad de otro demandado (cantidad que comprendía 6.000 euros en conceptos de reserva y otros 6.600 para facilitar la descalificación de la vivienda como de protección oficial, y también a cuen...

  • Sentencia Penal Nº 34/2009, AP - Cadiz, Sec. 1, Rec 6/2009, 28-01-2009

    Órden: Penal Fecha: 28/01/2009 Tribunal: Ap - Cadiz Ponente: Gracia Sanz, Francisco Javier Num. Sentencia: 34/2009 Num. Recurso: 6/2009

  • Sentencia Penal Nº 552/2013, AP - Leon, Sec. 3, Rec 678/2013, 15-07-2013

    Órden: Penal Fecha: 15/07/2013 Tribunal: Ap - Leon Num. Sentencia: 552/2013 Num. Recurso: 678/2013

    CONTRA EL PATRIMONIO HISTÓRICO

  • Sentencia Civil Nº 340/2015, AP - Valencia, Sec. 7, Rec 558/2015, 13-12-2015

    Órden: Civil Fecha: 13/12/2015 Tribunal: Ap - Valencia Ponente: Cerdan Villalba, Maria Pilar Eugenia Num. Sentencia: 340/2015 Num. Recurso: 558/2015

    PRIMERO.- Por la Sentencia de instancia, se estimó en un todo la demanda de juicio monitorio y luego verbal interpuesta por RIVERA PITMAN DISTRIBUIDORA S.A contra DISCOTECA POMELO S.L en reclamación de 4.73,12 euros como importe de las facturas debidas derivadas del suministro de bedidas por la primera a la segunda y, a su vez, desestimó la reconvención interpuesta por ésta contra aquélla en reclamación de 4.219,68 euros a compensar de la citada reclamación por el rappel y gastos debid...

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  • Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo

    Órden: Penal Fecha última revisión: 07/01/2013

    El Capítulo I del Título XVI "De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente", consta de dos artículos: Art. 319 ,CP y Art. 320 ,CP NOVEDAD: La Ley 1/2015, de 30 de marzo, modifica el Art. 319 ,CP y Art. 320 ,CP. Modifica el 319.3 ,CP introduce un inciso sobre la demolición en los delitos urbanísticos, condicionando la demolición a que se oiga a la Administración competente, a la Comunidad Autónom...

  • Derecho a la Seguridad Social

    Órden: Laboral Fecha última revisión: 12/02/2015

    El derecho a la Seguridad Social «de todos los ciudadanos» está reconocido en el Art. 41 ,Constitución Española, que se encuadra en el capítulo de los «principios rectores de la política social y económica» (capítulo III del título I). Se expresa este derecho en términos muy generales, en sus dos vertientes de deber de los poderes públicos y de garantía de obtener «asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad». De conformidad con el mandato del ap...

  • Regulación del contrato de mandato

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    El mandato es aquel contrato en el que un mandante encarga a un mandatario que realice un acto jurídico determinado en nombre propio pero en interés y por cuenta del mandante. Es un contrato diferente del arrendamiento de servicios o del de representación aunque la definición aportada por el Art. 1709 ,Código Civil no lo deja claro por ser vaga y demasiado amplia.    El contrato de mandato viene regulado en los Art. 1709-1739 ,Código Civil. Su definición viene dada en el Art. 1709 ,Cód...

  • Delito de prevaricación judicial

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    Fecha última revisión: 27/05/2016

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    Fecha última revisión: 29/03/2016

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  • Denuncia por delito de malversación de fondos

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    NOTA: El delito de malversación de fondos, solo puede ser realizado la autoridad o funcionario público, ya que se trata de un delito especial. El Art. 432 CP castiga al que cometiere administración desleal del Art. 252 CP, o la apropiación indebida del Art. 253 CP, sobre el patrimonio público, con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.     AL JUZ...

  • Denuncia por falsedad documental cometido por funcionario público

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  • Caso práctico: Diferencias entre el contrato de arrendamiento de servicios y el de mandato

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  • Caso práctico: Modos de adquirir la posesión.

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  • Caso práctico: Sucesión y subrogación de empresas. Garantías de los representantes de los trabajadores

    Fecha última revisión: 15/04/2016

  • PLANTEAMIENTO Ante una sucesión o subrogación de empresas ¿los representantes de los trabajadores mantienen sus garantías? RESPUESTA Para que las garantías se mantenga se exige la pervivencia del centro de trabajo y que los trabajadores no sean adscritos a otro centro diferente. Si en la nueva empresa ya existen órganos de representación los trabajadores de la empresa subrogada quedan representados por el comité de empresa o los delegados sindicales de su nueva empleadora. ANÁLISIS ...

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  • Resolución de TEAC, 00/3366/2005, 27-06-2007

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 27/06/2007

  • Núm. Resolución: 00/3366/2005
  • ResumenEl interesado reunía la condición de administrador tal y como se deduce de la escritura pública en que consta su nombramiento. La inscripción de los administradores en el Registro Mercantil se considera como no constitutiva y la falta de inscripción no invalida los actos del administrador ni su responsabilidad, sino que protege al tercero de buena fe que base su actuación en lo inscrito, salvo que se pruebe que conocía la realidad.Descripción En la Villa de Madrid, a 27 de ju...

  • Resolución de TEAC, 00/104/2007, 09-07-2008

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 09/07/2008

  • Núm. Resolución: 00/104/2007
  • ResumenSe confirma la derivación de responsabilidad a administradores, en base a los párrafos primero y segundo del artículo 40.1 de la LGT (Ley 230/1963). La caducidad en el nombramiento del administrador de una sociedad mercantil no se produce de forma automática por el transcurso del tiempo sino que, hasta la designación de administradores, conservan algunas facultades entre ellas la de convocar la Junta General para el nombramiento de los mismos, no siendo impedimento alguno el cierre p...

  • Resolución de TEAC, 00/367/1999, 12-05-2000

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 12/05/2000

  • Núm. Resolución: 00/367/1999
  • Resumen Se estima en parte el recurso y se declara la improcedencia de derivar las deudas tributarias a quien fue administrador de empresa fallida, a partir del momento en que renunció a esta función practicando los requerimientos notariales que constan en el expediente y ello aunque su cese no se hiciera constar en el Registro. Se continua, en cambio, el acto impugnado en lo restante, pero las simples desavenencias internas no son causa de extinción de la responsabilidad subsidiaria.Descri...

  • Resolución de TEAC, 00/3076/2005, 14-02-2007

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 14/02/2007

  • Núm. Resolución: 00/3076/2005
  • ResumenProcede el acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria al reclamante, pese a la presunta celebración de Junta General en la que se acordó el cese del Consejo de Administración, pues los miembros del mismo siguieron ejerciendo funciones de administración y el nuevo nombramiento de Administrador Único no vincula a la Hacienda Pública (tercero de buena fe) sino desde la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública. Tampoco el posible desconocimient...

  • Resolución de TEAC, 00/1115/1997, 10-06-1999

    Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 10/06/1999

  • Núm. Resolución: 00/1115/1997
  • ResumenACTOS DEL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO El artículo 40.1 párrafo primero de la L.G.T., no exige un ánimo doloso en el administrador, y menos un dolo específico dirigodo a defraudar a la Hacienda Pública, sino que, como resulta de los propios términos, basta con una negligencia, normalmente omisiva, en relación con los deberes de gestión y las amplias facultades que les corresponde, en cuyo desempeño han de conducirse, tal como dice el articulo 127 de la Ley de Sociedades Anó...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

Los delitos relativos al patrimonio histórico se regulan en los Art. 321-324 ,CP del Capítulo II del Título XVI del Código penal. No sólo la protección del patrimonio histórico vienen regulados en estos artículos sino también en otros del Código como en el Art. 235 ,CP, Art. 250 ,CP, Art. 252 ,CP y Art. 253 ,CP entre otros. Con semejante protección se pretende satisfacer el mandato constitucional del Art. 46 ,Constitución Española. Los bienes protegidos en este caso se individualizan así por su valor social como expresión de su cultura y de su propia identidad.

NOVEDAD: La Ley 1/2015, de 30 de marzo, modifica el Art. 323 ,CP, es decir, el delito sobre el patrimonio histórico. Así pues, dicho delito queda configurado de la siguiente manera, en su primer apartado, los daños o expolio en el patrimonio histórico, artístico o yacimientos pasan de una pena de prisión de 1 a 3 años y multa a pena de 6 meses de prisión a 3 años o multa. En cuanto a los daños de especial gravedad o bienes especialmente relevantes, podrá imponerse la pena superior en grado, tal y como dispone su apartado 2. El 323.3 ,CP es el antiguo apartado 2, según el cual, los jueces podrán ordenar a cargo del infractor las medidas para restaurar.

 

En cuanto a los delitos relativos a la protección del patrimonio histórico se contempla su regulación en el Art. 321-324 ,CP, con dicha protección el legislador da cabida al mandato constitucional del Art. 46 ,Constitución Española según el cual la Ley penal sancionará los atentados contra el patrimonio histórico, cultural y artístico cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Los bienes objeto de protección se individualizan así por su valor social en cuanto a expresión de su cultura y de sus señas de identidad.

Integran por tanto el patrimonio histórico los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

La Ley de Patrimonio Histórico Español dispensa que integran el mismo los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Siendo bienes de valor histórico carece de importancia el hecho de que su propiedad sea pública o privada, de naturaleza mueble o inmueble, así como el régimen jurídico a que se encuentren sometidos.

En cuanto al bien jurídico protegido es el valor cultural o social de dichos bienes, careciendo de mucha relevancia el valor económico. Nos encontramos por tanto ante bienes de dimensión social y colectiva.

El bien jurídico protegido es el valor cultural y social de dichos bienes, pasando a un segundo plano su valor económico. Los diferentes tipos delictivos vienen contemplados en el Código y empezando en el Art. 321 ,CP, que se refiere a conductas consistentes en el derribo o alteración grave de edificios singularmente protegidos del Art. 321 ,CP que dice que los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro mesesy, en todo caso, inhabilitaciónespecial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años.

Los Jueces o Tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

La acción típica es concretamente el derribo o alteración de los inmuebles a que se refiere el Art. 321 ,CP, es un delito de daños tipificado por el hecho de la dimensión colectiva del objeto sobre el que recae. El derribo consiste en la demolición total del edificio como la que afecta a una parte de la construcción. La alteración consiste en la causación de un daño que se exige que sea grave, que se determinará según las posibilidades de restauración. Es diferente a este respecto, la alteración del edificio que pueda significar un menoscabo de su valor histórico, artístico, cultural o monumental.

El objeto de protección son los edificiosconcretamente protegidos cuyo concepto viene establecido en la Ley de Patrimonio Histórico, según el cual gozarán de singular protección los bienes integrantes de patrimonio histórico español declarados de interés cultural por ministerio de esta ley o mediante real decreto de forma individualizada.

El Art. 322 ,CP contempla la responsabilidad de autoridades y funcionarios públicos, expresando que la  autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el Art. 404 ,CP con la de prisión de seis meses a dos añoso la de multa de doce a veinticuatro meses. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

Se contemplan también otros atentados contra el patrimonio histórico en el Art. 323 ,CP, a tenor del cual será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior.

En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.

El último artículo, del Capítulo II, es el Art. 322 ,CP que castiga al que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos. Aquí, mientras la incriminación de los daños puramente patrimoniales por imprudencia grave requiere que la cuantía supere los 80.000 euros, el límite de la incriminación se fija en el Art. 324 ,CP en 400 euros, lo que determina que prácticamente cualquier daño en los referidos bienes resulte punible como delito. La cuantía es una condición objetiva de penalidad que no requiere ser abarcada por el dolo del autor.

 

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Mandato
Delitos sobre el patrimonio histórico
Funcionarios públicos
Inhabilitación especial
Buena fe del tercero
Indemnización debida
Delito de daños
Responsabilidad
Colegiado
Imprudencia grave
Centro docente
Dolo