Delitos relativos al patrimonio histórico

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

Los delitos relativos al patrimonio histórico se regulan en los Art. 321-324 ,CP del Capítulo II del Título XVI del Código penal. No sólo la protección del patrimonio histórico vienen regulados en estos artículos sino también en otros del Código como en el Art. 235 ,CP, Art. 250 ,CP, Art. 252 ,CP y Art. 253 ,CP entre otros. Con semejante protección se pretende satisfacer el mandato constitucional del Art. 46 ,Constitución Española. Los bienes protegidos en este caso se individualizan así por su valor social como expresión de su cultura y de su propia identidad.

NOVEDAD: La Ley 1/2015, de 30 de marzo, modifica el Art. 323 ,CP, es decir, el delito sobre el patrimonio histórico. Así pues, dicho delito queda configurado de la siguiente manera, en su primer apartado, los daños o expolio en el patrimonio histórico, artístico o yacimientos pasan de una pena de prisión de 1 a 3 años y multa a pena de 6 meses de prisión a 3 años o multa. En cuanto a los daños de especial gravedad o bienes especialmente relevantes, podrá imponerse la pena superior en grado, tal y como dispone su apartado 2. El 323.3 ,CP es el antiguo apartado 2, según el cual, los jueces podrán ordenar a cargo del infractor las medidas para restaurar.

 

En cuanto a los delitos relativos a la protección del patrimonio histórico se contempla su regulación en el Art. 321-324 ,CP, con dicha protección el legislador da cabida al mandato constitucional del Art. 46 ,Constitución Española según el cual la Ley penal sancionará los atentados contra el patrimonio histórico, cultural y artístico cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. Los bienes objeto de protección se individualizan así por su valor social en cuanto a expresión de su cultura y de sus señas de identidad.

Integran por tanto el patrimonio histórico los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.

La Ley de Patrimonio Histórico Español dispensa que integran el mismo los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. Siendo bienes de valor histórico carece de importancia el hecho de que su propiedad sea pública o privada, de naturaleza mueble o inmueble, así como el régimen jurídico a que se encuentren sometidos.

En cuanto al bien jurídico protegido es el valor cultural o social de dichos bienes, careciendo de mucha relevancia el valor económico. Nos encontramos por tanto ante bienes de dimensión social y colectiva.

El bien jurídico protegido es el valor cultural y social de dichos bienes, pasando a un segundo plano su valor económico. Los diferentes tipos delictivos vienen contemplados en el Código y empezando en el Art. 321 ,CP, que se refiere a conductas consistentes en el derribo o alteración grave de edificios singularmente protegidos del Art. 321 ,CP que dice que los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años.

Los Jueces o Tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

La acción típica es concretamente el derribo o alteración de los inmuebles a que se refiere el Art. 321 ,CP, es un delito de daños tipificado por el hecho de la dimensión colectiva del objeto sobre el que recae. El derribo consiste en la demolición total del edificio como la que afecta a una parte de la construcción. La alteración consiste en la causación de un daño que se exige que sea grave, que se determinará según las posibilidades de restauración. Es diferente a este respecto, la alteración del edificio que pueda significar un menoscabo de su valor histórico, artístico, cultural o monumental.

El objeto de protección son los edificios concretamente protegidos cuyo concepto viene establecido en la Ley de Patrimonio Histórico, según el cual gozarán de singular protección los bienes integrantes de patrimonio histórico español declarados de interés cultural por ministerio de esta ley o mediante real decreto de forma individualizada.

El Art. 322 ,CP contempla la responsabilidad de autoridades y funcionarios públicos, expresando que la  autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el Art. 404 ,CP con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

Se contemplan también otros atentados contra el patrimonio histórico en el Art. 323 ,CP, a tenor del cual será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior.

En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.

El último artículo, del Capítulo II, es el Art. 322 ,CP que castiga al que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos. Aquí, mientras la incriminación de los daños puramente patrimoniales por imprudencia grave requiere que la cuantía supere los 80.000 euros, el límite de la incriminación se fija en el Art. 324 ,CP en 400 euros, lo que determina que prácticamente cualquier daño en los referidos bienes resulte punible como delito. La cuantía es una condición objetiva de penalidad que no requiere ser abarcada por el dolo del autor.

 

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