Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo

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  • Orden: Penal

El Capítulo I del Título XVI "De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente", consta de dos artículos: Art. 319 ,CP y Art. 320 ,CP

NOVEDAD: La Ley 1/2015, de 30 de marzo, modifica el Art. 319 ,CP y Art. 320 ,CP. Modifica el 319.3 ,CP introduce un inciso sobre la demolición en los delitos urbanísticos, condicionando la demolición a que se oiga a la Administración competente, a la Comunidad Autónoma y a que el condenado constituya garantías para el pago de la demolición, con lo que habrá que buscarle bienes para pagar a la Comunidad Autónoma por adelantado.

Los delitos relativos a la ordenación del territorio se encuentran regulados en el Capítulo I del Título XVI, conociéndose también como delitos urbanísticos. Su tipificación penal viene de la mano de la poca eficacia de  la normativa administrativa a la hora de sancionar este tipo de conductas. El bien jurídico protegido está representado por el cumplimiento de la ordenación territorial o un uso racional del suelo. La sanción penal se gradúa en función de la gravedad cuando se dan muchos hechos objeto de ser sancionados.

El Art. 319 ,CP, prevé penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.

El apartado 2 del Art. 319 ,CP, impone una pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable.

Los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y valorando las circunstancias, y oída la Administración competente, condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el Art. 31 bis ,CP se le impondrá la pena de multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho beneficio.

Atendidas las reglas establecidas en el Art. 66 bis ,Código Penal, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del Art. 33 ,Código Penal.

El Art. 320 ,CP dispone que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el Art. 404 ,Código Penal y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses.

Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia.

 

REGULACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA:

En cuanto al tipo subjetivo el autor debe actuar dolosamente, es decir, que tenga conocimiento de que el suelo sobre el que levanta la edificación no es urbanizable como que dicha construcción o es susceptible de autorización. Los delitos referentes a la ordenación del territorio se contemplan en el Capítulo I del Título XVI en los Art. 319 ,CP y siguientes. Su regulación por el Código penal se debe a la poca eficacia de la normativa administrativa al respecto en la prevención de estas conductas. El tipo básico de este delito se regula en el Art. 319 ,CP y dice se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. Este es el tipo básico, del cual podemos decir que la acción típica consiste en llevar a cabo una edificación no autorizable en suelo no urbanizable. Por suelo no urbanizable debemos entender lo que la normativa administrativa conformada por leyes estatales, autonómicas y planes de ordenación urbana suele establecer. También hay que echar mano de esta normativa para saber cuándo la edificación no es autorizable.

Se contempla también en nuestro Código penal un tipo penal que expresa que se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable.

En el 319.3 ,CP se contempla una disposición común a ambas modalidades que se plasma en que en cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. En todo caso se dispondrá el comiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el Art. 31 ,CP apartado bis de este Código se le impondrá la pena de multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho beneficio.

Atendidas las reglas establecidas en el Art. 66 ,CP apartado bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del Art. 33 ,CP.

Si la licencia obtenida se obtuvo falseando o presentando documentos falsos serán de aplicación los correspondientes tipos de falsedades entrando en un concurso ideal con el tipo definido en el Art. 319 ,CP. También entran en contacto con el tipo de desobendiencia del Art. 556 ,CP cuando el sujeto haya sido requerido para la finalización de la obra, hubiere desobedecido las órdenes de las autoridades competentes relativas a la posible ilegalidad del proyecto o paralización de las obras.

Se contempla también en el Art. 320 ,CP la responsabilidad de las autoridades y funcionarios expresando dicho artículo que La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el Art. 404 ,CP y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses.

Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia.

Aquí el legislador penal incorpora un tipo específico para los casos en que la autoridad o funcionario público haya informado favorablemente la autorización o votado a favor de su concesión. Aquí no se contempla la responsabilidad del funcionario que como resultado de sus investigaciones silencie la ilegalidad de la construcción, y además tampoco se incluye el supuesto de que el funcionario que emite el informe desfavorable respecto a la concesión de la licencia siendo ésta procedente.

No se contempla tampoco el hecho que en caso de actuación colegiada de la conducta de autoridad o funcionario que en la correspondiente votación se limite sólo a abstenerse, consciente de que por el juego de  las mayorías el proyecto será resuelto de manera favorable.

En cuanto a la tipicidad subjetiva es necesaria la conducta dolosa del funcionario, no estando prevista la comisión imprudente, que sería sancionable en su caso conforme a lo dispuesto en la normativa urbanística.

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