Los delitos societarios como modalidad de delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

Los delitos societarios se regulan en el Capítulo XIII del Título XIII del Código Penal. Este tipo de delitos, se producen en el ámbito de las sociedades, relacionado con el mundo financiero. Con respecto a este Capítulo, en el Art. 297 ,CP viene regulado el concepto de sociedad al efecto de esta regulación, diciendo que se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado.

NOVEDAD: Con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se suprime el art. 295 del Código Penal, que regulaba la administración desleal societaria, llevando la administración desleal al ámbito de los delitos patrimoniales. 

Se modifica el apartado 1 y 2 del Art. 298 ,CP, manteniéndose el apartado 3. En cuanto al apartado 1 se mantiene la definición clásica y se añade un subtipo agravado de 1 a 3 años de prisión.

El art. 299 se elimina, que era la antigua receptación de faltas.

A lo largo del articulado de este parte del Código podemos concluir que se equiparan las sociedades ya constituidas y las sociedades en formación, debido a que en su proceso de fundación antes de su inscripción en el Registro Mercantil es habitual que se lleguen a acuerdos y negocios que no sólo tienen efectos internos sino frente a terceros. También se puede encuadrar dentro de la sociedad en formación la sociedad irregular que ni está inscrita en el Registro Mercantil ni lo va a ser, siéndole de aplicación las normas de la sociedad civil o colectiva. La protección de los tipos delictivos aquí estudiados se caracterizan además por la exigencia de que las sociedades participen de modo permanente en el mercado. 

En cuanto a los sujetos pasivos pueden serlo los socios o la sociedad en su conjunto, personas ajenas, terceros acreedores, depositarios, cuentacorrentistas, entre otros.

Son delitos especiales, es decir el sujeto activo sólo puede serlo una persona en concreto que además de realizar la acción típica reúna las condiciones establecidas en el tipo. Los sujetos activos de los delitos tipificados en los Art. 290 ,CP, Art. 293 ,CP y Art. 294 ,CP sólo pueden ser los administradores, siendo indistinto que se trate de administrador de hecho o de derecho. En cuanto al concepto de administrador viene establecido en el artículo Art. 31 ,CP que dice que el que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre. Se incluye de este modo en el ámbito de la autoría a los que de hecho dominan la sociedad, aunque jurídicamente no se vean en el organigrama ni posean ningún cargo dentro de la sociedad.

En cuanto a la comisión por omisión y la comisión colegiada de estos delitos, se puede afirmar que en cuanto a la comisión por omisión se debe diferenciar entre el administrador de hecho y el de derecho, pues sólo en este último caso puede considerarse garante de que no se produzca el resultado debido a su nombramiento para la gestión de los temas de la sociedad y la dirección de la empresa. En referencia a la comisión colegiada, en muchas ocasiones las atribuciones y funciones de los administradores tienen el carácter colegiado, por lo que hay que individualizar la responsabilidad y establecer a quiénes va a englobar la responsabilidad en el supuesto concreto en que la decisión de los administradores vaya a tener efectos.

En el Art. 290 ,CP se contempla que los administradores de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

Se trata de perseguir o castigar el falseamiento de documentos que por su propia índole tienen carácter mercantil para que no quede impune la documentación de datos falsos en las cuentas anuales de la sociedad que den una idea errónea de su situación económica o jurídica.

El Art. 291 ,CP establece que los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. Se castiga aquí la imposición de acuerdos abusivos en perjuicio de los demás socios, recomendándose por parte de la doctrina una interpretación restrictiva del mismo deduciéndose del propio artículo la exigencia del ánimo de lucro propio o ajeno y que los acuerdos no reporten beneficios a la sociedad, de lo que se desprende que cuando no exista ese ánimo de lucro o el acuerdo beneficie a la sociedad el hecho deja de ser delictivo.

En el Art. 292 ,CP se dice que la misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito. Tanto el Art. 291 ,CP como Art. 292 ,CP exigen ánimo de lucro, no siendo condición imprescindible la producción efectiva de un perjuicio o con ánimo de perjudicar o para perjudicar.

En el Art. 293 ,CP los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses.

La obstaculización a tareas de inspección o supervisión del Art. 294 ,CP: Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.

Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar algunas de las medidas previstas en el Art. 129 ,CP.

En el Art. 296 ,CP se contempla que los hechos descritos en el Capítulo XIII del Título XIII, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. Por tanto son delitos semipúblicos, precisándose la denuncia del ofendido manifestando su intención de que sean perseguidos. 

No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

El Art. 297 ,CP se establece que a los efectos de este Capítulo se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado.

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Delito patrimonial
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Denuncia de la persona agraviada
Suscripción preferente
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Comisión del delito