Regulación de los delitos de traición, contra la paz, y la independencia del Estado, y relativos a la defensa nacional del Título XXIII del Libro II del CP

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

En el Título XXIII "De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional", está dividido en 3 capítulos, que en los que se encuentran regulados los delitos de traición, contra la paz, que comprometan la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional, comprensivo de los Art. 581 ,Código PenalArt. 604 ,Código Penal.

 

En el Título XXIII se encuentran regulados los delitos de traición, contra la paz, que comprometan la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional. El presente Título se divide en tres Capítulos, surgiendo la necesidad de dar un concepto de guerra en el cual, no sea precisa la previa declaración y de cabida a la denominada guerra subversiva, psicológica e incluso la guerra fría. No es necesaria que la guerra se dirija contra una potencia extranjera, ya que cabe también la guerra civil. Por todo ello, se puede definir la guerra como aquella lucha armada entre dos o más potencias ya sean extranjeras, o estén dentro de la misma nación.

Así, este Título XXIII, se destina a castigar todas aquellas conductas que pongan en peligro la soberanía del Estado español y su integridad territorial. De esta forma, se está castigando un delito de los más antiguos desde la existencia de las comunidades y el sentimiento de pertenencia a un grupo. Todos aquellos actos de deslealtad hacía lo llamado Patria, Estado y Nación deberán ser castigados conforme responda a las circunstancias de la Historia.

Tradicionalmente, el delito de traición tipificaba conductas de ruptura de la fidelidad que el súbdito le debía al Estado al que se adscribía cuando éste estaba en guerra con otro Estado. Desde los romanos a los griegos, que sometían a los traidores a castigos físicos, humillaciones y finalmente la muerte por ser un delito despreciable para los habitantes de la “civis” y la “polis”, hasta el señor feudal o Rey que imponía por su propia voluntad y a su arbitrio diversas y duras penas a sus súbitos cuando consideraba que le habían traicionado, sin que existiese una regulación concreta que tipificase estas conductas y limitase sus penas. Así, según la época, estos delitos se impartieron según los intereses de quienes se encontraban en el poder y de una forma, en principio, cada vez menos arbitraria (pasando de la voluntad del soberano a tipificarse y recogerse en leyes).  Ejemplifica esta situación cuando, por motivos de las circunstancias políticas concretas que se derivaron de la guerra civil española, se crea en 1941 la Ley de Seguridad del Estado que establece unas modificaciones en el régimen punitivo del delito. Esta Ley, equiparó las tropas sediciosas y separatistas a las tropas extranjeras. También convirtió el delito de ultraje a la Nación a cualquier discrepancia al régimen, desnaturalizando totalmente este delito y convirtiéndolo en un instrumento más de represión.

Sin embargo, estas figuras que se encuentran en el Código Penal no son todos los tipos penales destinados a castigar actos de deslealtad hacia el Estado, Patria y Nación. Así, mientras los delitos recogidos en el Titulo XXIII se destinan a castigar delitos contra la integridad territorial, soberanía e intereses del Estado español, no sólo se encierran en estos, ya que también están recogidos otros delitos de esta clase y materia en el Código militar. De esta forma, el Código Militar se recoge supuestos de traición de mayor gravedad. Sin embargo, en supuestos de guerra, los tipos penales del Código Penal quedarán en suspenso en aplicación de los supuestos del Código Militar.

Además, mientras que el Art. 15 ,Constitución española establece la abolición de la pena de muerte en las Leyes penales civiles, permite que ésta se establezca en las Leyes penales militares en tiempos de guerra. De esta forma, en caso de guerra, sin precisarse si ha de tratarse de un conflicto armado relevante para la integridad y soberanía española o si se trata de una simple intervención armada para proteger intereses españoles, las leyes penales militares podrán establecer las penas de muerte para aquellos delitos que supongan una deslealtad hacía la patria. Sin embargo, si el legislador, haciendo acopio de una represión propia de tiempos pasados, interpretase el citado artículo constitucional de tal forma que calificase cualquier crítica y oposición pacífica al sistema establecido como tipo penal de este tipo, volverían los tiempos a España en los que se podrá ser castigar por la simple pertenencia a una tendencia ideológica. Sólo cabe esperar que la buena voluntad del legislador no haga una interpretación extensiva de esta norma, en una clara vulneración de la libertad ideológica, englobando también aquellas que desestabilicen el régimen político establecido, aunque sea de forma pacífica, por considerar que estas perjudican los intereses de España, la paz o incluso que son contrarias al Estado y a la Nación.

Pero la pena de muerte como castigo a estos delitos sería contraria al Derecho comparado de nuestro entorno y constituiría una imagen internacional de atraso ideológico y feudalismo político. La pena de muerte no persuadirá a un traidor que quiera convertirse en un mártir. Es la privación de la libertad por la que lucha, pasando todos los días en un pequeño espacio cerrado, lo que logre dicha persuasión.

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