Derecho Bancario

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 20/03/2017

Existen diferentes definiciones del Derecho Bancario, se puede definir como el elenco de normas que regulan la actividad de las entidades de crédito; parte del derecho mercantil que regula las instituciones y operaciones de los bancos; conjunto de normas que regulan la actividad de los bancos; parte del derecho objetivo que se ocupa de las relaciones jurídicas de las entidades de crédito, entre otros tantos conceptos

NOVEDADES: 

- RD-Ley 5/2017 de 17 de Mar (Modificación del RD-Ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y de la Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) (En vigor: 19/03/2017)

Se amplía hasta mayo de 2020, la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.

Se modifica el Código de Buenas Prácticas para dar la posibilidad de que aquellos beneficiarios de la suspensión de lanzamientos a la que se refiere el artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que sean a su vez clientes de las entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas puedan solicitar a la entidad que les sea arrendada su vivienda en condiciones preferenciales por un periodo de hasta cinco años y cinco años más si así se acuerda con la entidad.

Esta solicitud deberá realizarse en el plazo de 6 meses a contar, bien desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, bien desde que la suspensión les sea aplicable, si esta fuera posterior a dicha entrada en vigor.

La DA1 prevé el procedimiento de adhesión de las entidades financieras a esta nueva versión del Código de Buenas Prácticas con un ámbito de aplicación más inclusivo y con el derecho al alquiler para los beneficiarios de la suspensión de lanzamientos cuya entidad esté adherida a dicho Código.

- RD-Ley 1/2017 de 20 de Ene (Medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo) (En vigor: 21/01/2017)

Este norma tiene por objeto, el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

Ver: Publicado el Decreto-ley que regula el mecanismo de reclamación extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo

 

 

Una definición amplia de Derecho Bancario podría ser la siguiente:

“Conjunto de normas, públicas y privadas, pertenecientes al derecho objetivo, que se ocupan de la constitución, organización y ejercicio de las distintas entidades de crédito, así como de sus relaciones con las autoridades de control público, y de los contratos donde se materializa esa actividad financiera.”

Esa actividad financiera está constituida por las denominadas operaciones bancarias, es decir, operaciones realizadas por una entidad de crédito para el cumplimiento de sus fines económicos.

Dentro del Derecho Bancario español, se pueden destacar, entre otras, las siguientes normas:

- Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. (Deroga la Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946.)

- Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.

- Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco España.

Se caracteriza esta rama del derecho por ser técnico, formalista, mecánico e internacional.

Cuestión importante del mundo bancario, son las normas relativas a la transparencia bancaria estipuladas en la Ley sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Constituyen un conjunto de normas por las que se faculta al Ministro de Economía y Hacienda para regular ciertas obligaciones jurídico-públicas y  hacer más transparentes los contratos bancarios.

Se pueden destacar las siguientes:

- Establecer que los correspondientes contratos se formalicen por escrito, con especificación de las obligaciones y derechos de todas las partes.

- Entrega de un duplicado del contrato al cliente, debidamente suscrito por la entidad de crédito.

- Obligación de las entidades de crédito de comunicar a las Autoridades Administrativas correspondientes, como también a su clientela, de las condiciones relativas a sus operaciones activas y pasivas, con obligación de aplicar las mismas en tanto no se comunique o de a conocer su modificación.

- Efectuar por sí o a través del Banco de España, la publicación regular y oficial, de determinados índices o tipos de interés de referencia que puedan ser aplicados por las entidades de crédito a los préstamos a interés variable, especialmente en el caso de préstamos hipotecarios.

- Regular las especialidades de la contratación de servicios bancarios de forma electrónica con arreglo a lo que establezcan las normas que, con carácter general, regulan la contratación por vía electrónica.

- Determinar la información mínima que las entidades de crédito deberán facilitar a sus clientes con antelación razonable a que estos asuman cualquier obligación contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u oferta de contrato, así como las operaciones o contratos bancarios en que tal información pre-contractual será exigible.

La función esencial de ese derecho consiste en la protección de los intereses privados de los usuarios de los servicios bancarios y el aseguramiento del buen funcionamiento del sistema crediticio.

Se puede definir la entidad de crédito como “toda empresa que tenga como actividad típica y habitual recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas, que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga naturaleza.”

Este concepto se encuentra estipulado en el Real Decreto 1298/1986, de 28 de junio, sobre Adaptación del Derecho vigente en materia de Entidades de Crédito al de las Comunidades Europeas.

Según este Decreto, tienen la consideración de entidades de crédito.

- El Instituto de Crédito Oficial.

- Los Bancos.

- Las Cajas de ahorros y la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

- Las Cooperativas de Crédito.

- Los Establecimientos Financieros de Crédito.

El Banco de España se configura como una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Esta definición se encuentra enmarcada dentro de la Ley de Autonomía del Banco de España.

Actuará con autonomía respecto de la Administración General del Estado, rigiéndose por lo establecido en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico español.

El Banco de España forma parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y por ello también debe regirse en el ejercicio de sus funciones por lo establecido en el Tratado de la Comunidad Europea, y ajustarse a las orientaciones e instrucciones dadas por el Banco Central Europeo.

Dentro de la normativa comunitaria, se puede destacar dentro de este ámbito la Directiva 2006/48/CEE relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio.

Las Cajas de ahorro son entidades de crédito, de naturaleza fundacional, con una finalidad benéfico-social y dedicada a la actividad bancaria propiamente dicha. La realización de su obra social se consigue con el ejercicio de esa actividad bancaria.

El régimen jurídico de estas Cajas de ahorro, viene establecido por las distintas Comunidades Autónomas que configuran el Estado español. Las Comunidades Autónomas recogen en sus Estatutos de Autonomía la competencia legislativa sobre ellas.

Cierto es que el Tribunal Constitucional afirmó la potestad del Estado para dictar normas básicas para asegurar la buena ordenación del crédito en todo el territorio nacional.

Como norma básica de regulación de las Cajas de Ahorro se encuentra la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, que deroga la anterior Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas de ahorro.

Las Cooperativas de crédito, son sociedades, con personalidad jurídica propia, que tienen como objeto social servir las necesidades financieras de sus socios y terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de una entidad de crédito.

Su ámbito de actuación suele ser más limitado que el de los Bancos y Cajas de ahorro.

Se regulan por la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de crédito, pero también se regirán por la distinta legislación autonómica que exista en torno a ellas.

Los Establecimientos Financieros de Crédito, se constituyen como unas entidades financieras que realizan determinadas operaciones activas típicas del mercado de crédito, como son las de crédito y préstamo, las de factoring, emisión y gestión de tarjetas de crédito, las de arrendamiento financiero, entre otras.

Se rigen por el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre Régimen Jurídico de los Establecimiento Financieros de Crédito.  Además la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, se ocupa de establecer el régimen jurídico de las mismas a lo largo de su Título II. (1)

Por último, hacer referencia a otras entidades que operan dentro de este ámbito, bancario o financiero, como son las denominadas entidades de dinero electrónico, cuyo objeto consiste en la emisión de dinero electrónico, es decir, la emisión de un dinero no físico, que sirva como medio de pago para pagar sumas de pequeña cuantía.Y los establecimientos de cambio de moneda, lo que significa, cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público, que hayan sido autorizados por el Banco España para realizar esa función. 

(1) El Título II de la Ley 5/2015, de 27 de abril, en su artículo 7 , señala que lo establecimientos financieros de crédito, se regirán por lo dispuesto en el citado título y su normativa de desarrollo y, para todo lo no previsto en la citada normativa, su régimen jurídico será el previsto para las entidades de crédito.

 

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