El derecho a la intimidad en el proceso penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 14/08/2019

Este derecho se reconoce en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está desarrollado por la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Solo las personas físicas detentan el derecho a la intimidad, las personas jurídicas, por otro lado, pueden tener derecho al domicilio y al honor. Consiste en la garantía del respeto al ámbito personal y familiar de la persona, principalmente a través del derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, si bien el avance tecnológico ha hecho necesario expandir este ámbito.

 

El derecho a la intimidad, reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y desarrollado por Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, es exclusivo de las personas físicas –las personas jurídicas tienen derecho al honor y al domicilio, pero no tienen derecho a la intimidad-, si bien en cuanto derivación de la dignidad de la persona reconocida en el artículo 10.1 de la Constitución, también se reconoce el derecho a la intimidad al núcleo familiar (sentencia Nº 197/1991, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Recurso de amparo 492/1989 de 17 de Octubre de 1991), bien entendido que el respeto a ese ámbito de vida privada personal y familiar se garantiza a través de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, sin embargo, el avance de la tecnología actual y el desarrollo de los medios de comunicación de masas ha obligado a extender esa protección más allá del aseguramiento del domicilio como espacio físico en que normalmente se desenvuelve la intimidad y del respeto a la correspondencia, que es o puede ser medio de conocimiento de aspectos de la vida privada, evolución que ha sido acogida por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, la sentencia Nº 110/1984, Sala Primera, Recurso de amparo 575/1983 de 26 de Noviembre de 1984, proclama un “reconocimiento global de un derecho a la intimidad o a la vida privada que abarque las intromisiones que por cualquier medio puedan realizarse en ese ámbito reservado de vida”, y, la sentencia Nº 119/2001, Tribunal Constitucional, Rec 4214/1998 de 24 de Mayo de 2001, indica: “Estos derechos han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales. En efecto, habida cuenta de que nuestro texto constitucional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos (…) se hace imprescindible asegurar su protección no solo frente a las injerencias ya mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada”.

El Tribunal Constitucional ha declarado que el artículo 18.1 garantiza al individuo un ámbito reservado de su vida vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuales sean los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio (sentencia Nº 127/2003, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Recurso de amparo 1074-2000 de 30 de Junio de 2003), por ello, la protección de ese ámbito reservado confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en su esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido (sentencia Nº 196/2004, Tribunal Constitucional, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 1322-2000 de 15 de Noviembre de 2004), pudiendo incurrir en responsabilidades penales, por ejemplo, el Tribunal Constitucional (sentencia Nº 34/2009, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 5828-2005 de 09 de Febrero de 2009), en un supuesto en que el demandante de amparo había accedido al ordenador de una compañera de trabajo y había procedido a la lectura de sus mensajes de correo electrónico, tras señalar que el órgano judicial no había infringido el principio de legalidad penal al haber condenado al demandante por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, cuyo bien jurídico protegido es la intimidad, señala que “desde la estricta perspectiva de control que corresponde a este Tribunal en modo alguno cabe tildar a la vista del tipo penal previsto del artículo 197.1 y 2 del Código penal de aplicación analógica o in malam partem, carente de razonabilidad por apartarse de su tenor literal o por utilización de pautas extravagantes o criterios no aceptados por la comunidad jurídica la llevada a cabo por la Audiencia Provincial, al considerar documentos personales e íntimos la libreta de direcciones y de teléfonos de la denunciante, accediendo por este medio a la dirección de su correo electrónico y subsumir en aquel tipo penal el acceso a dichos documentos sin el consentimiento de su titular, obteniendo de esta forma datos de carácter personal de aquella y de sus compañeros, que es la conducta por la que ha sido condenado el recurrente de amparo”.

El derecho a la intimidad, como todo derecho, no es absoluto, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el límite que aquel haya de experimentar se revele como necesario para lograr un fin constitucionalmente legítimo, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho (sentencia Nº 57/1994, Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Recurso de amparo 2.302/1990 1.445/1991 acumulado de 28 de Febrero de 1994), ahora bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos maneja un concepto amplío de “vida privada”, por ejemplo, la sentencia de 16 de febrero de 2000 (Amann c. Suiza) considera que el término vida privada no se debe interpretar de forma restrictiva, de forma que este “engloba el derecho del individuo de crear y desarrollar relaciones con sus semejantes”, sin que “ninguna razón de principio permita excluir las actividades profesionales o comerciales”, de forma más específica, la de 3 de abril de 2007 (Copland c. Reino Unido), considera que están incluidos en el ámbito de protección del artículo 8 del Convenio de Roma, por cuanto pueden contener datos sensibles que afecten a la intimidad, tanto “los correos electrónicos enviados desde el lugar del trabajo” como “la información derivada del seguimiento del uso personal de internet”, si bien en este caso el Tribunal precisó que no se advirtió a la demandante que podría ser objeto de un seguimiento, por lo que podía razonablemente esperar que se reconociera el carácter privado “en lo que respecta al correo electrónico y la navegación por internet”.

Los requisitos que proporcionan una justificación constitucional objetiva y razonable a la injerencia en el derecho a la intimidad son los siguientes (sentencia Nº 207/1996, Tribunal Constitucional, Sala Primera, Recurso de amparo 1.789/1996 de 16 de diciembre de 1996):

  1. La existencia de un fin constitucionalmente legítimo, considerando como tal el interés público propio de la investigación de un delito, y, más en concreto, la determinación de hechos relevantes para el proceso penal.
  2. Habilitación legal, esto es, que la medida limitativa del derecho esté prevista en la ley, la cual debe definir las modalidades y extensión del ejercicio del poder otorgado con la suficiente claridad para aportar al individuo una protección adecuada contra la arbitrariedad pues, por mandato expreso de la Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, ora incida directamente sobre su desarrollo (art. 81.1 CE) o limite o condicione su ejercicio (art. 53.1 CE), precisa una habilitación legal. Esta reserva de ley constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas, no siendo una mera forma, sino que implica exigencias respecto del contenido de la ley que, naturalmente, son distintas según el ámbito material de que se trate, pero que en todo caso el legislador ha de hacer el máximo esfuerzo posible para garantizar la seguridad jurídica o dicho de otro modo, la expectativa razonablemente fundada del ciudadano de cuál ha de ser la actuación del poder en aplicación del derecho.
  3. Que como regla general se acuerde mediante una resolución judicial motivada, si bien reconociendo que, debido a la falta de reserva constitucional a favor del Juez, la ley puede autorizar a la policía judicial para la práctica de inspecciones, reconocimientos e incluso de intervenciones corporales leves, siempre y cuando se respeten los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
  4. La estricta observancia del principio de proporcionalidad, concretado en tres requisitos o condiciones, que ya conocemos: idoneidad de la medida, necesidad de la misma y proporcionalidad en sentido estricto.

Siguiendo la teoría alemana de las esferas o de los círculos concéntricos, podemos decir que la esencia del derecho a la intimidad estaría constituida por el núcleo, donde radicaría lo más íntimo de la persona, por una parte más externa donde encontraríamos lo familiar, por otro círculo concéntrico aún más alejado donde se instalaría lo secreto o confidencial, siendo la última esfera lo público, teoría que vemos reflejada en el artículo 18 de la Constitución, en cuyo núcleo estaría la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) y el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), derechos que solo se pueden restringir con autorización judicial, no previéndose la misma garantía respecto de las intervenciones que afectan al derecho a la intimidad del artículo 18.1, de modo que excepcionalmente se ha admitido la legitimidad constitucional de que en algunos casos y con la suficiente y precisa habilitación legal, los agentes policiales puedan realizar en el ejercicio de sus funciones de investigación determinadas actuaciones que constituyan una injerencia leve en la intimidad de las personas sin previa autorización judicial –y sin consentimiento del afectado-, siempre que se hayan respetado las exigencias dimanantes del principio de proporcionalidad (sentencia Nº 123/2002, Tribunal Constitucional, Sala Primera, Rec Recurso de amparo 5546/1999 de 20 de Mayo de 2002). Y esa habilitación legal la encontramos, entre otros, en los artículos 282 y 769 de la Ley de enjuiciamiento criminal, 11.1 de la Ley orgánica 2/1986, 14 y siguientes de la Ley orgánica 4/2015, 16.1 de la Ley orgánica 12/1995, 3 y siguientes de la Ley orgánica 4/1997, etc., que conforman todo un elenco de habilitaciones legales específicas que facultan a la policía para recoger los efectos, instrumentos y pruebas del delito y ponerlos a disposición judicial, así como para practicar las diligencias necesarias para la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente.

Íntimamente relacionado con el derecho a la intimidad está el derecho a la protección de los datos de carácter personal (art. 18.4 CE) que, en palabras de la sentencia 96/2012 del Tribunal Constitucional, de 7 de mayo: “Consagra en sí mismo un derecho o libertad fundamental que excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad, y que se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada libertad informática es así el derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que justificó su obtención (...) El derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar o cualquier otro bien constitucionalmente amparado”.

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Policía judicial
Secreto de las comunicaciones
Falta de consentimiento
Protección de datos
Sin consentimiento

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

Ley Orgánica 2/1986 de 13 de Mar (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 63 Fecha de Publicación: 14/03/1986 Fecha de entrada en vigor: 03/04/1986 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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