Derecho a la presunción de inocencia en el delito contra la Hacienda Pública

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 31/01/2020

Se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 24.2 de la Constitución.

Se trata de un derecho fundamental recogido en el artículo 24.2 de la Constitución, además del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por España.

La definición conceptual del derecho a la presunción de inocencia, implica que toda persona acusada de un delito debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario, a través del desarrollo de una actividad probatoria de cargo válida. Se entiende por actividad probatoria válida en un proceso penal, aquel soporte fáctico o material que quiebre o desvirtúe la presunción de inocencia sobre quien recae cierta dosis incriminatoria en unos hechos de carácter delictivo. Esa operación jurídica que establece la doctrina científica, ha de fundamentarse en un cuerpo probatorio eficaz, que pueda fracturar la presunción de la que gozan todos los ciudadanos. Esta maniobra ha de sustentarse a través de las reglas de la lógica, la experiencia y el conocimiento científico.

En la fase de inspección o indagatoria desde que surge la notitia criminis del delito fiscal, entra en juego la protección de la presunción de inocencia del encartado o acusado, transitando este derecho fundamental entre dos campos totalmente diferentes, pero complementarios: el administrativo y el jurisdiccional. En cuanto a la primera de ellas, numerosísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado que la Administración Tributaria, ha de ser absolutamente escrupulosa a la hora de tasar los condicionamientos que lleven a constituir una inspección o acusación dirigida a esclarecer tanto una infracción como un delito fiscal. Este punto de partida, lo determina el artículo 180 de la Ley General Tributaria, que establece un marco de valoración inspectora amplia pero no discrecional del supuesto de hecho a calificar.

No se trata de un juicio previo de carácter administrativo, sino de atribuir a la Administración una potestad de estimación de la trascendencia penal de los hechos objeto de comprobación. A ello hay que añadir que esa facultad ha de realizarse de forma garantista, preservando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia. Este elemento valorativo, queda sujeto a las pautas operativas o de actuación inspectora del artículo 179.2 de la Ley General Tributaria, que vienen a desarrollar los elementos de exoneración de la conducta dolosa para la actividad calificadora dentro de las diligencias de inspección administrativas, informativas o las de carácter judicial.

Concluyendo este razonamiento, la presunción de inocencia del obligado tributario, no queda a merced de una actividad valorativa discrecional dentro del ámbito administrativo, sino que por el contrario es una garantía de la estimación razonada sobre la valoración de unos hechos que pueden quedar determinados como elementos defraudatorios constatados bien con la transferencia del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, o por el contrario para ser resueltos dentro del ámbito puramente administrativo en caso de no cohesionarse todos los elementos del tipo.

Jurisprudencia relevante sobre la presunción de inocencia en el delito contra la Hacienda Pública

- Sentencia Constitucional Nº 276/1998, Tribunal Constitucional, Sección Segunda, Rec Recurso de amparo 4.662/1997 de 14 de Diciembre de 1998

“Inadmisión. Derecho a la presunción de inocencia: actividad probatoria. Patrimonio Histórico Español, y, por conexión al caso, el art. 11.3 de la Ley Orgánica 7/1982, sobre contrabando. En segundo lugar, se habría vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del actor porque la condena incriminatoria se base en elementos circunstanciales que no fueron debidamente probados en autos. Razones ambas que justifican la admisión a trámite de la demanda de amparo.4.El Ministerio... Fiscal presentó su alegato el día 26 de noviembre de 1998. Tras identificar las resoluciones jurisdiccionales impugnadas, se subraya que el objeto material de las quejas formuladas por el actor gravitan en torno a tres concretos aspectos, a saber: la valoración pericial del bien objeto de contrabando; la calificación jurídica del hecho y, finalmente, el derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo...”.

- Sentencia Constitucional Nº 32/1991, Tribunal Constitucional, Sección Primera, Rec Recurso de amparo 1.999/1990 de 28 de Enero de 1991

“Inadmisión. Derecho a la presunción de inocencia: prueba indiciaria... ..., explica, extensa y detalladamente, los elementos probatorios tenidos en cuenta en cada caso, para sentar la culpabilidad de los acusados», había destruido la presunción de inocencia de la condenada, mediante razonamientos que la Sala hizo suyos.3. La demanda de amparo estima vulnerado el derecho de la actora a que se presuma su...”.

 

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