Regulación del derecho a la Seguridad Social «de todos los ciudadanos» reconocido en la Constitución Española

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  • Orden: Laboral

El derecho a la Seguridad Social «de todos los ciudadanos» está reconocido en el Art. 41 ,Constitución Española, que se encuadra en el capítulo de los «principios rectores de la política social y económica» (capítulo III del título I). Se expresa este derecho en términos muy generales, en sus dos vertientes de deber de los poderes públicos y de garantía de obtener «asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad». De conformidad con el mandato del apdo. 3, Art. 53 ,Constitución Española, y como se ha declarado reiteradamente en la jurisprudencia, es éste un derecho de configuración legal, cuya alegación ante los tribunales sólo podrá hacerse «de acuerdo con lo que dispongan las Leyes que los desarrollen».

 

 

El Sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de ésta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en esta Ley.

El Art. 148 ,Constitución Española, por su parte, se refiere a las materias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas y, en ese artículo, se hace alusión a la asistencia social y a la sanidad. Mientras que la sanidad no ha generado mayores debates competenciales, la asistencia social plantea ciertas interferencias con la Seguridad Social a que se refiere el aprt.  1.17 del Art. 149 ,Constitución Española, responsable de encomendar a los poderes centrales del Estado la responsabilidad competencial en materia de legislación y régimen económico. La diferencia entre los programas de Seguridad Social y los programas de asistencia social radica, a juicio del Tribunal Constitucional, en el carácter permanente de los de Seguridad Social, así como en la provisionalidad propia de los de asistencia social.

Régimen General y Regímenes especiales

En el campo de aplicación de la Seguridad Social, estarán comprendidos, a efectos de las prestaciones de modalidad contributiva, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes (Art. 7 ,LGSS, según redacción aportada por DF5 ,Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio):

  • a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por el apdo. 1, Art. 1 ,Estatuto de los Trabajadoresen las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a distancia, y con independencia, en todos los casos, del grupo profesional del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza común o especial de su relación laboral.
  • b)Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas individuales o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan los requisitos que de modo expreso se determinen reglamentariamente.
  • c) Socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado.
  • d) Estudiantes.
  • e) Funcionarios públicos, civiles y militares.

En lo que respecta al Régimen especial de Seguridad Social de los trabajadores autónomos (RETA) la remisión a la Ley conduce en la actual situación del ordenamiento a un nuevo reenvío a normas reglamentarias.

El apdo. 3, Art. 10 ,Ley General de la Seguridad Social no incluye a este Régimen entre los que deben ser regulados por la Ley. Y, a renglón seguido, el apdo. 4, Art. 10 ,LGSSremite a la potestad reglamentaria del Gobierno la determinación del «campo de aplicación» de los regímenes especiales y de las «distintas materias relativas a los mismos». Este mandato se hace con dos indicaciones que enmarcan el ejercicio por parte del Gobierno de su potestad normativa: El atenimiento a las disposiciones del título I de la Ley General de la Seguridad Social , y la orientación o tendencia a la «máxima homogeneidad con el Régimen General».

En fin, el apdo. 4, Art. 10 ,Ley General de la Seguridad Social se encarga de precisar los criterios a utilizar en la regulación reglamentaria para el cumplimiento de dicha norma programática de regulación homogénea con el régimen general, que son «las disponibilidades financieras del sistema» y las «características de los distintos grupos afectados». Dichas características deben referirse a los tres aspectos básicos de un régimen especial de la Seguridad Social: La capacidad contributiva del colectivo, sus necesidades de cobertura oprotección social, y las exigencias de la gestión y control de la acción protectora.

La evolución de la regulación reglamentaria del Régimen de trabajadores autónomos, desde su aparición hasta 1990 en que se han dictado las Sentencias recurridas y las que se aportan como contradictorias en el recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social, está marcada a partir de 1984 por la equiparación total en el esfuerzo contributivo con el Régimen General para las llamadas «contingencias comunes» (en las que no figuran desempleo y accidentes de trabajo); los tipos de cotización son los mismos; la base máxima de cotización es idéntica, y la mínima es ligeramente superior para los trabajadores por cuenta propia. Cambia lógicamente la imputación de la cuota, que en el Régimen general se distribuye entre empleador y trabajador, y en el Régimen de autónomos se carga íntegramente al asegurado.

Otro rasgo digno de ser reseñado de la evolución normativa en estos últimos años es el destino de la aportación financiera del Estado a la Seguridad Social a la prestación de asistencia sanitaria y a los complementos de pensiones mínimas; lo que supone la exclusión de la participación del Estado con cargo a presupuestos de la financiación de las llamadas prestaciones contributivas entre las que figuran las derivadas de las contigencias de invalidez en sus distintas modalidades.

 

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Responsabilidad
Mandato
Ciudadanos
Acción protectora
Poderes públicos
Régimen especial de trabajadores autónomos
Estado civil
Sexo
Trabajador por cuenta ajena
Actividades económicas
Grupo profesional
Cooperativa de trabajo asociado
Socios trabajadores
Funcionarios públicos
Potestad reglamentaria
Instituto Nacional de la Seguridad Social
Contingencias comunes
Base máxima de cotización
Accidente laboral
Tipo de cotización
Desempleo
Asistencia sanitaria
Prestaciones contributivas