Derecho de supresión de datos y derecho al olvido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 18/06/2018

El artículo 17 del RGPD, regula el derecho a la supresión de los datos personales (anteriormente denominado derecho de cancelación) y el conocido como “derecho al olvido.”

Derecho a la supresión de los datos.

El apartado 1º del citado artículo 17 , establece que el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;

b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;

Este supuesto contempla el caso en el que el tratamiento se fundamente en el consentimiento previo del interesado al objeto de tratar tanto sus datos personales con carácter general como los datos personales categorizados como especiales.

c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;

En este caso, la oposición del interesado se circunscribe a dos situaciones:

Por un lado, cuando los datos son objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, es decir cuando el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; o para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.

Por otro, cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa.

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;

f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.

Este último supuesto hace referencia a la oferta de servicios de la sociedad de información dirigida a niños.

En definitiva, como señala el considerando 65, los interesados deben tener derecho a que sus datos personales se supriman y dejen de tratarse si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo, si los interesados han retirado su consentimiento para el tratamiento o se oponen al tratamiento de datos personales que les conciernen, o si el tratamiento de sus datos personales incumple de otro modo el Reglamento.  En todo caso, el ejercicio del citado derecho resultara particularmente oportuno en aquellos supuesto en los que el interesado haya otorgado su consentimiento cuando era menor y más tarde quiera suprimir tales datos personales, especialmente en internet.

Derecho al olvido

Con anterioridad a la entrada en vigor del RGPD, el “derecho al olvido” ha sido objeto de reconocimiento jurisprudencial, debiendo destacarse por su relevancia la Sentencia del TJUE 13 de mayo de 2014, asunto C-131/12 que, abordó el reconocimiento de este derecho en relación con la información suministrada por los motores de búsqueda en internet. 

Pues bien, esta sentencia reconoció el derecho de un particular a ejercer sus derechos a la rectificación, supresión o bloqueo de sus datos personales por entender que el tratamiento de los mismos es contrario a las previsiones de la normativa comunitaria en materia de protección de datos, y esta incompatibilidad no solo se produce cuando «los datos sean inexactos, sino en particular, de que sean inadecuados, no pertinentes y excesivos en relación con los fines del tratamiento, de que no estén actualizados o de que se conserven durante un período superior al necesario, a menos que se imponga su conservación por fines históricos, estadísticos o científicos».

Así, el derecho de supresión alcanza una dimisión más amplia a fin de reforzar el  “derecho al olvido” en el entorno “on line” reconocido jurisprudencialmente, de forma que el responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales esté obligado a indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales que supriman todo enlace a ellos, o las copias o réplicas de tales datos. Este derecho que -como decimos- se configura como un derecho vinculado al derecho de supresión, es incorporado en el texto del RGPD en el artículo 17, que expresamente señala:

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;

b) el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;

c) el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;

d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

e) los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;

f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.”

Como vemos, el Reglamento no configura el denominado “derecho al olvido”  en torno a la posible existencia de datos inexactos o incompletos, sino que se vincula con la facultad del interesado de disponer de sus propios datos.

Así, la Sentencia anteriormente citada señala que pudiera suceder que un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos «puede devenir, con el tiempo, incompatible con dicha Directiva cuando estos datos ya no sean necesarios en relación con los fines para los que se recogieron o trataron. Éste es el caso, en particular, cuando son inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o son excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido» y en tales casos la información y los vínculos deben eliminarse a petición del interesado.

En consecuencia, el interesado puede exigir responsable del tratamiento que se supriman los datos que le conciernan y se abstenga de darles más difusión. En este caso, y cuando el responsable haya hecho públicos los datos personales y se tengan que suprimir, deberá adoptar las medidas razonables para informar de la supresión a los responsables que están tratando los datos.

Por otra parte, debemos señalar que la propia norma establece -en el párrafo 3º del artículo 17 - una serie de  excepciones o límites al ejercicio del “derecho al olvido” en supuestos relacionados con el interés público o con el ejercicio de otros derechos por parte del responsable del tratamiento.

En todo caso, resultará necesario realizar una correcta ponderación de los derechos e intereses en conflicto, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto. A tal fin, podemos tomar en consideración algunas pautas que  el TJUE proporciona en la citada sentencia , asi el derecho de cancelación «prevalece, en principio, no sólo sobre el interés económico del gestor del motor de búsqueda, sino también sobre el interés de dicho público en encontrar la mencionada información en una búsqueda que verse sobre el nombre de esa persona. Sin embargo, tal no sería el caso si resultara, por razones concretas, como el papel desempeñado por el mencionado interesado en la vida pública, que la injerencia en sus derechos fundamentales está justificada por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz de esta inclusión, acceso a la información de que se trate».

En el ámbito nacional , también encontramos diversas resoluciones que se pronuncian en el mismo sentido - Sentencias del Tribunal Constitucional 57/1994 o 18/1999- indicando que el derecho a la protección de datos, en donde se incluye el denominado “derecho al olvido”, no es un derecho absoluto, por lo que los derechos fundamentales pueden ceder ante bienes e incluso intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que experimenten sea necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido.

Ver: Sentencia del TC sobre la vulneración del derecho al olvido recogido en el RGPD

 

 

 

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