Derechos fundamentales en la detención preventiva

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 14/08/2019

Según el Tribunal Constitucional, es cualquier situación en la que una persona se ve impedida u obstaculizada para autodeterminar una conducta lícita.

 

Para empezar, lo más conveniente es definir la detención: según el Tribunal Constitucional, es cualquier situación en la que una persona se ve impedida u obstaculizada para autodeterminar una conducta lícita. La detención no es una decisión adoptada en un procedimiento, sino una situación fáctica, sin que puedan encontrarse situaciones intermedias entre la libertad y la detención.

La libertad puede ser limitada al igual que todos los demás derechos. Debe hacerse respetando los supuestos establecidos por ley, aunque debe interpretarse restrictivamente cualquier excepción a la regla general de la libertad. Es decir, en situaciones dudosas se interpretará la ley de forma que sea más favorable a la libertad. Además, debe existir una proporcionalidad entre la libertad y la restricción de ésta.

La ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, establece en su artículo 19 que “las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad con ocasión de actuaciones realizadas conforme a lo dispuesto en esta sección no estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención”.

Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional entienden que existen diferencias entre determinadas diligencias policiales y la detención:

  • Las diligencias de cacheo deben ser siempre proporcionales y respetar la dignidad y decoro de la persona. Según el Tribunal Supremo no vulneran el derecho a la libre circulación, ni a la integridad física, ni a la intimidad personal, tal y como resalta en su Sentencia Penal Nº 156/2013, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 416/2012 de 07 de Marzo de 2013. El derecho a la intimidad personal queda preservado si se cumplen las siguientes condiciones:
    • El cacheo debe realizarse por una persona del mismo sexo.
    • Deberá hacerse en un sitio reservado atendiendo a su intensidad.
    • Deberán evitarse situaciones o posturas degradantes.

El cacheo no necesita asistencia letrada ni informar a la persona de sus derechos, ni de los hechos imputados. En caso de registro teniendo que desnudar completamente a la persona, el cacheo requerirá autorización judicial si no está detenida y se niega a desnudarse.

  • El examen radiológico al que se someten algunos pasajeros de avión tampoco necesita asistencia de letrado ni instrucción de sus derechos, ya que no está realizando una declaración de culpabilidad ni el examen está encaminado a que la persona reconozca ciertos hechos. Ante la negativa del viajero solo cabe su detención; es a partir de entonces cuando se hace preceptiva la asistencia letrada, ya que se someterá al detenido a una diligencia de reconocimiento. Si persiste su negativa, el Juez deberá instar la ejecución forzosa del reconocimiento (art. 520.6-b) LECRIM).
  • El traslado a las dependencias policiales con el fin de únicamente identificar a una persona (art. 16 LOSC). Este trámite no puede superar las seis horas de duración y no es equiparable a la situación de detención.
  • Someterse a un test de alcoholemia tampoco es comparable a una detención, ya que no se vulnera la integridad física, ni la intimidad personal, ni el derecho a no declarar contra sí mismo. Se encuentra regulado en el artículo 796.1.7 LECRIM. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto en su sentencia Nº 103/1985, Sala Segunda, Recurso de amparo 855/1984 de 04 de octubre de 1985, aclarando que el deber de sometimiento a los test de alcoholemia no puede ser contrario al derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable, ya que no se obliga al detenido a emitir una declaración que muestre un contenido, sino más bien a someterse a una prueba pericial.

DERECHO A LA INTIMIDAD DEL DETENIDO

Por lo general, las acciones que conlleven una injerencia en la intimidad de la persona sólo pueden llevar a cabo si una resolución judicial las habilita para ello. También se pueden adoptar sin el consentimiento del afectado o sin autorización judicial, de forma residual, siempre que se acrediten especial urgencia o necesidad. La situación tiene que exigir una intervención inmediata, siempre respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad. La valoración de la urgencia y necesidad de la intervención será llevada a cabo ex ante, y es susceptible de control judicial ex post. Si en el control ex post de las razones de urgencia y necesidad no se encuentra una causa habilitante suficiente, esto implicaría una vulneración del derecho fundamental, lo cual tendría efectos sobre la prueba, en caso de que fuera obtenida.

El Tribunal Supremo, en su sentencia Nº 1315/2009, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1538/2009 de 18 de diciembre de 2009, establece ciertos criterios a la hora de examinar los efectos y documentos intervenidos al detenido:

  • En el momento de la detención, el detenido continúa siendo titular del derecho a la intimidad constitucionalmente protegido. Este derecho puede ceder ante intereses superiores como la prevención e investigación del delito, para lo cual puede ser necesario la recogida de efectos, instrumentos y pruebas del mismo, lo que constituye en sí mismo un objetivo constitucionalmente legítimo. Aún así, la existencia de ese fin superior no puede propiciar una vaga justificación de las intervenciones policiales, que deberán estar suficientemente motivadas y que se haya llevado a cabo una ponderación adecuada para el caso concreto.
  • El artículo 282 LECRIM establece como obligaciones de la policía judicial:
    • Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio.
    • Practicar las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes.
    • Recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito que corriesen peligro de desaparición para ponerlos a disposición judicial.

Por otro lado, en el artículo 11.1 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro de las funciones de la policía incluye las de prevenir la comisión de actos delictivos e investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito para poner a disposición del Juez y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.

En último lugar, en los artículos 14 y ss. de la Ley Orgánica 4/2015, de seguridad ciudadana, se establece que las autoridades competentes podrán disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de las finalidades previstas en el artículo 1 de la citada norma, entre las que se encuentra la prevención de la comisión de delitos. Entre estas diligencias se pueden encontrar la de examinar o acceder al contenido de esos instrumentos o efectos, en concreto los documentos o papeles del detenido siempre que sea necesario, tras un análisis previo de los mismos.

DURACIÓN Y SUPUESTOS DE DETENCIÓN

La Constitución española, en su artículo 17.2, establece el límite temporal de la detención preventiva: “La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”.

Por otro lado, en la LECRIM podemos encontrar más especificidades sobre las características de la detención preventiva, en concreto sobre el atestado policial, que deberá reflejar el lugar y la hora de la detención y la puesta en libertad o la puesta a disposición de la autoridad judicial, como prueba del cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

En el artículo 520 bis de esta Ley se establece la posibilidad de prolongar la duración de la detención preventiva el tiempo necesario para que se lleve a cabo la investigación, “con un límite máximo de otras 48 horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes”. Para efectuar esta prórroga es necesario que el detenido esté integrado en una banda armada, organización terrorista o rebelde. En los supuestos de estado de excepción o de sitio la detención puede durar hasta 10 días.

Los presupuestos de la detención son los mismos que los de las medidas cautelares. Por un lado, es necesaria una imputación previa, es decir, que sea evidente la participación del sujeto en el delito y, por otro lado, el peligro de fuga. Los supuestos de detención de una persona dependen del tipo de detención que se lleve a cabo, análisis que se llevará a cabo en el siguiente apartado.

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Registros corporales
Inspecciones corporales
Integridad física
Autorización judicial
Derechos fundamentales
Cuerpos y fuerzas de seguridad
Seguridad Ciudadana
Derecho a la intimidad
Test de alcoholemia
Derecho a no declarar contra sí mismo
Diligencias policiales
Derecho a la libre circulación
Aeronaves
Ejecución forzosa
Recurso de amparo
Prueba pericial
Vulneración de derechos fundamentales
Delito público
Policía judicial
Atestado policial
Duración de la detención
Puesta en libertad
Organización terrorista
Bandas armadas

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

Ley Orgánica 2/1986 de 13 de Mar (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 63 Fecha de Publicación: 14/03/1986 Fecha de entrada en vigor: 03/04/1986 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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