Los derechos del interesado en el procedimiento administrativo según la Ley 39/2015, de 1 de octubre

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    FUNCION PUBLICA

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    PRIMERO.- Se recurre el Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña de 13 de octubre de 2005 desestimatorio de la reclamación 08/02040/2005 presentada contra la resolución por la que se impuso el recargo del 5 por 100 previsto en el art. 61.3 de la L.G.T/1963 por presentación de autoliquidación e ingreso extemporáneo correspondiente al IVA-6º periodo del 2004. Alega la recurrente, y resulta acreditado, que la autoliquidación con ingreso se llevó a efecto al dia ...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
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El Art. 53 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupa de regular los derechos del interesado en el procedimiento administrativo.

Dando por sentado el concepto de interesado, establecido en el Art. 4 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, dicha norma procede a establecer una serie de derechos que le asisten en el procedimiento administrativo y que son, "además del resto de derechos" previstos en la ley, los establecidos en el Art. 53 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, en concreto:

  • A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

    Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar la información a la que se refiere el párrafo anterior, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como un portal de acceso. Se entenderá cumplida la obligación de la Administración de facilitar copias de los documentos contenidos en los procedimientos mediante la puesta a disposición de las mismas en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en las sedes electrónicas que correspondan.

  • A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

  • A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste.

  • A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

  • A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

  •  A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

  •  A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

  • A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el apartado 2 del Art. 98 ,ley 39/2015, de 1 de octubre.

  • Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Por su parte, el apartado 2 del Art. 53 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que además de los derechos mencionados anteriormente, en el caso de los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes derechos:

  • A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

  • A la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

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