Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 25/02/2021

Los artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan, respectivamente, de los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas y del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Con respecto a este último extremo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.  

 

Los artículos 13 y 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupan no sólo de abordar los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas, sino también de establecer un cuadro de derechos y obligaciones a la hora de interactuar electrónicamente con ellas.

Derechos de las personas en sus relaciones con las AAPP

Los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas, recogidos en el artículo 13 de la citada Ley 39/2015, son los siguientes:

a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.

d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.

g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

Estos derechos se entienden sin perjuicio de los también reconocidos a los interesados en el artículo 53 de la misma norma, que operan como garantía en el procedimiento administrativo común.

Fuera de este listado estricto, las personas con capacidad para relacionarse con las Administraciones públicas gozan de otros derechos que, por el mero hecho de verse incursas en un procedimiento administrativo, les son propios.

Así, el presunto responsable en un procedimiento sancionador gozará del derecho a ser notificado de los hechos que se le imputan, de las infracciones que constituyen los referidos hechos y de las sanciones que se le pudieran imponer. Debe poder conocer el órgano instructor, autoridad competente para imponer sanción; tiene igualmente derecho a ser presumido inocente mientras no se demuestre lo contrario (art. 53, apartado 2, de la LPAC). De la misma forma, cualquier persona que presente solicitud, escrito, o documento análogo, debe entregársele recibo de presentación para evitar futuras situaciones de indefensión (art. 66, apartado 3, de la LPAC), y tendrá derecho de audiencia, mediante alegaciones y presentación de pruebas (arts. 76 y 118 de la LPAC).

A TENER EN CUENTA. En relación con el derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos, la Orden ESS/1323/2017, de 28 de diciembre, crea la oficina de asistencia en materia de registros en la sede de la Intervención General de la Seguridad Social (BOE de 4 de enero de 2018). Entre otras funciones (art. 3), esta oficina otorga apoderamiento apud acta mediante comparecencia personal, recibe las solicitudes, escritos y comunicaciones que los interesados dirigen a los órganos, organismos o entidades de las Administraciones públicas y asiste en el uso de medios electrónicos a los no obligados a relacionarse de manera telemática con las AAPP que lo soliciten, en lo referente a los siguientes extremos:

1.º  El asesoramiento e información en materia de identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través de medios electrónicos y obtención de copias auténticas.

2.º  La identificación o firma electrónica del interesado en el procedimiento administrativo, mediante el uso de sistema de firma del que esté dotado el funcionario habilitado para ello, siempre que el interesado carezca de los medios electrónicos necesarios, y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de los que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

Estos derechos disponen de amparo constitucional, ya que el artículo 105 de la Constitución Española contempla que la ley regulará:

«a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado».

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las AAPP

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupa del derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. La norma permite a las personas físicas elegir o modificar cómo desean comunicarse con las Administraciones Públicas, salvo casos de obligada relación telemática.

Reglamentariamente, las Administraciones también pueden establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, atendiendo a su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Rige la obligatoriedad de comunicarse por medios electrónicos respecto de los siguientes sujetos:

  • Las personas jurídicas. 
  • Las entidades sin personalidad jurídica.
  • Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
  • Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
  • Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

A TENER EN CUENTA. Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021.

Esta demora en el efecto de las normas existentes para un procedimiento administrativo más digitalizado, tiene su razón, según la interpretación de los Tribunales, como en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,  N.º 622/2018, de 13 de noviembre. ECLI: ES:TSJICAN:2018:4453

«(...) en la necesidad de que todas las Administraciones tengan que adaptarse y emplear los medios necesarios para que ese derecho/obligación, pueda desarrollarse y garantizar así, tanto el derecho de los ciudadanos a emplear los medios electrónicos para relacionarse con la Administración, como a garantizar la obligación de aquéllos que, por imperativo legal, están obligados a relacionarse de manera electrónica».

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Tramitación telemática
Persona física
Firma electrónica
Empleados de la Administración Pública
Protección de datos
Datos personales
Procedimiento sancionador
Indefensión
Apoderamiento apud acta
Actividades profesionales
Recurso de amparo
Audiencia del interesado
Capacidad económica
Personalidad jurídica
Colegiación obligatoria
Persona jurídica
Registrador de la Propiedad

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 19/2013 de 9 de Dic (Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 295 Fecha de Publicación: 10/12/2013 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2013 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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