Desistimiento, renuncia y caducidad del procedimiento administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/03/2021

El procedimiento administrativo, además de por resolución, puede finalizar por desistimientorenuncia o por la declaración de caducidad del procedimiento. Estas modalidades de terminación del procedimiento encuentran su regulación en los artículos 93-95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Renuncia y desistimiento en el procedimiento administrativo

Respecto a la finalización del procedimiento, ya hemos visto la terminación común que es la resolución; la terminación por acuerdo, pacto, contrato o convenio que es la terminación convencional y, finalmente, la ley recoge otros modos de terminación anormal del procedimiento. Estos últimos son el desistimiento y la renuncia, en los que el interesado manifiesta su voluntad de abandonar la solicitud que dio lugar al procedimiento, sin perjuicio de que pueda volver a iniciar otro nuevo (en el caso del desistimiento) o abandonar totalmente derecho en que aquella solicitud se basó (en el supuesto de la renuncia).

Por tanto, mientras que el desistimiento consiste en «abandonar» la solicitud y el procedimiento iniciado, la renuncia, por su parte, consiste en abandonar el derecho que se pretende hacer valer a través de aquella. El desistimiento limita sus efectos al procedimiento y no a la pretensión que se formula; mientras que la renuncia recae sobre la pretensión. Ambas circunstancias pueden darse en dos escenarios diferentes:

1. Desistimiento por parte de la Administración. El artículo 93 de la LPAC indica que, en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.

El desistimiento de la Administración no es una facultad libérrima, a diferencia de lo que acontece con el desistimiento de la persona interesada. Solo cuando esté previsto por la ley, y además motivadamente, la Administración podrá desistir de un procedimiento iniciado de oficio. Esta norma es coherente con el carácter restrictivo que ha de tener esta posibilidad de deshacer y dejar sin efecto el procedimiento iniciado, despejando cualquier duda de arbitrariedad y asegurando que el desistimiento esté orientado al logro de algún fin de interés general.

A TENER EN CUENTA. En materia de expropiación forzosa, el desistimiento de la Administración tiene un límite temporal. La Administración expropiante no puede desistir de la expropiación ya iniciada después de la ocupación o de la fijación del justiprecio. (STS, rec. 1517/2017, de 17 de julio, ECLI:ES:TS:2018:2967: «(…) el momento en virtud del cual la Administración expropiante no puede desistir de la expropiación ya iniciada es el de la fijación del justiprecio en vía administrativa, con independencia de que se impugne en vía contencioso-administrativa; si bien en los supuestos en que se proceda a la ocupación real y efectiva de los bienes, será dicha fecha de ocupación la que imposibilitará el desistimiento de la expropiación».

En materia de contratos públicos, el desistimiento no se encuentra específicamente previsto entre las causas generales de resolución recogidas en el artículo 211 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP). Habrá que atender a las causas señaladas específicamente para cada categoría de contrato (letra h, del artículo 211.1 de la LCSP). El desistimiento, como causa concreta de resolución con la correspondiente indemnización al contratista, se prevé en el contrato de obras (artículo 245, letra d y artículo 246 de la LCSP), en el contrato de suministro (arts. 306-307 de la LCSP) y en el de servicios (art. 313art>313 de la LCSP).

Existe otro tipo de desistimiento en materia contractual: el «desistimiento del procedimiento de adjudicación por la Administración», recogido en el artículo 152 de la LCSP y referido a cualquiera de los contratos administrativos. Se trata de la posibilidad que tiene el órgano de contratación de desistir del procedimiento «antes de la formalización» del contrato. La viabilidad del desistimiento depende de que se cumplan los siguientes presupuestos:

- Temporal: el acuerdo ha de ser anterior a la formalización del contrato.

- Material: debe fundarse en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.

- Formal: en el expediente debe justificarse debidamente la concurrencia de la causa.

- Indemnizatorio: han de ser compensados económicamente los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores, por los gastos en que hayan incurrido.

2. Desistimiento y renuncia por los interesados. El artículo 94 de la LPAC indica lo siguiente:

«1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 

2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.

3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia». 

El apartado 5 de este artículo establece un límite indicando lo siguiente: «Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento».

A TENER EN CUENTA. Tanto el desistimiento como la renuncia conllevan la finalización del procedimiento, pero con una diferencia. El desistimiento concluye el procedimiento en curso, pero no impide que en el futuro se pueda abrir un nuevo expediente; sin embargo, la renuncia impide comenzar otro procedimiento para hacer valer la misma pretensión.  

Caducidad del procedimiento administrativo

La caducidad es otro de los modos de terminación anormal del procedimiento administrativo. Viene regulada en el artículo 95 de la LPAC. Nos referimos aquí únicamente a la caducidad por causa imputable al interesado, debido a su inactividad en el transcurso del tiempo.

Cuando se produzca la paralización de un expediente iniciado a solicitud del interesado, la Administración tiene la carga de advertirle que, transcurridos tres meses desde tal paralización, se producirá la caducidad del procedimiento. Una vez consumido ese plazo sin que el particular reanude la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones notificándoselo al interesado. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite; contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

Reiterada jurisprudencia, entre la que cabe citar, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo n.º 4649/1987, de 2 de julio, ECLI:ES:TS:1987:4649, lo indica así:

«La caducidad, forma extintiva del procedimiento, (...) exige la concurrencia de dos factores, uno objetivo con su ingrediente temporal y otro subjetivo. Así, se configura como la inactividad culpable durante un período determinado y, en definitiva, con una presunción implícita de abandono o apartamiento, según refleja la conexión explícita con el régimen del desistimiento y de la renuncia. La paralización de un expediente por causa imputable al interesado permite a la oficina administrativa declarar la caducidad de las actuaciones y ordenar su archivo, si previamente lo advierte al peticionario y este prolonga su inactividad o silencio durante tres meses. Tal regla, común en sus líneas generales para todo tipo de procedimientos, incluso los judiciales, ha sido llevada también al económico-administrativo, que no es sino una modalidad del ordinario, con las peculiaridades inherentes a esta vía de reclamación por mor de la materia y la singular estructura orgánica».

La caducidad del procedimiento no va ligada a la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. Por ello, el procedimiento caducado no implica la prescripción de las acciones, pero tampoco la interrumpe, pudiendo iniciarse un nuevo procedimiento siempre que no haya prescrito la acción. En este sentido se manifiesta la sentencia de la Audiencia Nacional, rec. 718/2018, de 20 de enero de 2020, ECLI:ES:AN:2020:304: 

«(...) se ha pronunciado este tribunal, en sendas sentencias de fecha 14/12/2018 y 13/05/2019, señalando que el punto de partida debe ser que la caducidad no impide el inicio de un nuevo procedimiento mientras no exista prescripción y que las actuaciones realizadas en un procedimiento caducado mantienen su validez y eficacia a efectos probatorios. La falta de declaración expresa de caducidad es una irregularidad formal irrelevante, pues, en ningún caso, es un requisito esencial en la regulación legal, ni produce indefensión».

Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo n.º 438/2018, de 19 de marzo, ECLI:ES:TS:2018:1148 , lo explica del siguiente tenor:

«(...) los actos y resoluciones administrativas han de dictarse en un procedimiento válido, ello constituye una exigencia básica de nuestro ordenamiento administrativo que se plasma en numerosos preceptos (...) llegándose a sancionar con la nulidad de pleno derecho los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido (...). De modo que si el procedimiento ha devenido invalido o inexistente, como consecuencia de su caducidad, ha dejado de ser un cauce adecuado para dictar una resolución administrativa valida que decida sobre el fondo, por lo que la Administración está obligada a reiniciar uno nuevo».

En el resto de los casos, en los que la caducidad del procedimiento sea imputable a la Administración, podrá incurrir en responsabilidad su personal, tal y como establece el artículo 21.6 de la Ley 39/2015.

Como conclusión, podemos indicar que, en el desistimiento y la renuncia, existe una manifestación de voluntad, clara y expresa, de no querer continuar con el procedimiento. Sin embargo, la caducidad surte efectos independientemente de si hubo voluntad o no por parte del interesado o de la Administración. Viene exclusivamente ligada al simple transcurso del plazo fijado legalmente.

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Desistimiento procesal
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Prescripción de la acción
Archivo de actuaciones
Apartación
Indefensión
Nulidad de pleno derecho

Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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