Despido objetivo por causas económicas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 03/05/2021

El despido por causas económicas puede ser colectivo o individual. Se entenderá que existe un despido objetivo por causas económicas individual cuando no alcance los umbrales necesarios para la consideración de despido colectivo establecidos en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores.

La fundamentación de ambos despidos son las mismas y vienen establecidas en el art. 51.1 del ET.

Los aspectos formales y materiales de este tipo de despido se regulan en el apdo. c) del art. 52 del ET.

Causas económicas como motivo de despido

Existirán causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.

El despido por causas económicas puede ser colectivo o individual. Se entenderá que existe un despido objetivo por causas económicas individual cuando no alcance los umbrales necesarios para la consideración de despido colectivo establecidos en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores. La fundamentación de ambos despidos son las mismas y vienen establecidas en el art. 51.1 del ET.

A modo de resumen, la utilización de la causa económica para justificar una extinción contractual sea realizada en base a un despido objetivo según el art. 52 c) del ET, o, de cumplirse los umbrales de trabajadores afectados para la existencia de despido colectivo conforme a lo dispuesto en el nuevo art. 51.1 del ET, debe cumplir los siguientes requisitos:

  1. Debe tratarse de una situación negativa real basada en la existencia de pérdidas o incluso de evolución decreciente de beneficios. La situación negativa ha de ser constatada por los juzgados de lo social.
  2. Es suficiente una situación coyuntural de pérdidas. No tiene por qué tratarse necesariamente de una situación estructural.
  3. No cabe exigir que la situación negativa haya sido consecuencia de un acontecimiento exterior a la gestión empresarial.
  4. Ha de tratarse de una situación actual que se pretenda superar a través de las medidas de extinción de contratos de trabajo por circunstancias objetivas.
  5. Nuevamente serán los juzgados de lo social los encargados de estudiar la acreditación objetiva de la extinción de los contratos para superar la situación negativa de la empresa.

Despido económico en empresas con varios centros de trabajo

A la hora de realizar un despido económico en empresas con varios centros de trabajo, las pérdidas hay que valorarlas en el conjunto de la empresa, sin que se pueda llevar a cabo la extinción en un centro de trabajo con situación económica negativa si existen otros que producen ganancias.

Tanto la doctrina como numerosas resoluciones judiciales han recogido que cuando se alega causa económica, las pérdidas hay que valorarlas en el conjunto de la empresa, sin que se pueda llevar a cabo la extinción en un centro de trabajo con situación económica negativa si existen otros que producen ganancias. Siguiendo esto el Tribunal Supremo ha manifestado lo siguiente (STS, rec. 1878/2008, de 18 de marzo de 2009, ECLI:ES:TS:2009:367 y STS n.º 506/2017, de 13 de junio, ECLI:ES:TS:2017:2480 ):

  • La existencia de una «situación económica negativa» comporta, para la determinación de su concurrencia, la valoración del estado económico de la empresa en su conjunto.
  • Deben compararse beneficios y pérdidas a nivel global empresarial y no separadamente por centros o secciones. Como argumento el Alto Tribunal utiliza la situación contraria; si la empresa estuviera en mala situación económica a nivel global podrían adoptarse medidas extintivas adecuadas que afectaran a los trabajadores que prestaran sus servicios en los centros o secciones de aquélla que aisladamente pudieran generar ganancias o no estar en concreta situación económica negativa.
  • Con la exigencia de justificar mediante la concurrencia de la causa económica «la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo» como exige el apdo. c) del art. 52 del ET, lo que debe también referirse a la empresa en su conjunto, sin perjuicio de la necesaria conexión entre la situación desfavorable existente en la empresa y los despidos acordados.
  • El artículo 1 de la Directiva 1998/59/CE, de 20 de julio, en la consideración del concepto de centro de trabajo frente al de empresa como elemento determinante para el cómputo de los umbrales numéricos de trabajadores afectados que a su vez configuran la existencia de un despido colectivo, lo que conduciría a la aplicación del art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y no a la del letra c) art. 52 del ET, del mismo texto estatutario.

No obstante, en ocasiones, los Tribunales Superiores de Justicia han validado el despido en atención a la situación negativa de un centro de trabajo o unidad productiva autónoma, independientemente de la situación global de la empresa, por cuanto la medida contribuye al mantenimiento de la empresa. Así para el STS de Andalucía n.º 96/2005, de 20 de enero de 2005, ECLI:ES:TSJAND:2005:169, existe «causa de despido cuando una unidad productiva autónoma atraviesa una situación económica negativa, aunque no esté funcionando diferenciadamente y pertenezca al mismo titular, en la medida que los despidos contribuyen al mantenimiento de la empresa. Tal criterio es el que comparte esta Sala pues, constatada la situación económica negativa del centro de trabajo de Málaga Plaza, obligar al empleador a mantener abierto el mismo, además de generar nuevas pérdidas económicas, la ruinosa gestión podría poner en peligro otros centros de trabajo y, por ende, otros puestos de trabajo»(TSJ Andalucía n.º 3818/1998, de 27 de noviembre de 1998, ECLI:ES:TSJAND:1998:13052  y TSJ Galicia, rec. 5881/2000, de 21 de enero de 2000, ECLI:ES:TSJGAL:2000:248 ).

En cualquier caso, el ámbito de apreciación de las causas económicas es la empresa o unidad económica de producción, mientras que el ámbito de apreciación de las causas técnicas, organizativas o de producción es el espacio o sector concreto de la actividad empresarial en que ha surgido la dificultad que impide su buen funcionamiento. STS, rec. 1436/2001, de 13 febrero de 2002, ECLI:ES:TS:2002:9329 ; STS, rec. 1979/2001, de 19 marzo de 2002, ECLI:ES:TS:2002:9443 ; STS, rec. 4454/2002, de 21 julio de 2003, ECLI:ES:TS:2003:5220 y STS, rec. 1719/2017, de 31 enero de 2008, ECLI:ES:TS:2008:1862.

Despido económico ante previsión de pérdidas o disminución persistente del nivel de ingresos o ventas

Para el análisis de la combinación de estos dos conceptos merece la pena recordar la actual versión de la normativa reguladora, que, al igual que todas las materias sobre la extinción y regulación de empleo, han sufrido reiterados cambios como hemos analizado a modo introductorio:

  • Art. 51.1 del ET

«Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la EXISTENCIA DE PÉRDIDAS ACTUALES O PREVISTAS, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente SI DURANTE TRES TRIMESTRES CONSECUTIVOS EL NIVEL DE INGRESOS ORDINARIOS O VENTAS DE CADA TRIMESTRE ES INFERIOR AL REGISTRADO EN EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR».

«Cuando la situación económica negativa alegada consista en una PREVISIÓN DE PÉRDIDAS, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere el apartado anterior, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación. Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión».

Se entiende, por tanto, que concurren causas económicas [art. 52 c) del ET] cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Limitándose el legislador a concretar «la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas». La disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Sobre lo anterior matizar: 

  • Ante el vacío normativo (y ante el principio de libertad probatoria) cualquier documentación que demuestres una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas debería ser válida (a modo de ejemplo, cuando de la comparativa entre las declaraciones tributarias de IVA del año 2019 y 2020 se aprecia una disminución persistente de ingresos).
  • Existe la posibilidad de interpretar que no se requiere una reducción en cascada durante cada uno de los 3 trimestres, sino que basta una reducción respecto a un cuarto trimestre anterior con cifras superiores.
  • Se podrá llevar a cabo el despido objetivo por causas económicas en caso de acreditar una situación económica negativa, aunque no se dé la circunstancia de disminución del nivel de ingresos o ventas durante 3 trimestres consecutivos, ya que se trata de un concepto global aplicable a pesar de que no se trate del supuesto concreto de los referidos trimestres. Con respecto a lo de los trimestres, el hecho de que el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores considere «en todo caso» que la disminución es persistente «si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior», no es más que una presunción de concurrencia de la causa en unas determinadas condiciones, pero en modo alguno excluye que se pueda apreciar disminución de ingresos o ventas cuando el periodo de referencia es superior a tres meses, pues una disminución de ingresos que se ha venido prolongando a lo largo de años es obviamente algo más grave y persistente que otra que solamente se ha producido durante tres trimestres consecutivos. (STSJ Canarias n.º 154/2016, de 4 de marzo, ECLI:ES:TSJICAN:2016:3479 ).

CUESTIÓN

Para probar la existencia de causas económicas para un despido objetivo individual ¿La empresa ha de presentar la documentación exigible en caso de despidos colectivos?

Bajo la inicial redacción del Estatuto de los Trabajadores la previsión de pérdidas se presentó inicialmente como una posibilidad de despido que no implicaba demasiadas trabas. No obstante, la publicación del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada, donde se plasma la obligación empresarial de presentar documentación acreditativa específica para estos despidos colectivos por causas económicas supuso ciertas dudas en relación a la necesidad de aportar documentación concreta.

De la regulación de los despidos individuales por causas objetivas no se infiere la necesidad de presentar la documentación obligatoria en los supuestos de despido colectivo fijada por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.

La STS n.º 538/2020, de 26 de junio, ECLI:ES:TS:2020:2351 , analizando la validez de las declaraciones trimestrales de IVA para justificar la situación económica negativa de la empresa, ha concretado:

«(...) estamos en condiciones de afirmar que la exigencia o deber contemplado en el RD 1483/2012 de aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría, no constituye aquí un elemento o requisito imprescindible en orden a la acreditación de la situación económica de la empresa.

Tampoco esta documentación será un elemento acreditativo excluyente. Podemos compartir la afirmación de la recurrida acerca del principio de libertad probatoria, así como la idoneidad a tal fin de la presentación de una contabilidad social llevada en legal forma, pero no puede rehusarse el predicado de esa condición cuando el elemento aportado fueren las cuestionadas declaraciones tributarias.

Y aunque hemos delimitado negativamente el ámbito y repercusión del citado Real Decreto 1483/2012, no descartamos utilizar el contenido del apartado 4 de su art. 4 para reafirmar la habilidad como medio de prueba de dichas declaraciones. Recordaremos su tenor literal: Cuando la situación económica negativa alegada consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar, además de la documentación prevista en el apartado 2, la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los tres trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del procedimiento de despido colectivo, así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior».

JURISPRUDENCIA

STS, rec. 861/2015, de 11 de octubre de 2017, ECLI:ES:TS:2017:3736

«Lo cierto es que las garantías formales que el ET ha introducido en los casos de despido objetivo (individual, plural) no se trasladan de manera absoluta, sino que existen determinados matices cuando se trata de extinciones contractuales enmarcadas en un despido colectivo. Otro fragmento de su fundamentación explicitaba que el requisito del art. 51.4 ET (de que el despido individual sea igualmente comunicado a la RLT, lo que la norma remitida; art. 53.1c)) exclusivamente refiere para los despidos basados en la causa 52.c ET. Notificación ésta que cobra sentido en el marco de la extinción por causas objetivas y que –cuando menos en el planteamiento del legislador– no parece necesaria en el PDC, habida cuenta de que –como hemos razonado en diversas ocasiones– el despido objetivo se lleva a cabo por decisión unilateral del empresario y sin control previo alguno por parte de la RLT, en tanto que el PDC requiere una previa negociación con los representantes de los trabajadores, de manera que las necesidades formales de la comunicación extintiva quedan incluso "atemperadas" por la existencia de la propia negociación y el conocimiento de toda clase de datos sobre el PDC que ello comporta».

STS, n.º 28/2021, de 14 de enero de 2021, ECLI:ES:TS:2021:67

«Los mencionados datos evidencian que se ha acreditado la disminución relevante y persistente de la cifra de negocio, así como las pérdidas de la empresa.

La sentencia recurrida argumenta que la empresa no despidió al trabajador en el año 2015, cuando las pérdidas eran cuantiosas, por lo que no puede despedirlo en el año 2016, al ser las pérdidas menores.

El hecho de que la empresa no despidiera al trabajador por causas económicas en el año 2015, cuando la cifra de facturación era de 11.285.716,62 euros; no imposibilita que pueda despedirlo en noviembre del año 2016, cuando la cifra de facturación era mucho menor: 9.747.186,89 euros. Es cierto que el resultado negativo de la cuenta de pérdidas y ganancias fue peor en 2015 que en 2016. Pero en este último año la empresa también sufrió importantes pérdidas. La empresa intentó solucionar su situación crítica del año 2015 sin extinguir a la sazón el contrato de trabajo del actor, lo que no debe impedir que, si las causas económicas subsistieron en el año siguiente, el empleador pueda despedir por causas objetivas al trabajador en el año 2016. La tesis contraria tendría un efecto disuasorio para las empresas que intentan superar su situación económica negativa sin realizar despidos al iniciarse dicha situación.

2.Por ello, debemos concluir que se ha probado la concurrencia de causas económicas que justifican la extinción del contrato del actor. Dicha extinción debe considerarse como una medida adecuada y proporcionada al fin perseguido. El despido del demandante es una medida razonable y proporcionada para hacer frente a la progresiva disminución de la cifra de negocio y a las importantes pérdidas sufridas por la empresa, las cuales justifican la decisión del empleador extintiva de la relación laboral, sin que se haya probado una patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y el sacrificio impuesto al accionante». 

Al transportar la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas a los supuestos prácticos encontramos resoluciones judiciales de interés como:

STSJ Cataluña n.º 3471/2010, de 11 de mayo, ECLI:ES:TSJCAT:2010:5461 citando la STS, rec. 1659/2007, de 29 de septiembre de 2008, ECLI:ES:TS:2008:5511

El Tribunal considera que no concurren los requisitos exigidos por el art 52 c) del ET para que la extinción objetiva pueda prosperar pues no puede fundamentarse la extinción por causas económicas en disminución de ventas que supongan un declive empresarial o en pérdidas de anteriores ejercicios pues la situación a contemplar es la del momento en que se toma la medida. Tampoco es suficiente una previsión, que puede o no cumplirse de pérdidas futuras. La extinción sólo puede prosperar en supuestos de pérdidas actuales consolidadas, continuadas y cuantiosas. En definitiva no puede apreciarse la concurrencia de causas económicas que justifiquen la extinción objetiva acordada.

La empresa ha de acreditar que las dificultades económicas existen y que la decisión extintiva se halla vinculada al mantenimiento de la posición competitiva de la empresa en el mercado o las exigencias de la demanda.

STS, rec. 52/2014, de 23 de septiembre de 2014, ECLI:ES:TS:2014:4973

El despido es ajustado a derecho por estar probadas las causas económicas alegadas, único tema que planteaba el recurso sin pedir revisión hechos. Hubo negociación de buena fe ya que se incrementaron indemnizaciones iniciales y se pactaron medidas para facilitar recolocación y mejorar formación.

STSJ País Vasco n.º 1333/2013, de 9 de julio, ECLI:ES:TSJPV:2013:1162

Ha de tratarse de pérdidas significativas en el contexto de la empresa:

«Que ello es así lo corrobora, por lo demás, el mismo desarrollo reglamentario efectuado por el R. Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, al establecer el tipo de documentación que ha de presentar la empresa para acreditar la existencia de causa económica, ya que exige la aportación de cuentas de los dos últimos ejercicios y del ejercicio en curso, en buena muestra de que se requiere el carácter actual y no coyuntural de las pérdidas (la exigencia de las cuentas del ejercicio penúltimo al año del despido colectivo no tiene sentido si únicamente importa comprobar la existencia de pérdidas del último año). Y la necesidad de aportar también la memoria del ejercicio y el informe de gestión de esos años no hay duda de que se vincula con la necesidad de conocer la explicación de los resultados del año, a fin de poder conocer la causa que las motiva y valorar, con ello, si es previsible o no que subsistan».

STSJ Canarias n.º 154/2016, de 4 de marzo, ECLI:ES:TSJICAN:2016:3479

Para la Sala de lo social, la existencia de disminución de ingresos en tres trimestres consecutivos no es la única manera de constatar tal causa económica. Con respecto a lo de los trimestres, el hecho de que el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores considere «en todo caso» que la disminución es persistente «si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior», no es más que una presunción de concurrencia de la causa en unas determinadas condiciones, pero en modo alguno excluye que se pueda apreciar disminución de ingresos o ventas cuando el periodo de referencia es superior a 9 meses, pues una disminución de ingresos que se ha venido prolongando a lo largo de años es obviamente algo más grave y persistente que otra que solamente se ha producido durante tres trimestres consecutivos. Y en el presente caso, la comparación de la reducción de ingresos abarca más de dos años, y evidencia que el volumen de actividad de la demandada se ha reducido casi un 25% y que esa tendencia a la reducción persistía cuando se acordó el despido.

STSJ Asturias n.º 1812/2013, de 27 de septiembre de 2013,  ECLI:ES:TSJAS:2013:2993

La justificación del despido económico o productivo exigirá la superación de tres fases por las empresas:

  • Acreditar la situación económica negativa o, en su caso, cambios en la demanda de los productos y servicios que la empresa quiera colocar en el mercado.
  • Determinar de qué modo las situaciones descritas inciden en los contratos de trabajo, que se pretenden extinguir.
  • Probar la adecuación de las medidas adoptadas para hacer frente a dicha necesidad.

Por consiguiente, el art. 51.1 del ET no ha liquidado la conexión de funcionalidad entre la causa económica o productiva y las extinciones contractuales, sino que ha modificado su formulación, que ya no exigirá contribuir a la consecución de objetivos futuros, como preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa, o prevenir una evolución negativa de la empresa o mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. Por el contrario, deberá acreditarse que la extinción es procedente para corregir desajustes en la plantilla, lo que obligará a demostrar que los contratos, cuya extinción se pretende, han dejado de cumplir su finalidad económica y productiva.

La mera toma en consideración de los datos empresariales (económicos, productivos, etc.) puede ser insuficiente para apreciar la concurrencia de la causa objetiva alegada ya que, como señala la STSJ Asturias, rec. 2635/2012, de 28 de diciembre de 2012, ECLI:ES:TSJAS:2012:4988 , el despido objetivo no opera automáticamente a partir de tales datos, sino que es precisa una determinada conexión entre ambos elementos. La decisión extintiva ha de ser una medida necesaria en función de esos hechos o al menos una medida razonable y proporcionada.

STSJ Extremadura n.º 535/2012, de 31 de octubre, ECLI:ES:TSJEXT:2012:1589

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos:

«(...) la exigencia que determina la resolución de instancia, al considerar que no existe conexión funcional o instrumental entre la medida adoptada y el objeto de superar la situación económica negativa invocada por la empresa logrando mediante la amortización de puestos de trabajo la recuperación de beneficios, no es conforme a la legislación antes dicha aplicable, es una exigencia que la ley no prevé, es más, que desaparece en la nueva redacción del artículo 51.1 del ET, ya no se requiere que el empresario justifique que de la medida se pueda deducir de forma razonable que la decisión extintiva preservaría o mejoraría la situación de la empresa en el mercado, considerando que éste justificación ya ha desaparecido, y en todo caso acreditado el nivel de ventas e ingresos es razonable entender que la reducción de plantilla conlleva una reducción de costes de personal y que contribuye a reducir los gastos y hacer más sostenible la empresa, que a las dificultades por las que atraviesa la empresa se puede hacer frente mediante la amortización del puesto de trabajo sobrante, de forma que se establezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende, considerando que a ello no empece el hecho de que se efectuaran nuevas contrataciones, pues dicha decisión le incumbe al empresario, desbordando el ámbito de control judicial en el despido objetivo, ya que este es un control de legalidad de los concretos despidos enjuiciados, entendiendo que lo que se consigue con el despido es rectificar el desajuste por exceso entre plantilla y la carga de trabajo de la empresa, citando la sentencia de esta Sala de 19 de marzo de 2012, que aplica la doctrina del Tribunal Supremo, sentencia de 14 de junio de 1996 . Y es por todo ello que considera que conforme al artículo 53.4.c), párrafo tercero del Estatuto la decisión se ha de considerar procedente por concurrir la causa en que se fundamentó la decisión extintiva, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el número 1 del precepto».

Despido por causas económicas durante la vigencia de un ERE de suspensión

La  STS, rec. 673/2013, de 12 de marzo de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1390 , ha matizado que si bien en principio es factible admitir que durante una situación de suspensión de la relación contractual por causas económicas y productivas (art. 45.1 j) del ET) una empresa pueda tomar una decisión extintiva, por razones objetivas, con respecto al trabajador cuya relación contractual se halla suspendida amparándose en las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 51 del ET por remisión del artículo 52 c) del propio texto estatutario), ello exigirá, que concurra al menos una de estas dos condiciones, bien la concurrencia de una causa distinta y sobrevenida de la invocada y tenida en cuenta para la suspensión, bien tratándose de la misma causa, un cambio sustancial y relevante con referencia a las circunstancias que motivaron se autorizara dicha suspensión. STS, rec. 86/2012, de 26 de marzo de 2014, ECLI:ES:TS:2014:3038STSJ Asturias, n.º 271/2012, de 27 de enero de 2012, ECLI:ES:TSJAS:2012:219STS, rec. 32/2014, de 17 de julio de 2014, ECLI: ES:TS:2014:4131; y STS, rec. 15/2013 de 18 de marzo de 2014, ECLI:ES:TS:2014:1434.

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Actividades empresariales
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Declaraciones Tributarias
Pérdidas y Ganancias Abreviada
Balance contable
Ejercicio económico
Economía negativa de la empresa
Medios de prueba
Representación de los trabajadores
Contrato de Trabajo
Buena fe
Relación contractual
Expediente de regulación de empleo
Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Real Decreto 1483/2012 de 29 de Oct (Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 30/10/2012 Fecha de entrada en vigor: 31/10/2012 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia

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