Despido objetivo por causas económicas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 17/06/2020

El despido por causas económicas puede ser colectivo o individual. Se entenderá que existe un despido objetivo por causas económicas individual cuando no alcance los umbrales necesarios para la consideración de despido colectivo establecidos en el art. 51 Estatuto de los Trabajadores.

La fundamentación de ambos despidos son las mismas y vienen establecidas en el art. 51.1 ET.

Los aspectos formales y materiales de este tipo de despido se regulan en el aprt. c) art. 52 ET.

Existirán causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas (1), o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado (2).

Ante la ausencia, dada la reciente actualidad en la redacción de la norma reguladora, de criterios jurisprudenciales es evidente que no se contempla sólo los supuestos de crisis empresarial permanente, sino que pueden y deben incluirse las situaciones negativas coyunturales que puedan superarse a través de la amortización de puestos de trabajo (3). 

Con anterioridad a la reforma del mercado de trabajo, jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, había establecido que la causa económica fuese real, suficiente, objetiva y actual. Dichos criterios deben ser ahora reinterpretados a la luz de las modificaciones operadas (STS, de 11/06/2008, Rec. 730/2007), de esta forma, el juez laboral, a raíz de la nueva redacción del ET,  no debe limitarse a constatar la situación negativa (causa económica), sino que debe controlar si la medida propuesta, la extinción ex articulo 52 c) es necesaria para superar dicha situación.

A modo de resumen, y teniendo presente –como se ha citado- la falta de jurisprudencia en la materia, la utilización de la causa económica para justificar una extinción contractual,  realizada anteriormente por el ex articulo 52 c),  debe cumplir los siguientes requisitos:

  1. Debe tratarse de una situación negativa real basada en la existencia de pérdidas o incluso de evolución decreciente de beneficios. La situación negativa ha de ser constatada por los juzgados de lo social.
  2. Es suficiente una situación coyuntural de pérdidas. No tiene por que tratarse necesariamente de una situación estructural.
  3. No cabe exigir que la situación negativa haya sido consecuencia de un acontecimiento exterior a la gestión empresarial.
  4. Ha de tratarse de una situación actual que se pretenda superar a través de las medidas de extinción de contratos de trabajo por circunstancias objetivas.
  5. Nuevamente serán los juzgados de lo social los encargados de estudiar la acreditación objetiva de la extinción de los contratos para superar la situación negativa de la empresa.
Efectos

Indemnización: 20 días por año de servicio con el límite de 12 mensualidades. Se deberá poner a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la comunicación de despido.

Preaviso: 15 días naturales de preaviso que podrán ser sustituidos por una indemnización adicional de cuantía equivalente al salario de los días no preavisados.

Permiso retribuido para búsqueda de nuevo empleo: desde la notificación hasta la fecha de efectos el trabajador dispondrá de una licencia de 6 horas semanales retribuidas con el fin de buscar nuevo empleo

La decisión extintiva se considerará improcedente cuando no se acredite la concurrencia de la causa en la que se fundamentó la decisión extintiva o cuando no se hubieren cumplido los requisitos establecidos para el despido objetivo.

Precisiones a tener en cuenta sobre la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas durante 3 trimestres consecutivos

El art. 52 c) del ET, señala que el contrato de trabajo podrá extinguirse cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esa Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo, fijando el citado artículo 51.1 que se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Sobre lo anterior matizar: 

  • Existe la posibilidad de interpretar que no se requiere una reducción en cascada durante cada uno de los 3 trimestres, sino que basta una reducción respecto a un cuarto trimestre anterior con cifras superiores.
  • Se podrá llevar a cabo el despido objetivo por causas económicas en caso de acreditar una situación económica negativa, aunque no se dé la circunstancia de disminución del nivel de ingresos o ventas durante 3 trimestres consecutivos, ya que se trata de un concepto global aplicable a pesar de que no se trate del supuesto concreto de los referidos trimestres.

Demostración de disminución de beneficios

Ante la falta de precisión por la jurisprudencia, la legislación actual sólo hace referencia a "la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos", por lo que cualquier documentación que demuestres esto debería ser válida.

Notas históricas del concepto de situación económica negativa

El despido objetivo experimentó una importante modificación tras la reforma laboral de 2010 en sus dos versiones: El Real Decreto Legislativo 10/2010, de 16 junio (en adelante Real Decreto Legislativo RMT) y la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, (en adelante en adelante LRMT) pues a partir de su vigencia se da un tratamiento jurídico unitario a la definición de las causas del despido colectivo y objetivo , terminando así con la perturbación del régimen anterior que mantenía dos regulaciones no coincidentes de las causas del despido en función de que éste fuera colectivo u objetivo, desapareciendo también la necesidad de que el despido objetivo contribuyera a "la superación de situaciones económicas negativas" o a "superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa" cuando venía fundado en causas técnicas, organizativas o de producción. Desaparece también con la LRMT "la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo". La realidad es que, como pone de relieve el Preámbulo de la LRMT, muchas de las extinciones contractuales con base en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, se venían desplazando de manera antinatural hacia el despido exprés, reconociendo el empresario después de hacer entrega de la carta de despido su improcedencia y consignando la indemnización legal para así paralizar los salarios de tramitación, conforme al art. 56.2 ET (Desistimiento empresarial). Era algo seguro para los empresarios que preferían hacer uso de este mecanismo para no arriesgarse a un proceso judicial que se podía alargar más de lo deseado. Se pretendió con la reforma laboral 2010 proporcionar una mayor certeza tanto a los trabajadores, a los empresarios como a los órganos jurisdiccionales en sus tareas de control judicial.

El concepto de situación económica negativa era, hasta estas reformas operadas en 2010, un concepto jurídico con alto grado de indeterminación que dejaba un margen de decisión excesivamente elevado al Juez de lo Social, lo que se traducía, ante tal panorama de inseguridad, en una derivación antinatural del despido objetivo económico al despido exprés y a la contratación masiva temporal. Mas la regulación del Real Decreto Legislativo RMT continuaba siendo insatisfactoria al afirmar, en su artículo 2, dando nueva redacción al art. 51.1 ET , que se entiende que concurren causas económicas "cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva". Tan parca redacción no parecía ayudase a dar mayor certeza a trabajadores y empresarios, dejando, en su consecuencia, un amplio margen de decisión a favor de los jueces, lo que no contribuía precisamente a conseguir el clima de seguridad tan deseado, ni tampoco a la creación de empleo. Tal concepto reduccionista de situación económica negativa continuaba relacionándose con la función contable de producción y resultados, costes, ingresos, beneficios y pérdidas. En realidad, poco innovó la reforma que entró en vigor el 18 de junio de 2010 sobre el concepto de situación económica negativa, lo que mereció una importante crítica, aunque tras la misma ya no se exige que la medida extintiva contribuya a superarla, con lo que la polémica estaba servida, y continuaba presente el debate, hasta entonces no cerrado, de si se exigía la existencia de pérdidas o bastaba con una caída de beneficios si son de una cierta entidad. Las posturas eran encontradas puesto que si bien en unos casos se exigía de 'pérdidas sostenidas y significativas' (STS 29 septiembre 2008) no siempre la situación negativa se equiparaba a pérdidas sino a una situación 'desfavorable en términos de rentabilidad' ( STS 14 junio 1996 ). El concepto de situación económica negativa viene mejorado en la versión ofrecida por la LRMT clarificando se refiere tanto a la existencia de pérdidas actuales o previstas, cuando la previsión deviene fundada o razonable (STSJ Castilla-La Mancha 8 febrero 2001), como a la disminución persistente de su nivel de ingresos, con lo que la caída de beneficios, si es de una cierta entidad, tiene cabida dentro del mismo, cuando afecten a su viabilidad o a la capacidad de mantener el volumen de empleo de las empresas.

Superando las deficiencias técnicas de la reforma laboral de 2010 la ulterior reforma de 2012, en sus dos versiones, la del RDL 3/2012, y luego la de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, dan una mayor concreción a las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas. El legislador, en la reforma protagonizada por el Real Decreto Ley 3/2012, ya deja claro en la exposición de motivos que las altas tasas de desempleo y la crisis económica evidencian "la insostenibilidad del modelo laboral español' . Por ello, aborda una modificación de gran calado en la flexibilización de nuestro sistema de relaciones laborales en su conjunto, la más ambiciosa desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en el año 1980, que afecta a los servicios públicos de empleo, a la contratación a tiempo parcial, a la creación de un nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, a la clasificación profesional, a la descentralización de la negociación colectiva, el descuelgue salarial, facilitando la adaptación de los salarios y las condiciones laborales a la productividad y competitividad empresarial, y los despidos colectivos y objetivos. El objetivo último es generar la confianza y seguridad necesaria 'para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores".

Dados los términos flexibles y amplios con los que quedó redactado el artículo 51.1 ;ET, utilizando en la enumeración de las causas económicas la expresión "en casos tales", no parece ofrecer duda que es a intención del legislador mantener un numerus apertus y no clausus de tales causas, pues la realidad es mucho más rica, enunciando las más significativas pero dando cabida a otros supuestos no expresamente mencionados de situación económica negativa, como por ejemplo sería la pérdida de cuotas de mercado (STSJ La Rioja 12 septiembre 2006); el descenso de ventas progresivo (STSJ Castilla-la Mancha 8 marzo 2007); la sensible y continuada disminución de pedidos (STSJ C. Valenciana 9 mayo 2006); la pérdida del único cliente (STSJ Cantabria 24 agosto 2006); resultados negativos de explotación (STSJ Navarra 31 enero 2000); la disminución continuada de beneficios (STSJ C. Valenciana 22 diciembre 2005); encarecimiento del crédito, incremento de costes, y dificultades de comercialización.

Jurisprudencia

Existencia de pérdidas y su continuidad

STSJ Cataluña Nº 3471/2010, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 933/2010 de 11 de Mayo de 2010, Ecli: ES:TSJCAT:2010:5461 (citando STS de 29 de Septiembre de 2008)

El Tribunal considera pues que no concurren los requisitos exigidos por el art 52-c del ET para que la extinción objetiva pueda prosperar pues no puede fundamentarse la extinción por causas económicas en disminución de ventas que supongan un declive empresarial o en pérdidas de anteriores ejercicios pues la situación a contemplar es la del momento en que se toma la medida. Tampoco es suficiente una previsión, que puede o no cumplirse de pérdidas futuras. La extinción sólo puede prosperar en supuestos de pérdidas actuales consolidadas, continuadas y cuantiosas. En definitiva no puede apreciarse la concurrencia de causas económicas que justifiquen la extinción objetiva acordada.

La empresa ha de acreditar que las dificultades  económicas existen y que la decisión extintiva se halla vinculada al mantenimiento de la posición competitiva de la empresa en el mercado o las exigencias de la demanda.

STS, Sala de lo Social, Rec 52/2014 de 23 de Septiembre de 2014, Ecli: ES:TS:2014:4973

El despido es ajustado a derecho por estar probadas las causas económicas alegadas, único tema que planteaba el recurso sin pedir revisión hechos. Hubo negociación de buena fé ya que se incrementaron indemnizaciones iniciales y se pactaron medidas para facilitar recolocación y mejorar formación.

STSJ País Vasco Nº 1333/2013, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 14/2013 de 09 de Julio de 2013

Ha de tratarse de pérdidas significativas en el contexto de la empresa. "Que ello es así lo corrobora, por lo demás, el mismo desarrollo reglamentario efectuado por el R. Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, al establecer el tipo de documentación que ha de presentar la empresa para acreditar la existencia de causa económica, ya que exige la aportación de cuentas de los dos últimos ejercicios y del ejercicio en curso, en buena muestra de que se requiere el carácter actual y no coyuntural de las pérdidas (la exigencia de las cuentas del ejercicio penúltimo al año del despido colectivo no tiene sentido si únicamente importa comprobar la existencia de pérdidas del último año). Y la necesidad de aportar también la memoria del ejercicio y el informe de gestión de esos años no hay duda de que se vincula con la necesidad de conocer la explicación de los resultados del año, a fin de poder conocer la causa que las motiva y valorar, con ello, si es previsible o no que subsistan"

Despido por causas económicas durante la vigencia del expediente

STTS, Sala de lo Social, de 26/03/2014, Rec. 86/2012; STS, Sala de lo Social, de 12/03/2014, Rec. 673/2013 ; STSJ Asturias, nº 271/2012, de 27/01/2012, Rec. 3093/2011

A pesar de la existencia de un ERE en la empresa por causas económicas - tras haberse llegado a un Acuerdo dentro del período consultivo entre los representantes de la empresa y los representantes legales de los trabajadores-, no elimina la posibilidad de una decisión empresarial de rescindir su contrato de trabajo, por causas objetivas, derivadas de razones económicas o productivas, alegando, que a pesar del ERE y de su ampliación, la situación tanto económica como productiva resultaba manifiestamente inviable, concretando la situación financiera y contable. No obstante se declara nula el despido objetivo de un trabajador incluido en un ERE suspensivo, por las mismas causas aducidas en el ERE, y sin que haya habido un cambio relevante de circunstancias, acordar el despido objetivo, de alguno de los trabajadores que tienen el contrato suspendido.

Disminución persistente del nivel de ingresos o ventas durante 3 trimestres consecutivos

STSJ Canarias Nº 154/2016, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 907/2015 de 04 de Marzo de 2016, Ecli: ES:TSJICAN:2016:3479

Para la Sala de lo social, la existencia de disminución de ingresos en tres trimestres consecutivos no es la única manera de constatar tal causa económica. Con respecto a lo de los trimestres, el hecho de que el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores considere 'en todo caso' que la disminución es persistente 'si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior', no es más que una presunción de concurrencia de la causa en unas determinadas condiciones, pero en modo alguno excluye que se pueda apreciar disminución de ingresos o ventas cuando el periodo de referencia es superior a 9 meses, pues una disminución de ingresos que se ha venido prolongando a lo largo de años es obviamente algo más grave y persistente que otra que solamente se ha producido durante tres trimestres consecutivos. Y en el presente caso, la comparación de la reducción de ingresos abarca más de dos años, y evidencia que el volumen de actividad de la demandada se ha reducido casi un 25% y que esa tendencia a la reducción persistía cuando se acordó el despido.

STSJ Asturias Nº 1812/2013, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1510/2013 de 27 de Septiembre de 2013

La justificación del despido económico o productivo exigirá la superación de tres fases por las empresas:

  • a) acreditar la situación económica negativa o, en su caso, cambios en la demanda de los productos y servicios que la empresa quiera colocar en el mercado.
  • b) determinar de qué modo las situaciones descritas inciden en los contratos de trabajo, que se pretenden extinguir.
  • c) probar la adecuación de las medidas adoptadas para hacer frente a dicha necesidad.

Por consiguiente, la nueva regulación del artículo 51.1 Estatuto de los Trabajadores no ha liquidado la conexión de funcionalidad entre la causa económica o productiva y las extinciones contractuales, sino que ha modificado su formulación, que ya no exigirá contribuir a la consecución de objetivos futuros, como preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa, o prevenir una evolución negativa de la empresa o mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. Por el contrario, deberá acreditarse que la extinción es procedente para corregir desajustes en la plantilla, lo que obligará a demostrar que los contratos, cuya extinción se pretende, han dejado de cumplir su finalidad económica y productiva'.

La mera toma en consideración de los datos empresariales (económicos, productivos, etc.) puede ser insuficiente para apreciar la concurrencia de la causa objetiva alegada ya que, como señalan el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en la Sentencia de 31 de Octubre de 2012 y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en la de 28 de Diciembre del mismo año, el despido objetivo no opera automáticamente a partir de tales datos, sino que es precisa una determinada conexión entre ambos elementos. La decisión extintiva ha de ser una medida necesaria en función de esos hechos o al menos una medida razonable y proporcionada.

Conexión funcional o instrumental entre la medida adoptada y el objeto de superar la situación económica

STSJ Extremadura Nº 535/2012, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 432/2012 de 31 de Octubre de 2012,  Ecli: ES:TSJEXT:2012:1589

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.
 
"...la exigencia que determina la resolución de instancia, al considerar que no existe conexión funcional o instrumental entre la medida adoptada y el objeto de superar la situación económica negativa invocada por la empresa logrando mediante la amortización de puestos de trabajo la recuperación de beneficios, no es conforme a la legislación antes dicha aplicable, es una exigencia que la ley no prevé, es más, que desaparece en la nueva redacción del artículo 51.1 del ;ET, ya no se requiere que el empresario justifique que de la medida se pueda deducir de forma razonable que la decisión extintiva preservaría o mejoraría la situación de la empresa en el mercado, considerando que éste justificación ya ha desaparecido, y en todo caso acreditado el nivel de ventas e ingresos es razonable entender que la reducción de plantilla conlleva una reducción de costes de personal y que contribuye a reducir los gastos y hacer más sostenible la empresa, que a las dificultades por las que atraviesa la empresa se puede hacer frente mediante la amortización del puesto de trabajo sobrante, de forma que se establezca la correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende, considerando que a ello no empece el hecho de que se efectuaran nuevas contrataciones, pues dicha decisión le incumbe al empresario, desbordando el ámbito de control judicial en el despido objetivo, ya que este es un control de legalidad de los concretos despidos enjuiciados, entendiendo que lo que se consigue con el despido es rectificar el desajuste por exceso entre plantilla y la carga de trabajo de la empresa, citando la sentencia de esta Sala de 19 de marzo de 2012 , que aplica la doctrina del Tribunal Supremo, sentencia de 14 de junio de 1996 . Y es por todo ello que considera que conforme al artículo 53.4.c), párrafo tercero del Estatuto la decisión se ha de considerar procedente por concurrir la causa en que se fundamentó la decisión extintiva, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el número 1 del precepto".
 
Selección de trabajadores afectados por el despido objetivo
 
STS de 19 de enero de 1998
 
La selección de los trabajadores afectados' por los despidos objetivos del art. 52.c. ET 'corresponde en principio al empresario y su decisión sólo será revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable fraude de ley o abuso de derecho o cuando la selección se realice por móviles discriminatorios'. Lo que tiene que acreditar el empresario se limita, por tanto, en principio, a la incidencia de la causa invocada en el puesto de trabajo amortizado. Únicamente si se acusa un panorama discriminatorio, o si se prueba por parte de quien lo alega fraude de ley o abuso de derecho, cabe extender el control judicial más allá del juicio de razonabilidad del acto o actos de despido sometidos a su conocimiento. Todo ello, sin perjuicio de la preferencia de permanencia en la empresa de los representantes legales de los trabajadores, que en el ordenamiento legal español es la única expresamente establecida.
 
Ámbito de apreciación de las causas económicas
 
SSTS de 13 febrero 2002 , 19 marzo 2002 , 21 julio 2003 y 31 enero 2008
 
El ámbito de apreciación de las causas económicas es la empresa o unidad económica de producción, mientras que el ámbito de apreciación de las causas técnicas, organizativas o de producción es el espacio o sector concreto de la actividad empresarial en que ha surgido la dificultad que impide su buen funcionamiento.
 
Control judicial de los despidos objetivos 
 
 
"Novedad importante de la reforma laboral 2012 ha sido eliminar del art. 51.1 ET , y por tanto del art. 52.c), las exigencias entonces contenidas en aquel precepto de que, respecto a las económicas, la empresa debía justificar que de los resultados empresariales alegados se deducía la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer la posición competitiva en el mercado; y de que, respecto a las demás causas técnicas, organizativas o de producción, la empresa tenía que justificar que de las mismas se deducía la razonabilidad de la decisión extintiva para prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. Ahora, en las dos versiones de la reforma laboral de 2012, queda claro, y lo remarcan sus respectivos preámbulos, el control judicial de los despidos objetivos y colectivos se ciñe exclusivamente a una valoración de concurrencia de unos hechos: las causas".

STS de 20 septiembre 2013, rec. 11/2013

"No corresponde en el derecho vigente a los órganos jurisdiccionales, al valorar las causas de los despidos económicos, efectuar un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico- jurídico de la expresión, el cual presupone una valoración del carácter indispensable de la decisión adoptada, sino un juicio de adecuación más limitado, que compruebe la existencia de la causa o causas alegadas, su pertenencia al tipo legal descrito en el artículo 51 ET , y la idoneidad de las mismas en términos de gestión empresarial en orden a justificar los ceses acordados'.

Si son varios los trabajadores de la empresa a despedir los representantes de los trabajadores gozan de prioridad de permanencia - párrafo segundo del art. 52 c ) y 68 b) ET - correspondiendo al empresario seleccionar los trabajadores a despedir todo ello sin perjuicio del posterior control judicial para apreciar posibles fraudes, abusos de derecho o discriminaciones."

 

(1) Si estas pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume en principio, salvo prueba en contrario, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, que la amortización de los puestos de trabajo sobrantes es una medida que coopera a la superación de dicha situación económica negativa", pues, "la amortización de puestos sobrantes comporta una disminución automática de la partida de costes de personal, que contribuye directamente a aliviar la cuenta de resultados". También se ha dicho que la amortización es orgánica y relativa a un puesto de trabajo concreto y no de determinadas tareas, lo que supone que las labores desarrolladas por el operario que cesa sean asumidas por los que quedan (STS 29 de mayo de 2001 (R. 2022/2000)), así como que el empresario no está obligado a presentar un plan de viabilidad que contemple la adopción de otras medidas, aparte de la extinción o despido acordado (Sent. de 30 septiembre 2002 (R. 3828/2001)).

(2) En lo que se refiere a la conexión entre la decisión de amortizar y la finalidad esencial de conseguir una mejora económica de la empresa, la doctrina jurisprudencial mantuvo que dicho punto de conexión se encontrará en la adecuación o proporcionalidad de la medida en orden al saneamiento de la empresa. Y así, en la STS 11/06/2008 (Rud 730/2007), se resume la doctrina de la Sala hasta entonces, señalando que " la justificación de un despido objetivo económico tiene que enjuiciarse a partir del análisis de tres elementos: el supuesto de hecho que determina el despido -la situación negativa de la empresa-, la finalidad que se asigna a la medida extintiva adoptada (atender a la necesidad de amortizar un puesto de trabajo con el fin de contribuir a superar una situación económica negativa) y la conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre la medida extintiva y la finalidad que se asigna" . Y especifica: " Si estas pérdidas son determinadas y cuantiosas se presume en principio, salvo prueba en contrario...., que la amortización de los puestos de trabajo sobrantes es una medida que coopera a la superación de dicha situación económica negativa" , pues, "la amortización de puestos sobrantes comporta una disminución automática de la partida de costes de personal, que contribuye directamente a aliviar la cuenta de resultados" , y respecto de la presunción de que la amortización es medida que en estos casos coopera a la superación de la situación económica negativa, cuando las pérdidas son continuadas y cuantiosas, se matiza que "con carácter general es cierto que la reducción de los costes de personal contribuyen a reducir las pérdidas de una empresa....., pero esta conexión no es automática..... y no autoriza que la empresa..... pueda prescindir libremente de todos o de algunos de los trabajadores, ni tampoco se le puede exigir la prueba de un hecho futuro......, lo que se puede exigir son indicios y argumentaciones suficientes para que el órgano judicial pueda llevar a cabo la ponderación que en cada caso conduzca a decidir de forma razonable acerca de la conexión que debe existir entre la situación de crisis y la medida de despido." STS, de 11/06/2008, Rec. 730/2007

(3) La amortización del puesto de trabajo que justifica el despido es la que responde o reacciona frente a dificultades ya actualizadas y acreditadas, y no la que resulta de otros proyectos, iniciativas o anticipaciones del empresario, que podrían justificar el recurso a otras medidas de reorganización o mejora de gestión, pero no el despido objetivo por causas empresariales. La indicada exigencia de actualización y acreditación de dificultades, problemas de gestión o pérdidas de eficiencia se mantiene. TS, Sala de lo Social, de 17/05/2005, Rec. 2363/2004 y TS, Sala de lo Social, de 21/07/2003, Rec. 4454/2002

 

 

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Prioridad de permanencia en la empresa
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RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 3/2012 de 6 de Jul (Medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 162 Fecha de Publicación: 07/07/2012 Fecha de entrada en vigor: 08/07/2012 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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