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Devoluciones y salidas obligatorias del territorio español por extranjeros

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/08/2019

Las devoluciones y salidas obligatorias del territorio español encuentran su regulación en los artículos 23 y 24 del RLOEX.

Aparte de las salidas voluntarias en virtud del derecho de libre circulación, también se pueden dar casos en donde se producen devoluciones al país de origen del extranjero a raíz de un proceso judicial o salidas obligatorias derivadas del no cumplimiento de requisitos de entrada o estancia.

Aspectos más relevantes en las devoluciones y salidas obligatorias del territorio español

  • Aparte de las salidas voluntarias en virtud del derecho de libre circulación, también se pueden dar casos en donde se producen devoluciones al país de origen del extranjero a raíz de un proceso judicial o salidas obligatorias derivadas del no cumplimiento de requisitos de entrada o estancia.
  • La expulsión del territorio español podrá darse en los supuestos en los que un extranjero realice conductas de las tipificadas como muy graves, o alguna de las conductas graves previstas en en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de la LOEX, atendiendo al principio de proporcionalidad, sustituyendo la sanción de multa por la expulsión del territorio español, tras la tramitación del expediente administrativo correspondiente y la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.
  • Otra causa de expulsión es que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que en nuestro país constituya un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.
  • Las penas inferiores a 5 años se sustituirán por la expulsión del extranjero de manera directa, pudiendo el juez o tribunal acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, sustituyendo lo restante por su expulsión, siempre que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito.
  • La expulsión conllevará consigo la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como se archivará cualquier cualquier procedimiento que tuviera por objetivo obtenerla.
  • A no ser que el extranjero cometa la infracción muy grave que aparece regulada en la letra a) del apartado 1 del artículo 54 de la LOEX, o sea reincidente de una sanción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión en el plazo de 1 año, no se podrá imponer la sanción de expulsión en los siguientes casos: nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años; residentes de larga duración;  los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española; y  los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, o perciba una prestación contributiva por desempleo, o sea beneficiarios de una prestación económica asistencial.
  • No será necesario un expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España, ni para los que pretendan entrar irregularmente en el país.
  • La salida será obligatoria en el caso de denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España.
  • Otra forma de salida obligatoria es el cumplimiento del plazo marcado por el trabajador extranjero y por el contratante para el fin de la relación laboral y el regreso a su país de origen por medio de un programa de retorno voluntario.

Jurisprudencia sobre devoluciones y salidas obligatorias del territorio español

Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5 (Rec.11548/2004), de 10 de julio de 2008.

Se estima el recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sobre salida obligatoria del territorio nacional. Entiende el Supremo que se ha aplicado de forma errónea la Ley de Extranjería en sus aspectos relativos a la salida obligatoria a una ciudadana rumana, cuando se entiende que los nacionales rumanos son ciudadanos europeos, debiendo regirse su libre circulación por la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004. Quedan así los nacionales rumanos fuera del ámbito de aplicación del artículo 28.3 de la Ley 4/2000, a partir del cual se fundaba la medida adoptada.

Sentencia Administrativo Nº S/S, Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5 (Rec.6773/2002), de 10 de febrero de 2006.

Se desestima el recurso de casación interpuesto contra el Auto dictado por la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Sevilla, en la pieza separada de medidas cautelares, acerca de la denegación de la medida cautelar de suspensión de devolución al extranjero a su país de origen. En primer lugar, la parte actora no aclaró debidamente los daños y perjuicios ni el arraigo. En segundo lugar, como principal argumento, podría pensarse que la finalidad del pleito es la medida cautelar y no un pronunciamiento sobre el fondo. La medida cautelar de suspensión de la ejecución solo puede acordarse si dicha ejecución pudiera malograr la finalidad legítima al recurso. Si el Tribunal comienza afirmando que la finalidad puede no ser legítima, la solicitud falla desde la base.

Sentencia Administrativo Nº414/2015, Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, Sala de lo Contencioso, Sección 2 (Rec.601/2015), de 17 de septiembre de 2015.

Esta sentencia trata una orden de salida obligatoria derivada de la denegación de una solicitud de renovación de una autorización de residencia temporal por no acreditar medios de vida suficientes que representen mensualmente el 100% del IPREM. Sin embargo la sentencia hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo al considerar que el arraigo de un ciudadano extranjero en territorio español, es causa suficiente para suspender la ejecutividad de una orden de expulsión por considerarse en estos casos prevalente el interés particular al general, siendo este el eje central para tomar la decisión sobre suspende o no la ejecutividad de dicha expulsión como medida cautelar positiva. En este caso se concede la suspensión, ya que el recurrente se encontraba en España desde la minoría de edad, aportando informe de esfuerzo de integración, permaneciendo tres años de residencia continuada en España, siendo demandante de empleo inscrito en Lanbide (Servicio Vasco de Empleo), y estando en prácticas en una empresa de Servicios de Hostelería, lo que hace concluir que este extranjero si que esta en situación de arraigo.

Sentencia Administrativo Nº395/2015, Tribunal Superior de Justicia de Aragon, Sala de lo Contencioso, Sección 1, (Rec.233/2014), de 25 de junio de 2015.

La importancia de esta sentencia radica en el tratamiento de la compatibilidad de la resolución administrativa de expulsión con la decisión del recurrente de acogerse a un programa de retorno voluntario, ya que ambas operan en diferentes planos, situándose la expulsión en el ámbito sancionador de la Administración, y el programa de retorno en el de la actividad de fomento de la Administración. El tribunal entiende que aunque no sea ejecutable la sanción de expulsión debido a que el extranjero ya no se encuentra en territorio español la sanción impuesta permanece, de manera que su vigencia se puede mantener si se impone una prohibición de entrada en España por un periodo que puede ser el mismo al que se comprometió voluntariamente en su acuerdo de retorno con el Estado. Además el juez no tendrá en cuenta las circunstancias de un pretendido arraigo debido a que carece de ellas por el propio hecho de haber acordado con el Estado español el retorno voluntario a su país de origen, tanto de él como de toda su familia. Todo esto acaba implicando que el tribunal confirme al expulsión del extranjero, desestimando el recurso. 


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Expulsión del territorio
Tramitación del expediente
Reincidencia
Prohibición de entrada en España
Nacionalidad española de origen
Residencia de larga duración
Nacionalidad española
Prestaciones contributivas
Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional
Prestación por incapacidad permanente
Desempleo
Prestación económica
Devolución del extranjero
Trabajador extranjero
Orden de expulsión
Daños y perjuicios
Suspensión de la ejecución
Autorización de residencia temporal
Interés particular
Permanencia continuada en España
Menor de edad
Actividad de fomento
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