Diferencia entre cuestiones prejudiciales no devolutivas y devolutivas en el orden penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

 

Las cuestiones prejudiciales vienen reguladas en los Art. 3-7 ,LECrim, en concreto el Art. 3 ,LECrim dice que, por regla general, la competencia de los Tribunales encargados de la justicia penal se extiende a resolver, para sólo el efecto de la represión, las cuestiones civiles y administrativas prejudiciales propuestas con motivo de los hechos perseguidos, cuando tales cuestiones aparezcan tan íntimamente ligadas al hecho punible que sea racionalmente imposible su separación.

La sentencia penal tiene el valor de hecho si se utiliza en otros procedimientos de distinta índole no siendo su eficacia vinculante por lo que los tribunales apreciarán de manera libre el contenido de esa sentencia.

Hay dos tipos de cuestiones prejudiciales, según sea el mismo órgano jurisdiccional quien resuelva la cuestión u otro de diferente orden.

Por una parte existen las cuestiones prejudiciales no devolutivas, es decir, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que la resolución de estas cuestiones las resuelva el propio órgano jurisdiccional penal. El motivo por el que no se devuelve al tribunal competente para que resuelva puede ser porque ambas cuestiones no pueden separarse racionalmente del hecho punible por ir íntimamente ligadas, debiendo el Tribunal penal atenerse a las reglas propias del Derecho sustantivo. El Art. 7 ,LECrim dice que el Tribunal de lo Criminal se atemperará, respectivamente, a las reglas del Derecho civil o administrativo, en las cuestiones prejudiciales que, con arreglo a los artículos anteriores, deba resolver.

También puede ser que nos encontremos ante una cuestión que afecta al derecho de propiedad sobre un bien inmueble o a cualquier otro derecho real, siempre que tales derechos aparezcan fundados en un título auténtico o en actos indubitados de posesión, de modo que si la cuestión civil prejudicial se refiere al derecho de propiedad sobre un inmueble o a otro derecho real, el Tribunal de lo Criminal podrá resolver acerca de ella cuando tales derechos aparezcan fundados en un título auténtico o en actos indubitados de posesión.

Obviamente la resolución de la cuestión prejudicial únicamente producirá efectos en el orden jurisdiccional penal y en caso donde haya sido aplicada, resolviéndose a los solo efectos prejudiciales o de la represión.

En cuanto a las cuestiones prejudiciales devolutivas, en este caso el tribunal penal no puede entrar a resolver la cuestión prejudicial y tiene que suspender el proceso penal hasta que el órgano jurisdiccional correspondiente para resolver esa materia decida. En algunos casos esa remisión es potestativa, por tanto se trata de cuestiones prejudiciales devolutivas relativas y en otros es forzosa, conociéndose como devolutivas absolutas.

Son cuestiones prejudiciales devolutivas relativas aquellas en la que la cuestión sea determinante de la culpabilidad o inocencia del acusado, aunque el tribunal penal pudiera conocer de ese asunto, de ahí su relatividad.  El Tribunal puede fijar un plazo, que no exceda de dos meses, para que las partes acudan al Juez o Tribunal civil o contencioso-administrativo competente. En este proceso será parte el Ministerio Fiscal,  según el Art. 4 ,LECrim. Pasado el plazo sin que el interesado acredite haberlo utilizado, el Secretario judicial, mediante diligencia, alzará la suspensión y continuará el procedimiento.

Dentro del catálogo de cuestiones prejudiciales devolutivas absolutas nos encontramos con la validez o nulidad de un matrimonio, o el delito de supresión del estado civil; estamos ante una cuestión de filiación, cuando de ella vaya a depender la fijación de un elemento de supresión del estado civil, pues la remisión al juez civil es obligatoria siempre y su decisión sirve de fundamento al órgano jurisdiccional penal. Dice el Art. 5 ,LECrim  “No obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, las cuestiones civiles prejudiciales, referentes a la validez de un matrimonio o a la supresión de estado civil, se deferirán siempre al Juez o Tribunal que deba entender de las mismas, y su decisión servirá de base a la del Tribunal de lo Criminal”. Nos encontramos con la única excepción donde la cosa juzgada civil se extiende al proceso penal, es decir, en los demás casos no hay vinculación alguna.

Otra cuestión prejudicial devolutiva se da cuando se plantee una cuestión de inconstitucionalidad por el órgano jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, también cuando se plantee una cuestión de Derecho comunitario que influya en la sentencia penal.

La cuestiones prejudiciales normalmente surgen por sí mismas pero cuando se deban plantear puede hacerlo el Ministerio Fiscal, el acusador particular o popular bien del propio acusado o la actuación de oficio del órgano jurisdiccional porque nos encontramos ante un elemento fundamental que integra el acto procesal de la sentencia, ya que de su existencia puede depender la declaración de delito o no. El momento de plantear la cuestión prejudicial no está claro ni por parte de los tribunales ni por la doctrina, la jurisprudencia parece inclinarse porque se planteen como artículos de previo pronunciamiento, si se plantea en el procedimiento preliminar la posibilidad de suspensión es más factible, tratándose de una cuestión prejudicial devolutiva la suspensión del proceso penal es lo normal.

Hay algunos casos específicos como el relativo al delito de alzamiento de bienes o de impedimento de la eficacia del embargo, o de juicio ejecutivo siendo perseguidos aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal, lo que implica que ni el proceso civil ni el proceso penal se interfieren suspendiéndose uno u otro en alteración de la regla prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Art. 114 ,LECrim, que predican la paralización del proceso civil existiendo una cuestión prejudicial penal decisiva en cuanto al fondo del primer proceso.

También en lo que respecta al Art. 258 ,CP en el que se crea un nuevo delito de alzamiento de bienes específico, en base al cual el responsable de cualquier hecho delictivo que con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente(…), esto plantea el problema de interpretar el término responsable pues si es declarado responsable podrá ser condenado por el otro delito para que no pueda ocultar en su caso los bienes.

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Delito de alzamiento de bienes
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