Doctrina del tiro único

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    ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y FINANCIERA

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Se conoce coliquialmente como "doctrina del tiro único" aquella que sostiene que la anulación de un acto de la Administración tributaria impide a ésta dictar un nuevo acto en relación con el asunto resuelto. 

 

El Tribunal Supremo ha rechazado esa doctrina y ha sostenido que sí cabe esa nueva resolución de la Administración.

Mediante sentencia de 19/11/2012, (TS, Sala de lo Contencioso, de 19/11/2012, Rec. 1215/2011) el Alto Tribunal fija como doctrina legal que la estimación del recurso contencioso-administrativo frente a una liquidación tributaria por razón de una infracción de carácter formal, o incluso de carácter material, siempre que la estimación no descanse en la declaración de inexistencia o extinción sobrevenida de la obligación tributaria liquidada, no impide que la Administración dicte una nueva liquidación en los términos legalmente procedentes, salvo que haya prescrito su derecho a hacerlo, sin perjuicio de la debida subsanación de la correspondiente infracción de acuerdo con lo resuelto por la propia sentencia.

La cuestión controvertida surge a raíz de la Resolución de la Sala de Unificación de Doctrina del TEAC de 24 de noviembre de 2010 (TEAC 00/1/2010, de 24/11/2010), la cual, ante la anulación de unas liquidaciones de IVA por haber sido calculado el impuesto sobre una base anual, entiende que esa anulación no impide dictar una nueva liquidación ahora sobre la base mensual o trimestral que proceda.

Dicha posibilidad ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en varias sentencias de los años 2011 y 2012, enlazando su doctrina con la polémica histórica en torno a las consecuencias de la anulación de una comprobación de valores por no estar suficientemente motivada.

En resumen, el Alto Tribunal entiende que la retroacción de actuaciones sólo es posible para reparar un vicio de procedimiento reponiendo éste al momento de su tramitación cuando se incurrió en ese vicio.

Cuando el acto es nulo por razones sustantivas no cabe esa retroacción de actuaciones sino la anulación del acto, pero ello no significa que la Administración no pueda sustituir el acto anulado por otro. 

No obstante, tras esta jurisprudencia consolidada, queda pendiente de definir claramente la cuestión de cuáles son los límites exactos de esa nueva liquidación. Aparentemente, esos límites dependerían de la prescripción, pero en realidad ésta poco tiene que decir en la cuestión una vez que el propio Supremo ha entendido que esa liquidación anulada normalmente no era un acto nulo de pleno derecho, de forma que tanto la notificación de esa liquidación como los recursos posteriores y la resolución de estos interrumpieron la prescripción.

Por lo tanto, la cuestión que conviene dilucidar es si cuando la Administración vuelve a liquidar puede dictar esa liquidación prescindiendo de lo actuado salvo la prohibición de empeorar la situación del recurrente y de que no se trate de actos sancionadores.

En este sentido  revisten importancia las dos últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre la cuestión, por un lado la sentencia de 15 de septiembre de 2014 (TS, Sala de lo Contencioso, de 15/09/2014, Rec. 3948/2012) y por otro la de 29 de septiembre de 2014 (TS, Sala de lo Contencioso, de 29/09/2014, Rec. 1014/2013).

La Sentencia de 29 de septiembre de 2014 (TS, Sala de lo Contencioso, de 29/09/2014, Rec. 1014/2013) reitera lo dicho desde la Sentencia de 26 de marzo de 2012, es decir que tras la anulación de un acto, la Administración puede dictar, sin tramitar otra vez el procedimiento y sin completar la instrucción  pertinente, un nuevo acto mientras su potestad esté viva.

En relación con la Sentencia de 15 de septiembre de 2014, la operación controvertida había sido considerada como una simulación por la Administración, lo que el TEAR de Valencia rechazó ordenando la retroacción de las actuaciones para valorar la operación como realizada entre partes vinculadas.

Concluye la citada sentencia que la retroacción está prevista para reparar defectos procedimentales, no para que se corrija sustancialmente la liquidación.

Pues bien, los magistrados que suscriben el voto particular  advierten que la decisión mayoritaria de la Sala debió precisar que anulada la liquidación tributaria y rechazada la opción de la retroacción de actuaciones, no le estaba vedada a la Administración la aprobación de una nueva liquidación en sustitución de la anterior, siempre que valorase las operaciones de compraventa de las acciones de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/1995 y que utilizase única y exclusivamente los datos que obrasen ya en el expediente administrativo. La Administración, según este voto particular, no puede completar el acervo fáctico que había acopiado, ni tampoco reproducir el procedimiento.

Si finalmente prevaleciese esta interpretación los límites de la Administración estarían claros. La Administración podría dictar una nueva liquidación, pero no cabría una nueva comprobación general que desbordase o prescindiese de la comprobación anterior.

Esta interpretación sería además coherente con la propia posición del Supremo en su reciente Sentencia de 22 de septiembre de 2014 (TS, Sala de lo Contencioso, de 22/09/2014, Rec. 4336/2012) en la cual se afirma que una comprobación limitada no puede ser desconocida en una actuación inspectora posterior dando lugar a una nueva comprobación de lo ya comprobado.

Y finalmente esa interpretación tiene en cuenta las dudas que esta nueva liquidación plantea desde el punto de vista tanto del derecho a la tutela judicial efectiva como más específicamente del derecho a obtener una respuesta en un plazo razonable a cualquier controversia planteada entre la Administración y un contribuyente.

 

 

 

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