Economía colaborativa, apps y relación laboral

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 03/02/2020

La economía colaborativa, a falta de una definición legal, podría definirse como una interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, para el intercambio tanto de bienes como de servicios a cambio de una compensación pactada entre las partes. Su principal característica se encuentra en el marco digital en el que los usuarios interactúan entre ellos y/o con la plataforma.

 

1. ¿Qué es la economía colaborativa?

En nuestro país, el fenómeno del consumo colaborativo empezó a darse a conocer entre 2012 y 2013, iniciándose sobre todo en el sector turístico y continuando en otros como el de transporte de viajeros o el mercado inmobiliario.

La economía colaborativa, a falta de una definición legal, podría definirse como una interacción entre dos o más sujetos, a través de medios digitalizados o no, para el intercambio tanto de bienes como de servicios a cambio de una compensación pactada entre las partes. Su principal característica se encuentra en el marco digital en el que los usuarios interactúan entre ellos y/o con la plataforma.

El movimiento del consumo colaborativo supone un cambio cultural y económico, ya no solo en los hábitos de consumo, sino también en la utilización de nuevos parámetros como un sistema de evaluación entre usuarios basado en la confianza adquirida mediante una validación considerada correcta por los intervinientes en su condición de usuarios, vendedores o compradores.

Según indican los datos del Panel de Hogares de la CNMC [1], sobre el uso de las plataformas de economía colaborativa en España, la utilización de estos servicios crece año a año, siendo las más empleadas entre los internautas las destinadas a la compra o alquiler de productos de segunda mano, seguidas del alojamiento en casa de otro particular y las que facilitan compartir trayectos en automóvil entre ciudades. Las plataformas con menor uso son las destinadas al transporte urbano, a la financiación de proyectos y a la realización de trabajos y tareas .

El nuevo modo de trabajar en las plataformas digitales y los términos en que se desarrolla el vínculo contractual supone sin duda, a la luz de los incipientes pronunciamientos judiciales, un alto grado de laboralidad encubierta.

Como ejemplos de la economía colaborativa podemos citar la actuación de plataformas que han pasado a formar parte del día a día de multitud de usuarios:

a) Transporte colaborativo: Mediante el que empresas como BlaBla Car o Uber, utilizan las tecnologías móviles y su app ofreciendo a los usuarios la posibilidad de compartir los gastos derivados del transporte privado tanto en el entorno urbano, como interurbano.

b) Alojamiento colaborativo: Viviendas de uso turístico y plataformas virtuales como Airbnb, Windu, Rentalia, Bed y Casa, Workaway, CouchSurfing o HomeAway, permiten compartir una casa o parte de ella cuando no está habitado.

c) Financiación colaborativa, en alguna de sus múltiples formas:

1.- Crowdfunding: Donde mediante la cooperación colectiva con pequeñas aportaciones se consigue dinero u otros recursos para financiar proyectos emprendedores (Verkami).

2.- Crowdlending: También conocido como peer to peer lending, es una forma de financiación colectiva en la que el prestamista no es un banco o entidad de crédito sino muchos particulares que buscan rentabilizar sus ahorros, por lo que el dinero se presta a tipos más bajos que los bancos “tradicionales”. (Zank)

3.- Intercambio de divisas entre empresa (Kantox).

4.- Comercio colaborativo: La compraventa de objetos de segunda mano (Ebay, Wallapop o Chicfy)

5.- Conocimiento colaborativo: Compartir conocimientos de manera altruista (Wikipedia o HelloTalk)

6.- Espacios colaborativos, como los conocidos “coworking”, etc

Internet y las nuevas tecnologías han impulsado modelos de consumo alternativo en los últimos años y fruto de estos cambios ha nacido el fenómeno de la economía colaborativa basada en prestar, alquilar, comprar o vender productos, pasando los servicios a considerarse bienes de intercambio. Corolario de lo dicho, y ante la falta de definición oficial existente, hemos de entender por economía colaborativa todas aquellas actividades que suponen un intercambio entre particulares de bienes y servicios a cambio de una compensación pactada entre ambos.

Como toda “prestación de servicios” eliminando intermediarios o formalismos oficiales, tiene ventajas, como la optimización de recursos u una oferta directa al consumidor final, e inconvenientes, entre los que sin duda se encuentra la ausencia de regulación legislativa, una posible competencia desleal frente a los operadores “ordinarios” en el mercado, una desprotección del consumidor o la posibilidad de existencia de relaciones laborales encubiertas.

2. Consecuencias o aplicación práctica ¿Qué incidencia tiene con las apps y las relaciones laborales?

Ya en el seno de la Unión Europea se cuenta con la comunicación de 2 de junio de 2016 de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada “Una Agenda Europea para la economía colaborativa” en la que advierte que: la economía colaborativa plantea a menudo cuestiones relacionadas con la aplicación de los marcos jurídicos existentes, que hacen menos claros los límites establecidos entre consumidor y proveedor, trabajador por cuenta propia y por cuenta ajena o la prestación profesional y no profesional de servicios. Esto puede crear incertidumbre sobre las normas aplicables, especialmente cuando se combina con la fragmentación reglamentaria resultante de enfoques reguladores divergentes a nivel nacional o local. Ello dificulta el desarrollo de la economía colaborativa en Europa e impide la plena materialización de sus beneficios. Al mismo tiempo, existe el riesgo de que se aprovechen las zonas grises reglamentarias para eludir normas diseñadas para proteger el interés público”

Y recuerda por ello que: “La legislación de la UE que garantiza los derechos de los trabajadores solo es aplicable a las personas que son parte de una relación laboral, es decir, que se consideran “trabajadores”. Aunque los Estados miembros de la UE son responsables de decidir quién debe considerarse trabajador en su ordenamiento jurídico nacional, a nivel de la UE el Tribunal de Justicia (TJUE) ha definido el concepto de trabajador a efectos de la aplicación de la legislación de la UE. Esta definición se ha desarrollado principalmente en el marco de la libre circulación de los trabajadores. El TJUE señaló que 'la característica esencial de la relación laboral es la circunstancia de que una persona realiza, durante cierto tiempo, en favor de otra persona y bajo la dirección de ésta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales percibe una retribución”. El TJUE confirmó en particular que esta definición se utilizará también para determinar quién debe ser considerado trabajador cuando se aplican determinadas Directivas de la UE en el ámbito social.

En relación con la relación laboral en plataformas digitales indica [2]:

“La cuestión de si existe una relación de empleo o no debe determinarse en función de cada caso, considerando los hechos que caracterizan la relación entre la plataforma y el prestador del servicio subyacente, y la realización de las tareas en cuestión, basándose acumulativamente en particular en los tres criterios esenciales siguientes:

la existencia de un vínculo de subordinación;

la naturaleza del trabajo; y

la existencia de una remuneración.

Para que se cumpla el criterio de subordinación, el prestador del servicio debe actuar bajo la dirección de la plataforma colaborativa, que determina la elección de la actividad, la remuneración y las condiciones laborales. En otras palabras, el prestador del servicio subyacente no es libre de elegir qué servicios prestará ni cómo los prestará, p. ej., con arreglo a la relación contractual que estableció con la plataforma colaborativa. Cuando la plataforma colaborativa solo tramita el pago depositado por un usuario y lo pasa al prestador del servicio subyacente, esto no implica que la plataforma colaborativa está determinando la remuneración. La existencia de subordinación no depende necesariamente del ejercicio efectivo de la gestión o la supervisión de manera continua.

Para que se cumpla el criterio de la naturaleza del trabajo, el prestador del servicio subyacente debe llevar a cabo una actividad de valor económico, que sea real y efectiva, exceptuando las actividades que se lleven a cabo a una escala tan pequeña que puedan considerarse meramente marginales y accesorias. Los tribunales nacionales han adoptado enfoques diferentes para identificar lo que es marginal y accesorio, incluso en el contexto de las relaciones de empleo más tradicionales. Hay una combinación del uso de umbrales (basados en las horas o el salario) y evaluaciones ad hoc de las características de una determinada relación. En el contexto de la economía colaborativa, cuando las personas prestan efectivamente servicios meramente marginales y accesorios a través de plataformas colaborativas, esto es un indicio de que dichas personas no reúnen las condiciones para ser consideradas trabajadores, aunque la breve duración, la escasez de horas de trabajo, el trabajo discontinuo o la baja productividad no pueden excluir por sí mismos una relación de empleo. Al mismo tiempo, las personas que prestan servicios de una manera más que ocasional pueden ser trabajadores o autónomos, ya que la calificación efectiva de su condición resulta de un análisis exhaustivo de los tres criterios.

El criterio de la remuneración se usa principalmente para distinguir un voluntario de un trabajador. Por lo tanto, cuando el prestador no recibe una remuneración o recibe simplemente una compensación por los costes realizados para sus actividades, el criterio de la remuneración no se cumple”.

[1] El Panel de Hogares de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), es una encuesta a hogares e individuos de periodicidad semestral. La CNMC pretende recopilar información directamente de los ciudadanos a través de encuestas y análisis de las facturas de los servicios. El estudio es de naturaleza multisectorial y recoge datos relativos a los mercados de telecomunicaciones, audiovisuales, energía, postal y transporte, entre otros.

[2] SJS Madrid Nº 53/2019, Sección 33, Rec. 1214/2018 de 11 de febrero de 2019, Ecli: ES:JSO:2019:279.

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