Eficacia del Registro Mercantil: Eficacia del Registro Mercantil como instrumento de publicidad, fe pública registral presunción legal de exactitud y validez, oponibilidad del acto inscrito, eficacia de la inscripción respecto del acto inscrito

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La finalidad de la publicidad registral y los efectos básicos de la misma pueden ser explicados poniéndolos en directa relación con los principios informadores de dicha publicidad.

 

Eficacia del Registro Mercantil como instrumento de publicidad; fe pública registral

Teniendo en cuenta que el Registro Mercantil es un registro público, todas las situaciones en él inscritas pueden ser consultadas por terceros, lo cual configura a dicho instrumento como una importante fuente de información a cerca de las circunstancias que afectan a los empresarios. De otro modo, tales circunstancias serían difícilmente conocibles, por lo que la publicidad registral contribuye así a crear seguridad en el tráfico jurídico-económico, lo que provoca un aumento de las operaciones.

Para lograr que el Registro Mercantil cumpla adecuadamente esta función,  es necesario disponer de medios para conseguir que el acceso al mismo sea ágil, lo que se consigue en la actualidad mediante la posibilidad de acceder al mismo vía internet. Para ello es necesario que los potenciales usuarios confíen en los datos allí registrados, lo que logra mediante el establecimiento de un doble control para la inscripción en el Registro mercantil, hecho que proporcionará también al legislador mayores niveles de eficacia.

 

Presunción legal de exactitud y validez

En virtud de lo establecido por el Art. 20 ,Código de Comercio, el contenido del Registro Mercantil, se presume exacto y válido; lo cual hace referencia al principio de legitimación. Tal presunción se fundamenta en el hecho de que toda inscripción hecha en dicho registro ha de superar normalmente un doble control de notario y Registrador y, como mínimo, la calificación del Registrador.

No obstante, esta presunción podrá ser desvirtuada en virtud de una resolución judicial, pues mediante la misma, los Tribunales (que salvaguardan las inscripciones registrales) pueden declarar la nulidad o inexactitud de los asientos del registro, de modo que los mismos dejen de surtir sus efectos cuando la resolución judicial firme acceda al registro; ello es así de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 1 del Art. 20 ,Código de Comercio. Además, el apartado segundo de dicho precepto establece que la inscripción no convalida los actos o contratos nulos con arreglo a las leyes.

Por otra parte, la declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe que hayan sido adquiridos conforme a derecho (mediante contrato que resulte válido con arreglo al contenido del Registro). En estos casos, la buena fe de los terceros se presume; sin embargo si se comprueba que antes de la celebración del acto o contrato, el tercero conocía ya que los datos del Registro no eran exactos o válidos, éste no quedará protegido por la presunción de buena fe.

 

Oponibilidad del acto inscrito

Este efecto guarda relación con el principio de publicidad material (positiva y negativa). Los datos que se inscriben en el Registro Mercantil son oponibles frente a terceros de buena fe desde que los mismos se publican en el Boletín Oficial del Registro Mercantil; de modo que, desde tal momento, se presume iuris et de iure que los terceros conocen  tales inscripciones, por el mero hecho de que disponen de los medios para ello. Por ello los empresarios han de mantener actualizadas sus inscripciones registrales, reflejando así información exacta. Además, en ausencia de inscripción de un acto en el Registro Mercantil se presume su desconocimiento por los terceros, por lo que el empresario debería probar que el dato sí era conocido por ellos para poder oponerlo.

Con la adaptación de la normativa española a la legislación comunitaria, los efectos de la inscripción registral frente a terceros comienzan con la publicación de las mismas en el BORME (anteriormente se producían desde la inscripción en el Registro). La publicación en dicho Boletín, sólo contendrá los datos esenciales de la inscripción, sin embargo, resulta oponible a los terceros el contenido total de la inscripción registral.

El Art. 21 ,Código de Comercio en su apartado 2 recoge la posibilidad de destruir la presunción de conocimiento por el tercero de lo publicado en el BORME; así, en el caso de operaciones realizadas dentro de los quince días siguientes a la publicación, los actos inscritos y publicados no serán oponibles a terceros que prueben que no pudieron conocerlos. No obstante, esta prueba es compleja, puesto dichos datos se han puesto a disposición pública en el Registro mercantil y se han publicado en el BORME.

En situaciones de verdadero abuso, la doctrina entiende que incluso transcurrido el plazo de quince días tras la publicación, el tercero podría demostrar que, actuando con la debida diligencia, ha confiado en circunstancias y hechos claros discordantes con los que han sido objeto de publicidad legal; de forma que en estos casos, la protección de la confianza derivada de la apariencia jurídica sería más fuerte que la publicidad registral, por lo que quien provoca o mantiene una apariencia jurídica que es más fuerte que la publicidad registral, queda sometido a la responsabilidad derivada de dicha apariencia.

En aquellos casos en los que exista discrepancia entre la inscripción registral y la publicación en el BORME los terceros pueden elegir cuál de los dos invocan. Así, los empresarios son responsables supervisar que ambas publicaciones coinciden, pues de lo contrario pueden surgirle consecuencias negativas.

En relación con ello, el apartado 3 del Art. 21 ,Código de Comercio establece que quienes ocasionen tal discordancia deberán resarcir al perjudicado. Así, si el empresario se ve perjudicado por una incorrecta publicación en el BORME (responsabilidad del Estado) en virtud de la cual un tercero le invoca una situación que no se ajusta con la real a pesar de que aquél procedió a su diligente inscripción en el Registro mercantil, podrá reclamar el resarcimiento de los perjuicios.

Por otro lado, el apartado 4 del mencionado precepto dispone que la buena fe del tercero se presume, por lo que la protección registral recaerá únicamente sobre los que actúen basándose en la apariencia del Registro, a no ser que se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito y no publicado o la discordancia entre la publicación y la inscripción.

Además, los terceros de buena fe pueden invocar en su favor los hechos no inscritos o no publicados. Sin embargo, la falta de inscripción no puede ser invocada por quien esté obligado a procurarla, ya que en tal caso obtendría un beneficio de una actuación irregular propia, lo que además de ser injusto fomentaría la no inscripción de datos en el Registro mercantil, y ello sería contrario al correcto funcionamiento del mismo.

 

Eficacia de la inscripción respecto del acto inscrito

Al inscribir un determinado acto en el Registro Mercantil, tal inscripción puede producir diversos niveles de eficacia respecto de dicho acto:

  • Eficacia declarativa: este es el efecto general de la inscripción, que supone que la validez del acto no depende de la inscripción, sino que con ello sólo se da  publicidad a una situación que afecta al sujeto inscrito; teniendo en cuenta los especiales efectos que se derivan de esta inscripción (oponibilidad a terceros y protección de terceros de buena fe).
  • Eficacia constitutiva: en ciertos casos de gran relevancia, el legislador está interesado en que se produzca la inscripción del acto, para darle la correspondiente publicidad registral, por lo que dispone otro nivel de eficacia para tal inscripción, de modo que la propia validez del acto dependerá de la inscripción y el mismo no desprenderá efectos jurídicos hasta ese momento. En estos supuestos excepcionales, la inscripción se convierte en un requisito esencial de forma (ejemplo: la constitución de determinadas sociedades, las operaciones de modificación estructural o la delegación de facultades en un consejero delegado).

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