Ejecución de sentencias en materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 01/02/2021

Previsto en el artículo 110 de la LJCA.

Ejecución de sentencias en materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado

Artículo 110 de la LJCA

«1. En materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.

b) Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.

c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de esta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a este.

2. La solicitud deberá dirigirse directamente al órgano jurisdiccional competente que hubiera dictado la resolución de la que se pretende que se extiendan los efectos.

3. La petición al órgano jurisdiccional se formulará en escrito razonado al que deberá acompañarse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este artículo.

30px; text-align: justify;">4. Antes de resolver, en los veinte días siguientes, el Secretario judicial recabará de la Administración los antecedentes que estime oportunos y, en todo caso, un informe detallado sobre la viabilidad de la extensión solicitada, poniendo de manifiesto el resultado de esas actuaciones a las partes para que aleguen por plazo común de cinco días, con emplazamiento en su caso de los interesados directamente afectados por los efectos de la extensión. Una vez evacuado el trámite, el Juez o Tribunal resolverá sin más por medio de auto, en el que no podrá reconocerse una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.

5. El incidente se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Si existiera cosa juzgada.

b) Cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el artículo 99.

c) Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso contencioso-administrativo.

6. Si se encuentra pendiente un recurso de revisión o un recurso de casación en interés de la ley, quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.

7. El régimen de recurso del auto dictado se ajustará a las reglas generales previstas en el artículo 80».

A TENER EN CUENTA. El artículo 99 de la LJCA al que hace referencia el apartado 5, en su letra b, del artículo 110 de la LJCA, fue derogado en 2016, con la entrada en vigor de la LO 7/2015, de 21 de julio que vino a modificar la LOPJ.

Se vincula la regulación establecida en el artículo 110 de la LJCA, en cuanto a la extensión de efectos, al artículo 72, apartado 3, de la LJCA que dispone:

«La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada solo producirá efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrán extenderse a terceros en los términos previstos en los artículos 110 y 111».

JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 2275/2016, de 24 de octubre, ECLI:ES:TS:2016:4630

En lo relativo a los requisitos exigidos en el artículo 110 de la LJCA, cabe citar y hacer lectura de lo fijado por el alto tribunal, en especial sobre la exigibilidad de que el incidente no recaiga sobre cosa juzgada, esto es, que ya hubiera sido resuelto el litigo en sentencia distinta a la que se plantea incidente.

«La excepción a dicha regla de la extensión a terceros de los efectos de determinadas sentencias, contenida en el artículo 110 LJCA, es la respuesta legislativa a la resistencia de las Administraciones públicas a ajustar sus pronunciamientos a los precedentes judiciales. Y es que está en la lógica del Estado de Derecho que las Administraciones resuelvan por impulso propio los casos idénticos al decidido por los tribunales, cuando no puedan alegar razonablemente diferencias fácticas o jurídicas entre el caso resuelto y los que están pendientes o no han sido llevados a los tribunales.

(...)

En los específicos ámbitos señalados en el artículo 110LJCA, los efectos de una sentencia firme que haya reconocido una situación jurídica individualizada en favor de una o varias personas puede extenderse a otras en ejecución de sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.

b) Que el Juez o Tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.

c) Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de esta a quienes fueron parte en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de la ley o de revisión, este plazo se contará desde la última notificación de la resolución que ponga fin a este (art. 110.1LJCA).

(...) Los apartados 2 a 7, establecen el procedimiento para hacer efectiva la referida extensión. Y, en ambas redacciones, se establece, en el apartado 5 que: "el incidente [de extensión de efectos de la sentencia] se desestimará, en todo caso, cuando existiera cosa juzgada, o cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el artículo 99 [...]".

El texto legal incorpora dos requisitos o presupuestos materiales básicos: que se trate de materia tributaria o de personal al servicio de la Administración pública o unidad de mercado, y que la situación jurídica de los interesados en la extensión de la eficacia de la sentencia sea idéntica a la de los favorecidos por el fallo. Dos requisitos procesales: la competencia territorial del Juez o Tribunal sentenciador para conocer de las nuevas pretensiones de reconocimiento y la observancia del plazo, un año desde la última notificación de la sentencia a quienes fueron parte en el proceso, o, en su caso, de la notificación de la resolución que ponga término al recurso en interés de ley o de revisión que pudiera haberse interpuesto. Y dos excepciones que impiden la estimación del incidente: la existencia de cosa juzgada y que la doctrina determinante del fallo sea contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el artículo 99LJCA. A estas dos excepciones el actual texto añade una tercera, que para el interesado se hubiera dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuere consentida y firme por no haber promovido recurso Contencioso-Administrativo.

TERCERO.- La extensión de efectos de una sentencia en su favor puede interponerse por aquellas personas que se hallen en identidad de situación respecto de la resuelta en la sentencia. Con ello, la legitimación se confunde con el fondo de la cuestión planteada, pues es precisamente dicha identidad la que determina que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse favorable o desfavorablemente respecto de dicha pretensión. La LJCA exige sin embargo que esta legitimación se justifique documentalmente con la petición dirigida al tribunal, pues establece que los interesados deberán acompañar a la petición dirigida al órgano judicial "el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones o la no concurrencia de alguna de las circunstancias del apartado 5 de este artículo" (art. 110.3LJCA). De ello se infiere que la pretensión incidental podrá declararse inadmisible en el caso de que no se acompañe dicha justificación documental o de que la acompañada sea manifiestamente insuficiente para justificar prima faciedicha identidad.

La sentencia cuya extensión se pretende ha de revestir determinados requisitos procesales y de fondo.

Desde el punto de vista procesal ha de tratarse de una sentencia firme. Y si la sentencia se encuentra pendiente un recurso de revisión o de casación en interés de la ley, quedará en suspenso la decisión del incidente hasta que se resuelva el citado recurso (art. 110.6LJCA).

"Es necesario que la sentencia haya reconocido una situación jurídica individualizada en favor de una o varias personas" (art. 110.1LJCA, en relación con el art. 31LJCA). En consecuencia, este incidente no es aplicable a las sentencias que resuelvan, estimándolas, pretensiones de anulación, puesto que respecto de las mismas la extensión a todos los afectados de los efectos de la sentencia se produce ope legis. Según el art. 72.2 LJCA: "La anulación de una disposición o acto producirá efectos para todas las personas afectadas. Sin embargo, en principio, y a salvo la extensión de sus efectos por la vía que estamos estudiando, la estimación en sentencia de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada solo producirá efectos entre las partes" (art. 72.3LJCA).

Es preciso que no exista cosa juzgada. En este supuesto el incidente se desestimará "en todo caso" [art. 110.5. a) LJCA]. Existirá cosa juzgada cuando la pretensión relativa a la situación concreta de quienes pretendan la ejecución de la sentencia haya sido resuelta por una sentencia distinta, cuyos efectos prevalecerán en todo caso en virtud del principio de cosa juzgada que se plasma en este requisito. La apreciación de que existe cosa juzgada está sujeta a la concurrencia de la triple identidad "entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron", con el alcance que precisa ahora el art. 222 LEC sobre la cosa juzgada material, Esta excepción, claro está, es aplicable también al caso de que concurra litispendencia.

Asimismo es necesario que la doctrina determinante del fallo cuya extensión se postule no sea contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

(...)

Desde el punto de vista de los requisitos de fondo, además de que la sentencia se haya dictado en materia tributaria, de personal al servicio de la Administración pública, o de unidad de mercado, es preciso que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo.

(...)

La fase de ejecución no permite al órgano jurisdiccional competente efectuar una declaración de voluntad dirigida a una actuación concreta de la Ley respecto a una cuestión no controvertida ni resuelta en el previo proceso de conocimiento. Y, desde otra perspectiva, la extensión de efectos contemplada en el artículo 110 LJCA únicamente puede ser aplicada, a aquellos supuestos en que la sentencia no contraríe criterios sustentados anteriormente.

En la fase de ejecución de una sentencia solo pueden esgrimirse, tanto por quien fue parte en el proceso como por los terceros interesados en la ejecución, ex artículo 110 LJCA pretensiones que, por haber sido estimadas previamente en el proceso, resulten indiscutibles».

En el mismo sentido sentencia del Tribunal Supremo n.º 1723/2018, de 5 de diciembre, ECLI:ES:TS:2018:4103.

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 220/2018, de 14 de febrero, ECLI:ES:TS:2018:490

Sobre el requisito de no contradicción con jurisprudencia del TS.

«Y, desde otra perspectiva, la extensión de efectos contemplada en el artículo 110 LJCA únicamente puede ser aplicada, a aquellos supuestos en que la sentencia no contraríe criterios sustentados anteriormente.

En la fase de ejecución de una sentencia solo pueden esgrimirse, tanto por quien fue parte en el proceso como por los terceros interesados en la ejecución, ex artículo 110 LJCA pretensiones que, por haber sido estimadas previamente en el proceso, resulten indiscutibles. 

(...)

En suma, la sentencia transcrita y las otras dictadas en fechas próximas a ella, hasta siete, no solo desestiman los respectivos recursos de casación y, por tanto, la extensión de efectos que se les había denegado en la instancia a los demandantes, precisamente por la concurrencia de la causa obstativa que establece el artículo 110.5.b) de la LJCA sino que, obviamente, para sustentar su fallo desestimatorio, recoge jurisprudencia anterior en el mismo sentido que, además, se funda en el criterio establecido al efecto, en lo tocante al requisito del enriquecimiento injusto, en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se han citado a propósito de esta figura—STJUE, caso Lady & Kid A/S, de 6 de septiembre de 2011y STJUE, caso Weber's Wine World y otros, de 2 de octubre de 2003—.Ello significa que la cuestión planteada en el auto de admisión acerca de la interpretación del artículo 14.2 del Reglamento de Revisión —y, en este singular caso, su concordante 88.2, apartados b ) y c), del Decreto Foral de Vizcaya n.º 112/2009, de 21 de julio—, ha sido ya resuelta en diversas sentencias precedentes de este Tribunal Supremo».

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 7229/2005, de 1 de abril de 2009, ECLI:ES:TS:2009:1750 en relación, entre otras, con sentencia del Tribunal Constitucional n.º 146/2005, de 6 de junio de 2005, ECLI:ES:TC:2005:146

Respecto al ámbito material de aplicación del citado precepto 110 LJCA, en un sentido muy estricto en cuanto a interpretación del artículo.

«(...) la extensión de efectos aquí pretendida no se refiere a ninguna de las materias que prevé el artículo 110 de la Ley Jurisdiccional, pues, a este respecto, ha declarado esta Sala en Autos de 9 de mayo (recurso n.º 283/02) y 12 de diciembre de 2005 (recurso 40/04) que no cabe aceptar interpretaciones extensivas de la "materia de personal" con la que se pretende obtener la aplicación a efectos del artículo 111 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

En primer lugar, porque no cabe confundir el objeto de la actividad de la Administración de personal con las garantías que, frente a posibles arbitrariedades o ilegalidades puedan cometerse con ocasión de esa actividad por los poderes públicos. Y, en segundo lugar, porque esa interpretación extensiva tendría por consecuencia desvirtuar la razón de ser del incidente de extensión de efectos de las sentencias, que no es otro que el de "ahorrar la apertura de múltiples procesos innecesarios contra los llamados actos en masa" (cfr. exposición de motivos de la Ley de la Jurisdicción).

En suma, esta finalidad —expresamente declarada por el legislador— y que explica y fundamenta la innovación procesal que supone el incidente de extensión de efectos, está postulando, implícitamente, una interpretación restrictiva del artículo 110 que regula el incidente en materia tributaria y de personal (en coherencia con la jurisprudencia constitucional, por todas, STC 146/2005 y de esta Sala en sentencias de 15 de marzo de 2004, 18 de mayo de 2004, 26 y 29 de abril de 2004 y 5 de abril de 2006)».

Sentencia del Tribunal Supremo, rec. 451/2006, de 12 de noviembre de 2009, ECLI:ES:TS:2009:6962

Competencia para acordar la extensión por el órgano que haya dictado sentencia.

«(...) por lo que, el Tribunal de Instancia, que en cuanto Tribunal Sentenciador, es el único competente para acordar la extensión de los efectos de su sentencia, ha aplicado correctamente lo que establece el artículo 110 de la LJCA en su apartado 1 b).

En relación a este último requisito el Legislador ha pretendido evitar que ante una sentencia estimatoria que reconoce una determinada situación jurídica otros interesados, que, a priori, se encuentran en idéntica situación puedan solicitar la extensión de los efectos de dicha sentencia al margen de las reglas de competencia territorial, alterando así la correcta aplicación de las normas que regulan el derecho al Juez natural predeterminado por la Ley y que, en el orden contencioso administrativo se contienen en el artículo 14 de la Ley de esta Jurisdicción. A tal efecto, lo que el artículo 110.1 b) de esta misma Ley señala es que un Tribunal es competente para conocer de la solicitud de extensión de efectos si también lo hubiera sido territorialmente para conocer del recurso contencioso-administrativo que dio lugar a la sentencia cuyos efectos se pretenden extender. Se persigue adecuar la extensión de efectos, que es un incidente de ejecución de sentencia a la misma competencia territorial que tiene el Juez que la dicta, a fin de que el órgano judicial no pueda, por el cauce de la extensión de efectos, conocer de asuntos para los que no tendría competencia territorial en un recurso contencioso administrativo».

Auto del Tribunal Supremo, rec. 60002/2018, de 12 de junio, ECLI:ES:TS:2018:6594A

En cuanto a la excepción del artículo 110, apartado 5 c), de la LJCA. 

«5. El incidente "[de extensión de efectos]" se desestimará, en todo caso, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
(...) 

c) Si para el interesado se hubiere dictado resolución que, habiendo causado estado en vía administrativa, fuere consentida y firme.

 La excepción de acto consentido opone las exigencias de seguridad jurídica a las de igualdad en la aplicación de la Ley. Si se aceptase en forma genérica la tesis restrictiva que propone el informe del CGPJ, y que comparte el Abogado del Estado, esta última exigencia adquiriría una dimensión tal que también haría escasamente operativa la aplicación de la extensión ultra partes de los efectos de una sentencia que reconozca una situación jurídica individualizada.
La respuesta debe ser sin duda matizada caso por caso, pero en materia de personal —equiparable a la de la solicitante en cuanto se discuten aquí sus emolumentos como empleada pública y no su posición como juez no la hemos adoptado en las resoluciones más recientes en la materia como, entre otras, en las sentencias de 17 de marzo de 2016 Casación 904/2015: ECLI:ES:TS:2016:1153 y en los precedentes a que se remite sentencias de 16 de febrero de 2016 (Casación 4127/014: ECLI:ES:TS:2016:562 y de 3 de mayo y 5 de abril del mismo año Casaciones 1118/2015: ECLI:ES:TS:2016:1954 y 908/2015: ECLI:ES:TS:2016:1445. Para ello basta atender al tenor literal de la norma que, como reza el precepto, refiere su exigencia a los casos en los que "para el interesado se hubiera dictado resolución que". Por ello entendemos que cuando, como aquí acontece, no existe una resolución dictada, precisamente para la interesada, por tratarse de actos administrativos con destinatario plural, incluso si se aceptase que uno de dichos actos tiene alcance de disposición general (Acuerdos de la Comisión Permanente de 12 de julio de 2017 aprobando los listados de retribuciones variables y Acuerdo de 19 de abril de 2017 por el que se aprueba la norma para la elaboración de dichos listados) no es necesaria una interpretación amplia, que es aquí la procedente en la medida en la que se aduce en forma fundada la necesidad de evitar una discriminación indirecta por razón de sexo contra la solicitante [STC 3/2007, de 15 de enero (recurso 6715/2003: ECLI:ES:TC:2007:3) , F.J. 3.º y Fallo] para entender que no concurre la excepción del artículo 110.5 c) LJCA».

Para la interposición de recurso que contempla el apartado 7 del artículo 110, de la LJCA, se acudirá al artículo 80 de la LJCA, esto es, se seguirán los cauces del recurso de apelación y se regirá por el mismo régimen de admisión de apelación que corresponda a la sentencia cuya extensión se pretende. 

Así mismo, el artículo 87, apartado 1 e), de la LJCA, contempla que son también susceptibles de recurso de casación los autos dictados en el seno del artículo 110 de la LJCA por las salas de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ, atendiendo a las excepciones del artículo 86 de la LJCA, siendo requisito interponer previamente recurso de reposición. 

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